Inseguridad es la maldita policía en los barrios.

17 ago, 2016 – La aparición sin vida del agente Lucas Muñoz evidencia la impunidad de que goza la mafia policial. Titi Almonacid, Jorge Pilquiman, Diego Bonnefoi, Sergio Cárdenas, Nino Carrasco, Coco Garrido, Daniel Solano, Atahualpa Martínez Vinaya, Lucas Muñoz … la lista de asesinatos y desapariciones producto de apremios ilegales y violencia institucional, de la que es responsable la policía de la provincia de Río Negro, es una muestra de la complicidad entre el poder judicial provincial y la fuerza que debería garantizar el derecho ciudadano de vivir en paz en este suelo patagónico.

 

Ronda 2000 madres x fabian Viegas

foto: Fabián Viegas  ECPCAM

Una acumulación de indicadores que no hacen más que evidenciar un pacto de impunidad, como también cierta complicidad. Sucesivos hechos criminales que no encuentran nunca responsables materiales como políticos, causas que prescriben en la maraña burocrática judicial y que esconden la vinculación entre miembros del poder judicial y la corporación mafiosa policial. Y un poder político que elige mirar para otro lado, sin voluntad ni capacidad política de modificar estructuralmente la situación.  Porque tanto el poder judicial como la institución policial, son actores de poder fáctico, que pueden poner en jaque la gobernabilidad de cualquier gestión de turno.

¿De qué se habla al referirse a la trama de corrupción en la que se vincula a esta mafia policial judicial? Monopolio del negocio de las economías clandestinas que generan la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas como también de aparatos tecnológicos robados y comercializados en el mercado negro.  Y la aparente garantía de impunidad en sucesivos hechos criminales que implican a miembros de la fuerza, moviliza al pueblo en reclamo de justicia.

Un paradigma represivo

Quizás habría que indagar en el origen de la creación de la fuerza, allá por la configuración del territorio nacional, para dar cuenta de la matriz instituyente. La jefatura de policía de Río Negro fue creada en 1887 como fuerza dependiente del gobernador del territorio, quien en esos tiempos era electo por el poder ejecutivo nacional (hasta 1955, cuando el territorio pasó a ser provincia). Su rol era principalmente mantener el orden y defender los bienes y la vida de los habitantes del territorio. La policía era el poder principal, sobre todo en el interior del territorio.[1]

Los grupos son estigmatizados por clase, por etnia, por prácticas cuestionables, por nacionalidad. En el primer periodo, son los indígenas que despojados, relocalizados y sometidos tras la “Conquista del Desierto” recorren en grupos el interior del territorio. Cuando la primera fronteriza, los sectores sobre los que recae la violencia policial son también los fiscaleros de la zona cordillerana, acusados de robar o usurpar, la segunda fronteriza suma a los ya mencionados también la marcación política de trabajadores agremiados. En la década del treinta son claramente los pequeños productores ganaderos.[2]

El abuso de la fuerza fue una práctica habitual en las policías del territorio, las que hasta el traspaso a provincia en 1955 fueron también conocidas como “policías bravas”. Esta matriz discriminatoria, represiva, punitiva, de violencia estatal, es la que se configura como doctrina de formación política de la fuerza policial. La que se consolida a través de las sucesivas décadas del siglo XX, signado por golpes de Estado que hicieron del paradigma represivo una herramienta de disciplinamiento social.

El discurso de la inseguridad y las políticas de desgobierno

La hegemonía del relato neoliberal, sobre la “inseguridad”, y los discursos que plantean la aplicación de mano dura sobre la delincuencia, habilita un endurecimiento del paradigma represivo en plena vigencia de un Estado de derecho y garantías.  Relato que plantea al sentido común un abordaje punitivo de la justicia, a la que comienza a referirse como garantista o represiva, según desde la perspectiva desde la que se interprete el derecho.

Este relato justifica el aumento de presupuestos a las fuerzas policiales federales y provinciales, como la creación de nuevas secretarías y ministerios. Cada vez mayor infraestructura, cada vez mayores recursos y cantidad de policías, cada vez mayor poder a una fuerza, que en la provincia se autogobierna en los hechos y tiene la capacidad de poner en vilo al poder político y judicial. Tiene armas en su poder, como el manejo de la información acerca de las organizaciones criminales que operan en la región (que en muchos casos se transforman en vínculos e intereses compartidos).

