Este jueves el Senado tratará el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que flexibiliza la venta de tierra a extranjeros, agiliza desalojos y elimina restricciones al uso de suelo arrasado por incendios. En Bariloche la movilización del 6 está prevista para las 17, con concentración en Onelli y Moreno y marcha hacia el Centro Cívico.
Hace unas semanas Julián Pajarola caminaba hacia cerro Ezpeleta, uno de los lugares más elegidos para el esquí de travesía en San Martín de los Andes, hasta que un guardia austríaco se interpuso y le advirtió que la dueña de esa porción de campo no quería transeúntes. La escena, difundida en redes sociales, se volvió viral. Pajarola después buscó los datos en el catastro provincial, y encontró que esa parcela figura a nombre de Gernot Langes-Swarovski, descendiente de los fundadores de la empresa austríaca de cristales Swarovski. Es una de las tres grandes compras de 3.800 hectáreas que esa familia hizo en la zona, además de otras compras de terrenos más chicos. Según el Observatorio de Tierras, en el departamento de Lácar, que incluye a San Martín de los Andes, el 54% del territorio está en manos extranjeras.
El episodio volvió a poner en agenda quiénes son los dueños de la tierra y cómo conviven la propiedad privada, el acceso público a espacios naturales y el control del Estado sobre los recursos energéticos, en momentos que el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, impulsado por el Gobierno nacional, se debate para ser tratado este jueves en el Senado.
La iniciativa propone modificar distintas normas vinculadas con la propiedad, la adquisición de tierras rurales, los procesos de desalojo y la legislación ambiental. Para La Libertad Avanza, el objetivo es eliminar regulaciones que considera excesivas. Sus críticos sostienen que los cambios podrían favorecer la concentración de tierras, limitar herramientas de protección ambiental y afectar conflictos territoriales abiertos.
En Bariloche, el tratamiento del proyecto derivó en la convocatoria a una movilización prevista para las 17, con concentración en Onelli y Moreno y marcha hacia el Centro Cívico, pasando por el Museo Malvinas. Participarán organizaciones sindicales, políticas, ambientales y sociales.
Uno de los aspectos más discutidos de la iniciativa es la modificación de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que fijó límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El dictamen propone eliminar esas restricciones y dejar la regulación en manos de cada provincia. Sin embargo, el oficialismo negocia a contra reloj el voto de algunos senadores para elevar ese tope provincial del 15% al 25%, aunque sin límite dentro de los departamentos.
La discusión no resulta ajena a la Patagonia. Según el Observatorio de Tierras, el departamento Bariloche registra cerca del 14% de la superficie rural en manos extranjeras y Pilcaniyeu más el 10%.
“Como en el TEG, los extranjeros avanzan: ya tienen casi el 23% al sur, en Cushamen, Chubut, y más del 54% al norte, en el departamento de Lácar de San Martín de los Andes”, dijo Alejandro Palmas, referente de Patria Grande en Río Negro.
Palmas cuestionó la eliminación de límites a la compra de tierras o su posible flexibilización, y sostuvo que el proyecto profundizará el proceso de concentración territorial. Patria Grande plantea además que los cambios podrían obstaculizar aún más el acceso a lagos, ríos, senderos y zonas de montaña, además de influir en el mercado inmobiliario con precios de venta y alquiler más altos.
También ATE Parques Nacionales difundió un documento de rechazo. El sindicato advirtió que la reforma podría impactar sobre áreas protegidas donde existen propiedades privadas dentro de los límites de parques nacionales, entre ellos Nahuel Huapi y Lanín. Para los trabajadores del organismo, la discusión excede la cuestión dominial y se vincula con el proceso de reducción de recursos y personal en organismos públicos dedicados a la conservación ambiental, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, como CNEA y Conicet.
En las últimas horas la Pastoral Social de las diócesis de la Patagonia y el Comahue manifestó su preocupación por el proyecto, y recordó que la doctrina social de la Iglesia reconoce el derecho de propiedad, pero sostiene que ese derecho debe ejercerse en armonía con el bien común y con el llamado “destino universal de los bienes”. El documento expresa su acompañamiento a las iniciativas impulsadas por distintos sectores contrarios al tratamiento legislativo.
Otro punto polémico es la reforma de las normas sobre desalojos. El proyecto incorpora cambios procesales destinados a agilizar la restitución de inmuebles en determinados supuestos. Para el Gobierno, las modificaciones buscan brindar respuestas más rápidas frente a ocupaciones ilegales y fortalecer la seguridad jurídica. En cambio, organizaciones sociales, de derechos humanos y representantes de comunidades indígenas sostienen que podrían verse reducidas las posibilidades de defensa en conflictos territoriales aún no resueltos.
La iniciativa propone asimismo cambios en la Ley de Manejo del Fuego. Entre ellos, elimina restricciones que actualmente limitan el cambio de uso de suelos afectados por incendios. Mientras que el oficialismo sostiene que la normativa vigente restringe derechos de los propietarios, la oposición advierte que la modificación podría generar incentivos no deseados en zonas donde los incendios forestales son un problema recurrente.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen