Luego de haber transcurrido ya más de diez meses del gobierno de la Alianza Cambiemos, surge casi como necesidad realizar un balance de lo acontecido, no ya con hipotéticas perspectivas, sino con datos objetivos de lo ocurrido.
Por desgracia y afirmando los grises escenarios planteados en notas anteriores, se está produciendo una fuerte polarización social, con un proceso de transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía, tales como las actividades agroexportadoras, minería, energía y el sector financiero, pero cuya contracara es el incremento de la pobreza, menores oportunidades de trabajo, pérdida del salario real, serias dificultades de las pequeñas y medianas empresas e inconvenientes en las economías regionales.
Políticas económicas y dinámicas de desenvolvimiento
Con la llegada del actual gobierno se produjo una fuerte CEOcratización en el Poder Ejecutivo Nacional, la cual está dominada principalmente por representantes de los bancos transnacionales y las empresas extranjeras vinculadas principalmente a sectores que integran el oligopolio petrolero y la distribución de electricidad. [1] Y si bien no hay una fuerte participación directa de las fracciones de los terratenientes pampeanos (el núcleo duro de la oligarquía terrateniente), dicha fracción está representada de forma indirecta mediante funcionarios que provienen de sus cámaras empresariales. Prat Gay y Aranguren son dos casos bien emblemáticos de este proceso. Esta característica es de fundamental importancia porque permite comprender cuál es el perfil y los intereses de aquellos que hoy son los encargados de definir las políticas nacionales, y desde esa perspectiva no es difícil ver que las principales medidas económicas están destinadas a favorecer a estos sectores dominantes.
En un primer lugar pueden enumerarse las siguientes políticas tendientes a beneficiar a los sectores financieros, tales como: la desregulación de los movimientos de capitales (sobre todo al capital especulativo de corto plazo); la liberalización del sector financiero interno y el desmantelamiento de los órganos de regulación y control sobre el capital financiero. Estas medidas hacen más vulnerable la economía a los avatares de los movimientos de capitales especulativos, con una necesidad de sostenimiento de altas tasas de interés internas que van en detrimento de la actividad productiva, acompañada de ciclos de endeudamiento para sostener las reservas, mientras que, por otro lado, se producen fugas de divisas que socavan las propias bases de todo este entramado. Así, el endeudamiento externo en lo que va del año fue de 21.900 millones de dólares, que equivale a un incremento del 26% de la deuda externa pública respecto a la existente hacia diciembre de 2015[2]. Mientras que las fugas de capitales ascienden ya a 9.000 millones de dólares y representan más del doble de las fugas de capitales que se produjeron durante los ocho primeros meses del año anterior[3]. Según la historia reciente, cuando en Argentina existieron marcos regulatorios similares (1976-1982 y 1991-2001), estas necesidades de financiamiento fueron creciendo conforme dicho marco normativo se sostuvo en el tiempo, profundizando así el grado de dependencia financiera externa y la vulnerabilidad de la economía. El mayor endeudamiento externo pasó a ser uno de los mayores condicionantes del futuro de la economía en su conjunto, mientras que por otro lado habilita una fuerte extracción del excedente económico por parte del sector concentrado del capital financiero. Se profundiza su poder, ya que la importancia de lo financiero pasa a ser el eje gravitatorio de las políticas. Un rasgo distintivo de esta profundización de la dependencia financiera es que en el proyecto de ley del presupuesto para el año 2017, el gobierno prevé tomar deuda en moneda extranjera por aproximadamente 45.000 millones de dólares, que representa un estrepitoso incremento de la deuda pública externa del orden del 40% sobre el total de la deuda pública externa al día de la fecha. Lógicamente que el endeudamiento no es gratis, por tal, las mayores necesidades de pagos, en tanto el endeudamiento no esté atado a mayores capacidades productivas, tiende a estar relacionado con nuevos endeudamientos y/o reducciones de otras partidas presupuestarias, tales como obras de infraestructura, políticas sociales, educación y/o salud. Así, el llamado ajuste y achique del Estado bajo la concepción neoliberal está destinado a reducir o eliminar las políticas públicas destinadas a mejorar la vida de los sectores más postergados, por otro lado, la misma lógica de la reproducción del sistema garantiza cuantiosas y crecientes transferencias de recursos para los sectores financieros concentrados, tanto externos como internos, entre otros.