Los acuartelamientos de las diferentes fuerzas policiales provinciales, en los días previos a las fiestas de fin del 2013, con motivo de lograr una mejora salarial en el marco de un proceso devaluatorio, fue una muestra del accionar corporativo de esta fuerza. La provincia de Río Negro no fue la excepción, y Weretilneck dio el aumento rapidito y sin chistar. Sin siquiera esbozar el planteo de llevar a la justicia a aquellos que se revelaron al poder político civil.

El caso de la designación de Altuna como jefe de la institución policial, es otro indicador del desgobierno del poder ejecutivo sobre la fuerza. Desde 2010, Altuna trabaja como asesor legal de la policía de Río Negro. En tanto, desde marzo de 2012 hasta su asunción en la jefatura policial, se desempeñó como profesor de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal en la Escuela de Agentes y Sub-Oficiales con sede en Bariloche. En noviembre de 2014 fue postulante al concurso público convocado por el Consejo de la Magistratura de la provincia, a fin de cubrir la vacante de la Fiscalía de la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad. La posibilidad de que Altuna asumiera el cargo de Fiscal de Cámara generó un fuerte rechazo de las organizaciones sociales de la ciudad, motivados por su jactancia de haber defendido en juicios a policías imputados en casos de apremios ilegales o gatillo fácil, y lograr el sobreseimiento. O sus declaraciones misóginas sobre posibles casos de violaciones, a las que “habría que disfrutar”, plenas de violencia de género. Con su designación como jefe de policía, el gobierno hizo lugar al pedido de los organismos de derechos humanos, y al mismo tiempo puso en la Jefatura a un cuadro técnico, orgánico de la fuerza policial. Le otorgó la conducción de la fuerza a un miembro de la fuerza. Autonomía política en materia de seguridad. Por más que sean otros los funcionarios políticos designados en los cargos, en los hechos se revela la realidad.

 Preguntas sin respuestas

¿Qué pone de manifiesto el caso de la desaparición y el posterior asesinato de Lucas Muñoz? ¿Por qué tantos puntos en común con la desaparición y asesinato de Micaela Bravo? La desaparición y el montaje de un operativo policial que incluyó a otras fuerzas como la gendarmería y la policía aeroportuaria, la búsqueda infructuosa por parte de los familiares, procedimientos iniciales a cargo de la policía rionegrina que en lugar de preservar pruebas e indicios se encargaron de tergiversarlos, la aparición sin vida después de casi un mes, la sensación de que el cuerpo fue “plantado” en un lugar donde ya se había rastrillado, la aparición del cuerpo de Micaela como el de Lucas a escasos metros de distancia, en la zona cercana a la rotonda de Ruta 40 Sur y Circunvalación, como si se tratara de una zona liberada.

La gravedad institucional de lo que acontece no se puede camuflar con cortinas de humo o noticias frívolas de los proyectos comunitarios de las candidatas a reina de la nieve. La ciudadanía no confía en una fuerza corrupta, en la que sus propios miembros están implicados en el asesinato de un joven policía que evidentemente no quiso ser parte de algún hecho criminal, como tampoco de su encubrimiento

Las denuncias públicas de los familiares de Lucas, sobre la “pasividad” que tenía la investigación policial y judicial, lograron activar el caso y comenzar a desarmar una trama de encubrimiento policial, que terminó con el apartamiento de tres comisarios, un subcomisario, dos oficiales y un suboficial, y la detención de estos tres últimos. El sargento Néstor Meyrelles, de la comisaría de Catriel, primero de los detenidos por haber comprado un chip telefónico utilizando el número de DNI de Muñoz. El oficial Luis Irusta, detenido en Carmen de Patagones, oculto en la casa de un amigo, fue uno de los policías que intervino en el allanamiento ilegal a la pensión donde vivía Lucas. Por último, fue detenido el oficial Federico Valenzuela Campos, amigo de Muñoz, acusado de haber ordenado a Meyrelles la compra del chip. ¿Qué se esconde tras estas maniobras de encubrimiento? ¿Qué constaba en las fojas del libro diario arrancado de la comisaría 42? ¿A qué refiere el gobernador con sus declaraciones sobre un “pacto de silencio” policial?

El poder político, tanto en su versión ejecutiva como judicial, deberían comenzar a dar respuestas. Tanto del crimen de Lucas Muñoz, de Micaela Bravo, de Sergio Cárdenas y Nino Carrasco, de Daniel Solano, Otoño Uriarte, y tantxs otrxs. El pueblo reclama justicia, y castigo a los culpables.

                                                     Por Marcelo Viñuela

Equipo de comunicación Popular Colectivo al Margen.

 [1] Pérez, Pilar; “De bandoleros y policías. El farwest patagónico como máscara de violencia institucional”. Al Margen, 2015.

2 Idem.

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