Hoy la gente va a volver a llenar las plazas de todo el país para defender la continuidad de la universidad pública. Conversamos con Viviana Diez -docente e investigadora de la UBA y UNRN y secretaria adjunta de ADURN- sobre las disputas económicas y simbólicas que se juegan en la arena de la educación superior.
La Ley de financiamiento universitario, votada por una amplia mayoría en ambas cámaras, busca garantizar la protección y el funcionamiento de las altas casas de estudio. Para esto establece actualizar las partidas presupuestarias al 1 de enero y hasta diciembre próximo y recomponer los salarios y las becas según la inflación del INDEC -hasta nuevo acuerdo paritario-, como también aumentar bimestralmente los gastos para funcionamiento según IPC (índice de precios al consumidor).
“Lo central de esta ley es tener un horizonte de previsibilidad -dijo Viviana Diez-. Pensar que todos los meses vas a tener que implementar medidas de fuerza es muy desgastante. Una primera recomposición y un horizonte de actualización periódica y bastante automático nos podría sacar de esta situación de tanta incertidumbre. La gran lucha de abril terminó cristalizando un aumento de las partidas de funcionamiento que permitieron que no se suspendieran las clases a lo largo del año, pero no se actualizaron de la misma manera los salarios. Los docentes universitarios son el sector más perjudicado de toda la administración pública”.
El presidente anunció que va a vetar la ley -así como lo hizo con la reforma jubilatoria- y tiene plazo para hacerlo hasta el 3 de octubre. El presupuesto aprobado significa un costo fiscal de solo 0,14% del PBI. Al mismo tiempo, el gobierno eleva al congreso un proyecto de presupuesto para el 2025 sustancialmente menor de lo que solicita el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), poniendo en riesgo el futuro de la educación superior.
En un contexto de ajuste, por supuesto que hay una pregunta sobre los modos de obtener los fondos para el presupuesto universitario –dijo la secretaria de ADURN-. Estos recursos están en la baja de impuestos que se hizo a los más ricos del país, sin ninguna necesidad, solo para beneficiar a ese sector ajustando al resto de la población. La baja de bienes personales sobra para financiar esta ley, incluso hay cálculos que alcanzaría para una parte de la movilidad jubilatoria. La exención de ganancias del poder judicial también bastaría para financiar con creces el sistema universitario. No es que no hay plata, la plata se la están quedando muy pocos. Si hay un sector que no ha puesto nada, ése es el sector que concentra la mayor riqueza del país. ¿Cuál es la prioridad: tener una universidad que funcione adecuadamente o beneficiar a unas pocas familias con bajas de impuestos? En términos simbólicos, la agresión contra las universidades tiene que ver con que la prioridad no es la educación. La amenaza del veto está operando desde el primer momento, pero sabemos que si eventualmente saliera se puede insistir en que el congreso revierta esa acción. Como vimos con la reforma jubilatoria, el presidente tuvo que hacer las prácticas de castas más horrorosas al punto de salir a comprar diputados radicales. Es un conflicto en desarrollo que tal vez ni siquiera se resuelva esta semana”.
El jueves pasado, en un contexto de alta tensión con los docentes en las puertas de la Legislatura de Río Negro, se aprobó por mayoría el proyecto que declara la educación obligatoria como servicio esencial. Esta propuesta promovida por el PRO y apoyada por JSRN pretende asegurar el funcionamiento mínimo de las escuelas en situaciones de paro, garantizando la presencia del 30% de su planta docente y no docente en las instituciones. Vamos con Todos y el PJ-NE se opusieron por considerarla inconstitucional.
“La educación es un derecho, no un servicio– dijo Viviana Diez-. Si el gobierno considera que los docentes y las docentes efectivamente tienen que dar clase, debe garantizar las circunstancias materiales para que eso suceda. Para que la educación se ejerza como un derecho, es necesario asegurar las condiciones subjetivas y objetivas en las que los docentes y las docentes realicen lo que tienen como misión hacer en esta sociedad. La declaración de servicio esencial implica dar clases no importa en qué condiciones. Una o dos maestras cuidando a todos los chicos y chicas de la escuela no resuelve nada en términos educativos, a los sumo estructura una guardería. Está claro que no hay universidad pública de calidad sin una buena educación primaria y secundaria”.
La universidad pública significa igualdad de oportunidades y posibilidad de futuro para los argentinos. Es por la continuidad de esta institución que hoy urge salir a la calle en cada rincón del país. Una marcha nacional, con gran convocatoria, puede poner un límite al gobierno libertario e instar al congreso a defender lo que es esencial para nuestro pueblo. Desde Bariloche, el Frente Intersindical conformado por las cuatro universidades nacionales, los gremios docentes y no docentes y los centros de estudiantes, con el apoyo de Unter y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convoca a encontrarnos a las 17 horas en Moreno y Onelli para marchar juntos hacia la plaza de los Pañuelos. Esperamos que sea mucho más grande que la anterior.
Por Verónica Battaglia
Fotos: Pablo Candamil
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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