Otra de las medidas adoptadas que van en consonancia con los intereses del resto de los sectores que hoy ejercen la hegemonía política dentro del gobierno son: la fuerte devaluación; los tarifazos de los servicios públicos y la reducción o quita de los aranceles a las exportaciones tradicionales (soja, cereales, minería). Estas medidas generaron fuertes transferencias de recursos hacia los sectores exportadores y los prestadores de servicios públicos, en detrimento de los trabajadores y los ingresos del Estado.
La devaluación buscó mejorar la rentabilidad de los sectores exportadores y las posibilidades de realización de los productos internos, en términos de los bienes externos, pero ello fue a expensas de una fuerte caída del salario real, mayores índices de pobreza y prontamente reavivó una espiral ascendente de precios y pujas distributivas. En términos de disputa por la recomposición salarial, la quietud de ciertas cúpulas sindicales, que parecen estar más preocupadas por las cajas de sus sindicatos que por las condiciones de los trabajadores, junto con el fantasma de los despidos y la carencia de empleo, hizo mella en que las paritarias se hayan cerrado por debajo de los índices de inflación esperados, por lo que entre diciembre de 2015 y mayo de este año ya se produjo una caída del salario real del 12%[4].
La caída del salario real redujo la demanda de consumo y al tiempo que la propia dinámica de tasas de interés altas, mayores niveles de conflictividad social, junto con la incertidumbre del nivel de los costos de los servicios públicos, parecen haber impactado en un desplome de la inversión en general, la cual no es compensada con las inversiones de los sectores beneficiados de este entramado económico. De esta forma, conforme se desploma la demanda (el consumo interno y la inversión productiva), la actividad económica también se retrajo. Así, por ejemplo, ya en los meses de abril y mayo se presentaron caídas del 2,1% mensuales y en junio, último mes del cual se poseen estimaciones oficiales, la caída se precipitó a un alarmante 4,3% respecto al mismo mes del año anterior[5]. Dentro de estos movimientos, se pudieron apreciar fuertes caídas en la actividad industrial, llegando a julio de este año con una caída del 7,9% respecto al mismo mes del año anterior. Esto último es producto, no sólo del retroceso del mercado interno, sino también una consecuencia de la apertura económica y de los desmedidos tarifazos (gas y electricidad principalmente), que generaron un fuerte incremento en los costos, perfilándose en el sector industrial un marco de competencia del tipo competitivo y predatorio. Sumando a estas dificultades internas las bajas posibilidades de incrementar las exportaciones, habida cuenta la crisis por la que está atravesando nuestro mayor socio comercial (Brasil) –golpe institucional mediante-, la ralentización de China y el casi estancamiento de las economías más avanzadas, la industria argentina se ve posicionada al borde del abismo, con serios problemas de realización, sumergiéndose en una lucha de supervivencia que tiende a potenciar más aún la contradicción del reparto del producto social entre el trabajo y el capital, que a generar inversiones e incrementos en las capacidades productivas, que son los que en última instancia relajan la presión sobre la puja distributiva. Así, tal como ha ocurrido en otros períodos de aplicación de políticas neoliberales, el sector industrial y las pequeñas y medianas empresas son los grandes sectores productores perdedores en este entramado económico.
Las consecuencias de estas caídas en el nivel de actividad, con mayores caídas en la industria y las pequeñas y medianas empresas, son muy severas en materia de empleo y condiciones laborales. En el segundo trimestre de este año el desempleo se incrementó un 40% respecto el mismo trimestre del año pasado, pasando de un 6,6% a un 9,3%[6]. De esta manera, las condiciones de los trabajadores y los sectores populares, no solo se ven perjudicados por la caída de sus ingresos en términos de capacidad de compra, sino también en términos de oportunidades de empleo. La desocupación pasa a ser entonces un fuerte condicionante para los trabajadores en su conjunto, en términos de disputa y reparto del producto social entre el trabajo y el capital. El propio presidente del Banco Nación, Melconian, quien es un representante de los sectores financieros concentrados, ya daba cuenta de esto argumentando que Argentina necesita una tasa de desocupación del 15% para reducir el costo laboral. El diario La Nación, en cuanto empezó a ser evidente el problema de la desocupación, no dudó en sacar el día 26 de julio un editorial en el que bregaba por una necesidad de realizar una flexibilización laboral para reducir el costo laboral.
Ahora bien, como todo proceso social, nada está determinado a priori y las intencionalidades de un gobierno, con sus claros intentos de beneficiar ciertos sectores, pronto pueden ser puestas a prueba, tal como, por ejemplo, ha ocurrido con la fuerte convocatoria que implicó la marcha federal, en donde una buena parte de los sindicatos de trabajadores en conjunto con organizaciones sociales se hicieron eco de un reclamo en contra del ajuste que pretende imponer el gobierno. Aunque cabe aclarar que en realidad el ajuste es para las mayorías subalternas: los trabajadores y los sectores populares en general, al tiempo que se producen transferencias voluptuosas para los sectores concentrados de la economía.
La hegemonía y el transformacionismo argentino
Ahora bien, ¿puede sostenerse en el tiempo un proyecto económico y social con estas características? Todo pareciera indicar que un proyecto que excluye a las mayorías difícilmente pueda sostenerse en condiciones democráticas, ya que para su mantenimiento, cada vez más, necesita del uso represivo de la fuerza y la criminalización de la protesta, tal como ocurre con Milagro Sala y el intento de imponer un protocolo de seguridad sumamente represivo por parte de la Ministra de Seguridad. Por otro lado, no debe perderse de vista el fuerte trabajo que el gobierno está haciendo en materia de convencimiento ideológico, intentando mostrar los intereses de las fracciones del capital dominante como los intereses de toda la sociedad civil. Aquí es donde el poder mediático cumple un rol de suma importancia.
Pero también, debe tenerse presente que en materia de disciplinamiento social y dominación hegemónica, se están produciendo algunos procesos similares a lo ocurrido en los 90’ durante la Convertibilidad y que Eduardo Basualdo (2011), utilizando un concepto de Gramsci, denominó como “el transformacionismo argentino”[7]. Este es entendido como un proceso en donde la clase dominante intenta ejercer el consenso de lo actuado, sin modificar – o incluso agravando- la situación de los sectores subalternos. Lo característico del transformacionismo es que se procura impedir la organización de los sectores subalternos, inhibiendo su capacidad de cuestionamiento e intentando frenar cualquier tipo de alternativa política y social que cuestione las bases de este nuevo orden económico y la hegemonía de los sectores dominantes. No se intenta un consenso con los sectores subalternos, sino más bien su bloqueo.
No es llamativo que se intente asociar como “corrupto”, no solo al corrupto en sí, sino también a aquellas propuestas y/o proyectos políticos que son expresión de sectores populares. Lo paradójico del tema es que justamente bajo el denominado transformacionismo, la corrupción aparece como una necesidad orgánica del sistema de poder, ya que mediante ésta se articula el capital concentrado y el sistema político, que operan en detrimento del conjunto social y particularmente de los sectores populares que están siendo excluidos y perjudicados en este proyecto. Mediante la corrupción, las dádivas, las presiones y las promesas de ciertas estructuras de poder, se actúa bloqueando y cooptando a aquellos representantes de los sectores subalternos, subsumiendo a sus cúpulas a las lógicas y necesidades de los sectores concentrados de la economía. La cooptación de las cúpulas sindicales mediante la transferencia de importantes manejos de recursos para las cajas de las obras sociales son un buen ejemplo. Los sanguchitos de miga de Bossio para votar las leyes del canje de la deuda y someter a un pueblo a un fuerte endeudamiento externo, aparecen también como expresión manifiesta de este transformacionismo.
Para cerrar la nota y dar un tinte de luz a este horizonte ciertamente sombrío de la realidad actual, cabe destacar que para torcer un proyecto económico y social que excluye a las mayorías, el cual ya puede verse en un empeoramiento objetivo de las condiciones de vida, es necesario desatar y potenciar las manifestaciones populares como contraposición y presión a una clase política que les da la espalda. En última instancia, depende de las capacidades de las organizaciones que son expresiones de estos sectores hoy subalternos, teniendo en cuenta que para ello es necesario que dentro de estas organizaciones se desarrollen mecanismos que les permitan no ser permeables a este proceso de transformacionismo, que es más silencioso que la represión, pero que es fuertemente paralizante y desarticulador de posibles transformaciones sociales.
Por Mariano Lanza
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen
[1] (1) Documento de Trabajo Nº 15: La naturaleza política y económica de la alianza Cambiemos. CIFRA, FLACSO, 1º de febrero de 2016.
[2] Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
[3] El Cronista, 16/09/2016:
[4] Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
[5] Variación porcentual respecto el mismo mes del año anterior, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) elaborado por el INDEC. Datos obtenidos del informe del INDEC del 24/08/2016. ISSN 0327-7968.
[6] Según el total de aglomerados de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
[7] Basualdo ( 2011). Sistema político y modelo de acumulación. Ed. Atuel. Argentina. (pp. 41-121).
