Este viernes se acordó entre los abogados de la comunidad Mapuche Buenuleo y el letrado de Emilio Friedrich, la suspensión de los plazos procesales por la causa de usurpación contra la comunidad.
Hace casi tres años que la comunidad viene resistiendo la reivindicación de su territorio en la ladera este del cerro Ventana. Fueron víctimas de varios actos de violencia y de la postura indiferente del Estado. Su denuncia llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo internacional resolvió en favor de la comunidad solicitando al Estado Argentino que adopte las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger la vida de los integrantes del pueblo Mapuche.
El jueves pasado, la puerta del edificio del poder judicial de Río Negro estuvo sitiada por banderas celestes y blancas y pancartas que defendían la propiedad privada. En el interior del edificio el abogado querellante Alejandro Pschunder pedía una nueva orden de desalojo para la comunidad Buenuleo y la restitución de las noventa hectáreas a Emilio Friedrich, su representado. Para esto, el abogado apeló al fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que el primero de abril de este año había revocado el sobreseimiento de los nueve imputadxs por usurpación. Sin embargo, el juez Sergio Pichetto y la fiscal Betiana Cendón rechazaron el pedido de desalojo.
El viernes, antes de la audiencia de control de acusación, la fiscal Cendón habló con los abogados defensores y querellantes con el propósito de abrir un canal de diálogo entre las partes. En esta instancia se resolvió suspender los plazos procesales hasta principios de junio para intentar encontrar una solución pacífica a la disputa.
Uno de los abogados de la defensa Fernando Kosovsky argumentó que el desalojo y la persecución penal no son las vías posibles para tratar la problemática indígena. “Estos conflictos -dice el abogado- trascienden el interés de las partes. Hay que ser muy cuidadosos, ya lo estableció la Corte Suprema de Justicia en el caso Martínez Pérez con Palma, al momento de adoptar medidas restrictivas que puedan afectar los derechos territoriales y no tratarlos como un conflicto de derecho común o como vías de hecho, porque son denigrantes hacia la forma de ser indígena”.
Asimismo, Kosovsky definió el problema como un choque de foros entre la Corte Suprema -que todavía tiene cuestiones de la causa por resolver- y el Superior Tribunal de Justicia que, entrometiéndose en la división de poderes, ordenó al ministerio público fiscal criminalizar la conducta del pueblo mapuche, continuando con la persecución penal por el delito de usurpación.
Desde el parlamento Mapuche, su vocero Orlando Carriqueo, en comunicación con Al Margen- enmarcó estas reivindicaciones de los pueblos originarios dentro de una reparación histórica frente a un genocidio. “Nosotros no hablamos de propiedad privada ni de negocios inmobiliarios – dijo Carriqueo-, sino de la propiedad comunitaria de la tierra. Queremos plantearle al estado un debate que abra un camino de encuentro frente a una sociedad desigual que históricamente discrimina al indígena”.
Por Verónica Battaglia
Fotos: Euge Neme
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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