En el marco del debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se vuelve a retomar este jueves en el Senado nacional, Matías Oberlín, historiador especialista en políticas agrarias, investigador de CONICET y fundador del Observatorio de Tierras, recorre las posibles consecuencias de la normativa propuesta por el oficialismo.
En las últimas horas, el oficialismo anunció una modificación clave para el proyecto, que en su versión original eliminaba todo tipo de límite para la compra de tierras por parte de capitales privados extranjeros, derivando a las provincias la potestad de decidir sobre la venta de los territorios. Con la nueva propuesta, ese límite -que actualmente es del 15% en territorio nacional, provincial y subprovincial- pasaría al 25% del territorio provincial, un cambio que no resuelve los planteos de la oposición respecto de la soberanía sobre la tierra y los recursos naturales. Para Oberlín este cambio es una forma de desviar la conversación: “Podrían extranjerizar de punta a punta la cordillera de los Andes y los promedios provinciales no darían un 25%. Podrían extranjerizar de punta a punta el Paraná, es decir, los departamentos que están al costado del Paraná y los promedios provinciales no llegarían al 25%. Podrían extranjerizar toda la frontera argentina y los promedios provinciales no llegarían al 25%. Por eso decimos que es una trampa lo que proponen”.
-¿Por qué el oficialismo insiste con modificar los porcentajes de territorio que pueden estar en manos de empresas extranjeras?
-El corazón de este proyecto de Ley es la extranjerización de las tierras, el objetivo central es ese. Atraer inversiones. Y por extranjerización no me refiero a ciudadanos extranjeros que vienen a vivir en nuestro territorio, a trabajar la tierra y quedarse, sino a grandes capitales que controlan una porción importante de nuestro territorio y lo manejan desde afuera.
Con la actual Ley de Tierras, sin cambiarle una coma, todavía se podrían extranjerizar 26 millones de hectáreas más en el país. Más o menos el equivalente al territorio de la Provincia de Buenos Aires.
-¿Qué regula la actual Ley de Tierras Rurales?
-En el año 2011 se aprobó casi por unanimidad en el Senado y con una amplia mayoría en Diputados, la Ley 26-737, que lo que hace es ponerle un freno a ese proceso de extranjerización, fijando determinados límites. Un límite del 15% a nivel nacional, provincial o subprovincial como máximo extranjerizable. Que ese 15% no pueda ser de una sola nacionalidad, que no puedan quedarse con más de mil hectáreas en zonas núcleo agrícolas, o sus equivalentes en otras zonas del país, y que no puedan quedarse con tierras ribereñas o que contengan espejos de agua importantes, justamente para evitar casos como el de Lewis.
-¿Qué situación posibilitó que se dieran casos así?
-Muchos de los casos más escandalosos provienen de los 90’. Lewis, Benetton. En la Patagonia también hay otros casos, como el de Roberto Hiriart, sobrino de Pinochet, que tiene más de 100 mil hectáreas en Neuquén. Lo que hace la Ley de Tierras es fijar reglas hacia adelante, no revierte esas situaciones previas sino que regula para que las provincias y los departamentos no puedan seguir extranjerizando tierras porque habían llegado al límite, al tope, o incluso muchos la habían superado. Cuando hicimos el mapa del país entero, con los datos de las tierras que están en manos de capitales extranjeros, encontramos que hay 36 departamentos que exceden ese límite fijado por la Ley. En su gran mayoría están ubicados en zonas de frontera, en el límite con Chile, con Paraguay o con Brasil, a la vera del Paraná, que es la principal cuenca fluvial de nuestro país, y en zonas ricas en minerales críticos, hidrocarburos, agua, recursos que son sumamente importantes para el desarrollo soberano de un país. Ahí es donde nosotros decimos que es un problema de soberanía. Lo que están tratando es básicamente convertirnos en un enclave colonial.
-Según el oficialismo, como la normativa propone límites de acceso a la compra de tierras para los Estados extranjeros, la soberanía sigue en manos de la Argentina. Es decir, que la compra de tierras por parte de empresas privadas o personas desde el exterior, no afecta al control geopolítico sobre estas tierras. En este sentido, ¿cuáles son las consecuencias de la extranjerización?
-La venta indiscriminada de las tierras genera migraciones, desplazamientos, genera disputa por el territorio. A largo plazo, puede generar más violencia social. Pero además, se pierde el control de recursos que son estratégicos, el control del agua, que implica también el control sobre la energía. Por ejemplo, en la cuenca del río Limay. A lo largo del río tenés un montón de hidroeléctricas, donde se genera parte de la luz que consumimos acá en el conurbano. Solo por poner un ejemplo. Si se extranjeriza esa tierra, estás perdiendo el control de ese recurso. Ni hablar de lo que significa para las poblaciones de la zona.
Pero hay otra consecuencia: cuando en un futuro el Estado tenga que comprar esa tierra en caso de tener que hacer una represa, o por la razón que sea, esta normativa también genera condiciones muy difíciles para que el Estado pueda adquirir tierras o declararlas de utilidad pública. Todo el primer capítulo erosiona mucho esas capacidades, a través de modificaciones a la Ley de Expropiaciones. Si un Estado quiere declarar una tierra de utilidad pública para construir una escuela, por ejemplo, va a tener un montón de trabas más.
Y otras consecuencias tienen que ver con las zonas de frontera, que son zonas sensibles y muy codiciadas por quienes se dedican a actividades ilegales, como la trata, el narcotráfico. Son zonas sumamente buscadas, por eso tan cuidadas por cualquier Estado nación, y por eso hay una legislación específica al respecto.
-¿Puede impactar también en el ámbito de la agricultura familiar?
-La pérdida del control sobre áreas estratégicas tiene que ver con eso. Si uno mira los censos agropecuarios de nuestro país, desde el 88’ para acá, en los últimos cuarenta años lo que hubo fue un proceso de concentración enorme en las unidades productivas. Las explotaciones agropecuarias se redujeron a menos de la mitad, lo que quiere decir que la mitad de los productores se dedican ahora a otras cosas. Los más afectados, por supuesto, son quienes que se dedican a la agricultura familiar, que son justamente el eslabón más débil de la cadena.
Este proceso de extranjerización acelera aún más la concentración de tierra -es decir, menos dueños sobre la misma extensión de territorio- y la expulsión de productores de sus lugares de trabajo. No solo en la agricultura familiar, sino también en los pequeños y medianos productores.
-¿Qué puede frenar el proceso de aprobación de la Ley?
-En principio, el 6 de agosto tenemos que generar una gran movilización. Debatir y generar conciencia en todo el país respecto de la problemática para que los senadores se opongan al proyecto de ley. Hay que entender que las consecuencias son muy veloces, y algunas muy difíciles de revertir. Tienen que ser conscientes de lo que van a votar. Es un problema de soberanía, de seguridad, de entrega de recursos, con consecuencias en el corto, mediano y largo plazo.
Por Lorena Bermejo
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen