Las mujeres lideran el registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular y vieron incrementadas sus tareas vinculadas a servicios socio comunitarios y de cuidados durante la pandemia en la Argentina.
La referente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Jackeline Flores, y su par en el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Santiago del Estero, Deolinda Carrizo abordaron el impacto de la pandemia y el aislamiento social en las trabajadoras de la economía popular y la agricultura familiar, campesina e indígena.
Según el último reporte general del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep), para el 28 de diciembre de 2020 se habían inscripto un total de un millón 750 mil personas, de las cuales un 57 por ciento son mujeres.
“La pandemia lo que provocó en la economía popular fue avasallante porque tuvimos que intentar sostener el trabajo que habíamos generado y nos multiplicó de tareas“, analizó “Jackie” Flores, del MTE.
En tanto, desde la perspectiva de las trabajadoras rurales, Carrizo afirmó que “las mujeres que se sostenían económicamente con la venta durante el año, que participaban en ferias rotativas o fijas también vieron perjudicada su economía“.
En este sentido, el informe de Renatep reveló que la rama de actividad mayoritaria informada por cada persona inscripta es la de Servicios Socio Comunitarios (32 por ciento de trabajadores y trabajadoras), seguida por Servicios Personales y otros oficios (26 por ciento), Comercio Popular y Trabajos en Espacios Públicos (13 por ciento), Agricultura Familiar y Campesina (9 por ciento), entre otros.
Carrizo explicó que organizaron las producciones que no se vendieron y “se donaron a comedores o a centros que estaban generando una vianda para poder entregar a familias que estaban realmente muy complicadas para el acceso al alimento” en el marco de la pandemia.
“En el caso de Santiago del Estero son 21 los espacios merenderos o comedores que se está viendo para las familias de los pueblos más chicos“, sostuvo.
A su vez, en el informe de Renatep del mes de agosto de 2020, se verificó que el 64 por ciento de quienes trabajan en la rama de Servicios Socio Comunitarios son mujeres a lo largo y a lo ancho del país.
Según la estimación realizada por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género en 2020, el aporte al PIB del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados (TDCRN) representa un 15,9 por ciento, constituyéndose en el sector de mayor aporte de toda la economía.
En esa línea, la referenta de la UTEP señaló que “si no hubiéramos estado las organizaciones sociales hubiera sido un desastre el aislamiento y la pandemia”.
Subrayó además que “nosotras no queremos solamente el reconocimiento político para las nuestras, queremos el reconocimiento económico de ese trabajo que hemos podido generar”.
Por su parte, la dirigente del MNCI y flamante directora nacional de Género e Igualdad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Deolinda Carrizo, explicó que, además de los problemas de circulación de las producciones debido a las restricciones del aislamiento, “han habido innumerables problemas de tierras, intentos de desalojos a comunidades y familias enteras en distintas provincias durante la pandemia; el caso emblemático es el de Palpalá, con compañeras que han sido detenidas también junto con sus compañeros y han estado presas“.
Asimismo, ambas referentas coincidieron en que la pandemia impactó de lleno sobre las mujeres que se vieron obligadas a aislarse con parejas violentas.
“La realidad es que el saldo que nos deja la pandemia es haber perdido compañeras que nos arrebataron la vida, hay una violencia estructural que el Estado nacional todavía no responde a eso y no despierta“, manifestó Flores.
“Nos ha tocado acompañar como organización en los distintos territorios a muchas mujeres que se acercan por casos de violencia física, creo que también por toda la lucha y los derechos que las mujeres tienen, (también) muchas han estado denunciando y demandando que se pueda garantizar el derecho a la alimentación de los niños para que los padres que se han desentendido tengan esa cuestión de cumplimiento judicial“, explicó Carrizo.
Redacción
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
