El título no es tendencioso. El proyecto que impulsa Milei prioriza el uso del agua y la energía para grandes corporaciones tecnológicas por encima del consumo humano.
El proyecto al cual la Cámara de Diputadxs le dió media sanción en junio pasado, genera alerta por la gran cantidad de concesiones que quiere dar al gran capital: el Super RIGI otorga beneficios obligatorios y financieros únicos, como energía subvencionada, garantizada durante 30 años sin posibilidad de modificación. ¿Dónde queda la soberanía?
Lejos de ser una excepción, el Súper RIGI es parte del programa de Milei: durante su gobierno se aprobó el RIGI, se intentó eliminar el porcentaje de tierra que pueden comprar y acaparar extranjeros, se produjo la reforma de la Ley de Glaciares, la modificación de la Ley de Inversiones Mineras -reduciendo y simplificando requisitos y poniendo en duda la soberanía argentina sobre las explotaciones a realizarse (ver Proyecto Vicuña en San Juan)- la reducción de los derechos de exportación para cereales, oleaginosas y derivados animales (carnes, lácteos, etc), y recientemente la segunda concesión por 30 años -la 1ra fue con Menem- de la hidrovía Paraná-Paraguay, por nombrar algunos ejemplos.
Para dimensionar la magnitud del proyecto, Enrique Viale, abogado de la UBA con un posgrado en Derecho Ambiental, miembro del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza y presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, lo resume advirtiendo que los 30 años de beneficios que busca garantizar el Súper RIGI “equivalen a siete mandatos presidenciales”. Se trata de incentivos impositivos y energéticos “garantizados por 30 años sin posibilidad de modificación” debido a que las empresas adherentes contarán con una suerte de “cláusula pétrea” constitucional inmodificable.
El Súper RIGI prevé que los conflictos entre el Estado Nacional y los grandes inversores (Vehículos de Proyecto Único o VPU) puedan resolverse en instancias como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), la Cámara de Comercio Internacional (CCI) o la Corte Permanente de Arbitraje (PCA), a elección de la empresa.
Pero, ¿son instancias imparciales? Evaluar eso requeriría un análisis profundo, pero existen algunos ejemplos interesantes. Basta ver el caso del CIADI, con el cual Argentina ya tiene una larga historia: una de las experiencias más recientes fue la llamada ‘Suez y Aguas de Barcelona vs. Argentina’, concluida en 2015 cuando el tribunal condenó al país a pagar más de 400 millones de dólares tras la rescisión del contrato de agua potable. En ese fallo el CIADI priorizó las protecciones del Tratado Bilateral de Inversión (TBI) a través del cual se había hecho el contrato por encima del derecho humano fundamental al acceso al agua.
También sirve de ejemplo el caso ‘Teinver y otros vs. Argentina’ de 2017 donde el CIADI condenó al país a pagar unos 320 millones de dólares (que superaron los 410 millones con intereses) por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.
Cuando se habla de soberanía, el primer ejemplo que se nos viene a la cabeza es el de las Islas Malvinas, un conflicto reavivado por los recientes dichos de Trump. Las Malvinas son ejemplo de soberanía territorial y sobre bienes naturales, pero la soberanía jurídica es igual de poderosa: entregarle la potestad de decidir qué hacer y qué no a tribunales extranjeros frente a acontecimientos locales fácilmente se puede llamar traición. En ese sentido, estos lineamientos que quiere imponer el Súper RIGI demuestran un gobierno a medida de las multinacionales y no del pueblo argentino.
Por otra parte, en el proyecto de ley ni siquiera hay porcentajes mínimos de compras a contratistas y fabricantes locales para equilibrar la competencia con las grandes corporaciones extranjeras. Si el empleo industrial local ya está vapuleado por la economía de Milei, con el Súper RIGI directamente va a desplomarse.
Sobre las implicancias socioambientales
Enrique Viale sostiene que este marco normativo representa un modelo de extractivismo recargado diseñado a la medida de grandes corporaciones y magnates extranjeros, advirtiendo que en los hechos significa entregarles una carta blanca “al servicio del saqueo y la entrega de nuestros recursos naturales”.
Hoy está en discusión el Súper RIGI pero ayer lo estuvo el RIGI, un proyecto que se comprometía a darle a los inversores mineros, petroleros (fracking) o del agronegocio prioridad en el uso de insumos clave. Viale explica que, ante situaciones de escasez, una corporación podrá invocar el RIGI para abastecerse de agua por encima del consumo de las comunidades locales. Esto incluye nuevas alertas en torno al “Súper RIGI” y el impacto del consumo hídrico y energético de los data centers.
Las denuncias por falta de agua o contaminación debido a megaproyectos extractivistas están a la orden del día. Vecinxs, asambleas, comunidades originarias, organizaciones y activistas rechazan el proyecto minero MARA (que une Agua Ricas y la histórica Minera Alumbrera) en Catamarca, la megamineria de litio en las Salinas Grandes y Cuenca de Guayatayoc (Jujuy y Salta), o los proyectos de oro y cobre en la zona de los glaciares y escudos cordilleranos de Famatina y Chilecito (La Rioja). Ejemplos que se pueden multiplicar con el avance del Súper RIGI, en un contexto de cambio climático agravado por la acción antrópica.
Es de público conocimiento que estamos en una etapa de calentamiento climático global, es decir, de aumento de la media térmica global. Según las Naciones Unidas se estima entre 1.3° C. a 1.9° C. el aumento para el año 2030. Lo que se traduciría en menor cantidad de lluvias y de nieve, retroceso de los glaciares, y pérdida de reservas naturales que proveen a las cuencas regionales. Menos agua, más personas, y más empresas extractivas resguardadas por este tipo de legislación generan el caldo de cultivo perfecto para la explosión de múltiples conflictos socioambientales.
