Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche, habló sobre la reunión con el ministro para destrabar el conflicto en la región, y aseguró que éste no responderá al pedido de intervención de la gobernadora. “El gobierno provincial tiene una marcada posición antimapuche”, afirmó.
Mientras la comunidad Quemquemtrew se encuentra sitiada por la policía rionegrina en un intento de desalojo –y desde los organismos de derechos humanos denuncian que no están dejando pasar ni abrigo ni comida–, una serie de incendios en oficinas de Turismo y de Vialidad Nacional en la zona son adjudicados a los mapuches por la gobernadora Arabela Carreras.
En medio de la tensa situación, ayer el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, recibió un pedido de Carreras para que envíe fuerzas federales al territorio a intervenir en lo que ella definió como “ataque terrorista”. Y luego se reunió con una comitiva integrada por el consejero de la Zona Andina, Nehuen Loncoman; Dora Riestra, integrante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) Bariloche; miembros de la APDH nacional; y Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de la Provincia de Río Negro.
Con este último habló Canal Abierto a la salida del encuentro, donde aseguró que el ministro “desestimó el envío de fuerzas federales para el abordaje de este conflicto”.
“El conflicto de la lof Quenquentrew se da en un territorio que está bajo la órbita del Gobierno de la Provincia de Río Negro. El ministro se ha puesto a disposición para trabajar en favor de la apertura del diálogo y estuvo haciendo gestiones para que, por lo menos, se dejaran ingresar alimentos y abrigos. Pero haciendo hincapié en que es necesario el diálogo para resolver esta situación”, aseguró.
– ¿De qué más se habló en la reunión?
–Llevamos un mapa de conflictos donde, en algunos casos, son territorios que dependen de la órbita del gobierno federal. En la provincia Río Negro tenemos alrededor de cien conflictos territoriales, 40 que están con problemas judiciales y otros que no se han abordado todavía desde lo administrativo. Es algo que ya veníamos trabajando y que pusimos en contexto porque si no se escucha sólo la palabra del gobierno provincial, que dice que somos terroristas, que somos enemigos, y eso ya ha quedado desvirtuado. En cuanto se anunció el incendio de una oficina de turismo y de un campamento de Vialidad, los primeros sospechosos son del pueblo mapuche. Eso no ayuda a buscar una alternativa de solución a través del diálogo.
Con el conflicto de Quenquentrew, Fernández dijo que había recibido en la mañana el llamado de la gobernadora. Desestimó el envío de fuerzas federales para el abordaje de este conflicto.
– ¿Cuál es la situación a estas horas en la comunidad Quenquentrew?
–El conflicto está hoy con un acampe humanitario, con una denuncia que nosotros hemos hecho y una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque tanto el fiscal como el juez que intervienen en la causa han prohibido el ingreso de alimentos y de abrigo. La comunidad está sitiada por la policía de Río Negro.
Hicimos eje en enmarcar que los conflictos por la tierra adquieren mayor dimensión porque faltan herramientas o no se adecuan las herramientas para generar el diálogo. Pusimos en valor la conformación de esa mesa de diálogo que sirvió para tener un abordaje alternativo en los conflictos territoriales. Esta mesa fue pedida por la comunidad, pero el juez no hizo lugar. El Ministerio Público Fiscal tampoco quiere diálogo y utilizan una acción que está reñida con la legalidad. Utilizar esa metodología es un acto criminal del Estado y nosotros como organización indígena no vamos a avalar esta situación, por eso entendemos que tiene que haber mayor grado de compromiso del Gobierno Nacional, que tiene que asumir responsabilidades.
– ¿Qué temen que ocurra?
–Una acción que termine de manera problemática, como hemos vivido por parte de las fuerzas de seguridad en anteriores ocasiones, puede generar una desestabilización social. Apelamos a la responsabilidad del diálogo, de reconocer que hay una historia de marginación y de despojo de las comunidades y que eso es parte del porqué estos conflictos emergen con gran visibilidad. Hay ciertos intereses que están aliados al gobierno provincial, sectores que son privilegiados por el Estado y utilizan todo el poder económico para construir la idea del enemigo interno del pueblo mapuche.
La Ley de Emergencia Territorial Indígena, 26.160, vence en noviembre y se está negociando una nueva prórroga de cuatro años para terminar el relevamiento de las comunidades. ¿Es una herramienta efectiva para resolver estos conflictos a largo plazo?
–Fue un tema en la reunión. La Ley 26.160 es una herramienta pero, por ejemplo, la comunidad Cañumil, que tiene el relevamiento terminado, que tiene más de 130 años en el territorio y tiene reconocimientos estatales también tiene orden de desalojo vigente. En muchos casos, la Ley de Emergencia sirvió, en otros casos no lo hizo, pero no deja de ser una herramienta que reconoce una problemática. El tema es que hay tantos intereses, y que las provincias son quienes manejan esos intereses, que aún transcurridos 15 años de la sanción de la Ley el relevamiento no se ha terminado. De hecho, la provincia de Río Negro se ha negado a firmar el convenio en el último año. Entonces vemos que en la provincia hay una marcada posición antimapuche, de no resolver los conflictos, de criminalizar y de despojar del territorio a las comunidades.
Me parece que el relevamiento territorial no debe tener una nueva prórroga por cuatro años, sino una continuidad que obligue al poder político a reparar lo que ha sido un genocidio para los pueblos originarios y la apropiación histórica de los territorios de las comunidades.
– ¿Es sólo en Río Negro donde está trabado el relevamiento?
–Si uno hace un análisis, en todas las provincias hay dificultades para llevarlo adelante, porque es mucho más fácil desalojar una comunidad, quedarse con las tierras, que reconocer ese territorio y sacarlo del mercado del capitalismo. Porque una vez que el territorio queda reconocido para una comunidad, inmediatamente empieza a correr como título comunitario: no se transfiere, no se alquila, no se vende, por eso empieza a carecer de valor de mercado.
– ¿Hay alguna comunidad que cuente con el título comunitario?
–No, porque todavía no existe esa figura. Dentro de la misma Ley 26.160 está explicado que hay que relevar para luego entregar el título comunitario pero tiene que haber una ley que cree la figura. Si bien varios fallos han dicho que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tiene la potestad de hacerlo, nunca el INAI ha entregado un título comunitario. Sería un paso trascendental en el reconocimiento del derecho indígena. Pero, en la medida en que el Estado no reconoce un genocidio es muy difícil dar estas discusiones.
El negocio de la tierra existe, lo fomentan y lo pregonan y son parte los gobiernos provinciales que venden tierras al extranjero. De hecho una de las cosas que le planteamos al ministro Fernández es que continúa vigente el decreto de Mauricio Macri que modificó la Ley de Tierras Rurales, que le permitió al príncipe qatarí adquirir tierras de alta montaña, por ejemplo. Eso es el negocio que protege el gobierno de Juntos Somos Río Negro y que tiene aliados en el macrismo.
– ¿A qué se comprometió Fernández?
–El compromiso más importante que asumió fue generar puentes para que el diálogo sea posible y que no van a actuar las fuerzas federales de la manera que actuaron en la gestión de Patricia Bullrich.
Publicada por Canal Abierto
Redacción
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