En notas anteriores comentamos que el Súper RIGI está dirigido a inversiones que superen los 1.000 millones de dólares, y más específicamente a las denominadas “industrias del futuro” de alto valor agregado, tecnológicas y de transición energética.
El proyecto de ley tiene nombre y apellido, Peter Thiel. Un magnate que se instaló en Argentina hace un tiempo y para el cuál el proyecto que presenta el Ejecutivo Nacional le viene al pelo: este multimillonario se dedica sobre todo a la IA que requiere de infraestructura como centros de datos. Centros de Datos que requieren agua, tierra y energía para instalarse y funcionar, y ahí entra en juego el Súper RIGI.
Según la Agencia Internacional de Energía, un centro de datos promedio consume alrededor de 25 millones de litros de agua al año (unos 68.000 litros diarios) y requiere enormes cantidades de electricidad. El agua es utilizada para refrigeración por evaporación y generación de energía. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el consumo humano de agua adecuado es de 50 litros diarios, por lo tanto un solo un centro de datos promedio consumiría por mes el equivalente a un pueblo de 42.160 personas.
Para darnos una idea, según el INDEC (2022) Esquel tiene 37.019 habitantes y El Bolsón 24.276 habitantes. ¡Un solo centro de datos consume más que todo la población de cualquiera de estas ciudades de la cordillera patagónica!
Ni siquiera en EEUU hay licencia social. Mismo Infobae publicaba recientemente que “el 70% de estadounidenses rechaza la construcción de centros de datos de IA cerca de sus hogares” debido a que implican elevado consumo de agua y energía, posible incremento del tráfico y molestias en espacios residenciales, riesgo de generación de residuos electrónicos y emisiones térmicas, e incertidumbre sobre los beneficios económicos directos para la comunidad. La cosa no queda ahí, ya ha habido numerosas protestas y varios condados y ciudades de estados como Texas y Nueva York aplicaron moratorias o frenos temporales a nuevos proyectos.
En EUA el debate está más avanzado y las consecuencias de esta tecnología ya la viven en carne propia lxs ciudadanxs. En Argentina a toda costa quieren aprobar el Súper RIGI pero ya hubo algunos avances, o retrocesos: unilateralmente y sin participación ciudadana, el Gobernador de Chubut Ignacio Torres acaba de firmar un memorándum de entendimiento y contrato con la empresa polaca Green Capital para la construcción de un megacentro de datos al sur de Trelew.
Chubut, es la provincia donde está instalada Aluar SAIC (Aluminio Argentino), la única productora de aluminio primario del país. Empresa que tiene el mayor consumo electrointensivo de Argentina, en parte gracias a tarifas subsidiadas y a qué controla la central Hidroeléctrica Futaleufú (gracias, también, a una concesión por 30 años) ubicada en el Parque Nacional Los Alerces.
En la era Milei y pese a todos estos privilegios y concesiones, la producción de Aluar se ve afectada y por lo tanto las fuentes de trabajo también. Y al mismo tiempo, estás concesiones faraónicas no se traducen en mejoras para el sistema eléctrico provincial que peca de falta de mejora de la infraestructura, cortes intermitentes, saturación de las líneas y cortocircuitos que provocan incendios forestales en zonas ventosas y boscosas.
El mismísimo dueño de Aluar es Javier Madanes Quintanilla, quien recientemente despidió a 920 trabajadores de FATE en Buenos Aires. Hoy lxs laburantes, familiares, agrupaciones sociales y partidos luchan por la reincorporación y la reapertura de la fábrica, reclamo que no ha tenido respuesta positiva del gobernador de la provincia Axel Kicillof.
Aluar es el vivo ejemplo de que la instalación de un megaproyecto tecnológico en nuestros territorios no necesariamente significa mejoras tangibles para el bienestar de la población en general.
Con el Súper RIGI se quiere instalar, por ejemplo, Centros de Datos, infraestructura altamente consumidora de energia, agua y tierra. La carta de la supuesta ‘generación de puestos de trabajo’ no la pueden usar, porque está estudiado que un Centro de Datos requiere de un par de decenas de laburantes, nada más. Y lo que no cuentan, es la implicancia geopolítica y de seguridad nacional que implica la tecnología extranjera en nuestro país, en un contexto de crecimiento de los conflictos bélicos a nivel mundial.
El uso de la inteligencia artificial puede ser muy beneficioso para la humanidad. Ahora bien, ¿cuáles son los límites? ¿Es lo mismo si se usa para vigilar y exterminar personas que para la asistencia médica? ¿Qué pasa con sus requerimientos energéticos y de bienes naturales en un contexto de saturación de los límites biofísica planetarios? ¿Es moral que sirva para enriquecer aún más a un par de hombres multimillonarios a costa del sufrimiento de miles? ¿Y qué pasa con la pérdida de puestos de trabajo por la automatización de ciertas tareas industriales?
Enrique Viale dice que “hay un proceso muy fuerte de generar resignación… Es la cultura de la derrota, donde se instala que todo ya está dado y que nada se puede hacer.” Hay que vencer la desesperanza que nos buscan instalar y luchar por alternativas por el buen vivir.
El Súper RIGI aún se está discutiendo en comisiones para su eventual aprobación final en la Cámara de Senadorxs. No hay que esperar a esa instancia para salir a boicotear está entrega, como lo hicimos contra la Ley de Extranjerización de la Tierra. Este 19 de septiembre se convoca a la Marcha de la Bronca a nivel nacional, una importante cita para derrotar el plan de Milei y sus cómplices.
Por Inara Ocampo Rodríguez
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen