Evo Morales, entre la real politik y el pueblo

El puente de entrada a la turística ciudad de Coroico, ubicada a tres horas al norte de La Paz y conocida por su producción de planta de coca, es una imagen en miniatura de lo que pasa en Bolivia: de un lado los grafitis en completo rechazo al gobierno de Evo Morales y a una nueva candidatura presidencial, y del otro un total apoyo al modelo oficialista. Un puente dividido, un país polarizado.

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Morales, el primer presidente indígena en la historia del país, atraviesa un momento clave de su presidencia, marcado por las denuncias de autoritarismo y corrupción por parte de los partidos políticos tradicionales y de derecha y, al mismo tiempo, por una creciente crítica de la izquierda, los movimientos sociales y sectores postergados de la sociedad centrada en el código penal que el gobierno tuvo que derogar por la presión social.

El próximo 21 de febrero se cumplirán dos años del referéndum donde ganó el “No” a la modificación de la Constitución para habilitar a Evo a una cuarta repostulación para ser presidente en los comicios del 2019 (51% a 49%). A pesar del tiempo, Bolivia sigue convulsionada y movilizada porque a fines del año pasado el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) lo habilitó a volver a presentarse, en un polémico fallo judicial que dejó sin efecto el resultado electoral.

Las marchas se suscitan todos los días contra la “tiranía” y la “dictadura” de Morales, exigiendo que se reconozca el resultado del 21 de febrero, fecha que ahora la oposición llama “día de la mentira nacional”. A estas movilizaciones, principalmente convocadas por sectores acomodados y partidos tradicionales o de derecha, se le suman las marchas contra el nuevo código penal que el gobierno aprobó el pasado 15 de diciembre. El mismo tuvo que ser derogado el 24 de enero ante el rechazo de los médicos, quienes llevaron a cabo un paro nacional durante 47 días, los transportistas, la Central Obrera Boliviana (COB) y amplios sectores de la sociedad.

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Jorge Viaña, economista y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), me cita al mediodía en la Iglesia de San Miguel, ubicada en la coqueta y rica zona sur de La Paz. En la plaza que da la Iglesia la gente se agolpa a la salida de la misa y las cholas, con sus tradicionales polleras y trenzas, aprovechan para vender desde pesebres hasta papas fritas o bebidas energizantes.

En el centro de la plaza, seis mujeres vestidas con chalecos con los colores de la bandera boliviana y pantalones negros de vestir aprovechan la cantidad de gente para juntar firmas contra la repostulación de Evo. Cuando la misa termina una de ellas se para sobre un banco y grita:

-Señores, los invitamos a firmar contra la reelección de Evo Morales en los cuadernos que serán enviados a la Corte Interamericana-.

-¿A favor?- preguntó una mujer que no esperó la respuesta y se fue indignada.

Las personas que entendieron que las firmas eran en contra de un nuevo mandato de Evo se acercaron de a decenas. “Por supuesto, no más dictadura”, dijo un hombre mientras hacía la fila.

“El Evo hace esto de la justicia para presentarse de nuevo porque un nuevo referéndum lo pierde”, dice Viaña mientras comemos en un bar del sur de La Paz.  “Perdió mucho apoyo, su gobierno está muy desgastado, es uno de los momentos de menor apoyo histórico”, explica.

Evo Morales lleva 12 años en el poder y en caso de ganar las elecciones del 2019 podría permanecer en el Palacio del Quemado hasta el 2025. Su gobierno, uno de los más transformadores en la historia política-económica del país, tiene que enfrentar las exigencias de una sociedad que creció económicamente (la clase media pasó del 35% al 58%) y que ahora tiene nuevas demandas.

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El 21 de febrero será un día donde ambos sectores medirán fuerzas, anticiparán lo que será el 2018 y abrirán el largo camino a las próximas elecciones presidenciales. La oposición anunció que se movilizará en todo el país para exigir respeto al referéndum mientras que las organizaciones sociales y políticas oficialistas anticiparon que realizarán actos para ratificar su apoyo a una nueva candidatura.

A pesar de las diferencias históricas entre el oficialismo y la oposición, ambos sectores comparten una característica: reproducen el mismo discurso que el resto de las fuerzas políticas latinoamericanas cercanas a sus respectivos modelos de país. La oposición critica a Evo por ser un “narco comunista dictador”, o denuncia la “dictadura castro-chavista masista”, un discurso que utilizan, o utilizaron, fuerzas políticas opositoras a los gobiernos progresistas de América Latina. Durante su campaña presidencial, Mauricio Macri anticipaba que la Argentina iba camino a “ser Venezuela” y en Brasil diputados y senadores golpistas del gobierno de Dilma Rousseff denunciaban el “comunismo del Partido de los Trabajadores (PT)”.

La crítica de la derecha al Evo no es sólo a su gobierno sino que es hacia la izquierda como modelo político-económico-social de país. No es una oposición contra los errores del Movimiento Al Socialismo (MAS), es una crítica a la izquierda que toma la actualidad venezolana para plasmar en concreto los “problemas” que puede afrontar el país en caso de seguir por este camino o, en esta oportunidad, ante una nueva postulación del presidente.

Por su parte, el oficialismo también reproduce un discurso que tuvieron algunos gobiernos progresistas latinoamericanos: tomar la crítica al modelo como un ataque del imperialismo estadounidense o de las oligarquías golpistas que quieren volver a recuperar sus privilegios y no como puede ser, en algunos casos, una crítica de sectores populares que advierten que el gobierno cada vez se preocupa más por la estabilidad económica y las inversiones extranjeras que por el cuidado de la Pachamama.

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La galería 10 de Noviembre, ubicada a una cuadra del mercado central de la ciudad de Potosí, es conocida por las casas de moneda de cambio que existen. En el patio interno de la galería suena una radio donde hablan distintos dirigentes políticos, que amenazan al gobierno central con movilizaciones ante la aprobación del nuevo código penal. El vendedor de un local de electrodomésticos, un hombre canoso que usa anteojos de sol y camisa blanca a rayas azules de manga corta, se acerca y empieza a hablar del gobierno:

-El Evo es un dictador. La reelección es ilegal, se quiere quedar en el poder para siempre. Eso es una dictadura.

Mientras habla sube su tono de voz y, al mismo tiempo, el volumen de la radio:

-El problema es la izquierda.

-¿Cómo?, pregunté.

-Claro, la izquierda no sirve. Son todos ladrones. El brasilero Lula es un corrupto, en Venezuela son corruptos, Cuba es una dictadura. No sirve, repitió.

El hombre no me quiso brindar su nombre porque en Bolivia “el que habla mucho va preso, como en Venezuela, como en Cuba”.

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Las protestas contra el nuevo código penal comenzaron encabezadas por los médicos que exigían la eliminación del artículo 205, que penalizaba la mala práctica profesional. Luego se sumaron los transportistas contra el artículo 137 que castigaba el homicidio culposo con un medio de transporte y finalmente la oposición utilizó el reclamo para desgastar al gobierno ante la crítica generalizada de amplios sectores sociales.

La propia Central Obrera Boliviana, movimiento sindical que marcha con la cara del Che Guevara en sus banderas, efectuó paros generales contra el gobierno y grandes marchas que, en algunos casos, fueron reprimidas por la policía. El 11 de enero, día en que el Rally Dakar llegó a La Paz en el medio de una fiesta realizada por el oficialismo en el estadio de fútbol Hernando Siles, manifestantes denunciaron que la policía reprimió una concentración en la avenida Santa Cruz que buscaba impedir el paso del Dakar, y que persiguió a estudiantes de medicina hasta la Iglesia de San Francisco, ubicada en pleno centro paceño, y los golpeó en el piso para luego llevárselos detenidos.

En Sucre, la capital constitucional del país o la ciudad de los cuatro nombres, la Central Obrera Departamental (COD) y el Comité Cívico de Defensa de Intereses de Chuquisaca (CODEINCA) también se movilizaron contra el código penal. El 23 de enero, la marcha arrancó en el reloj del Barrio Obrero y terminó rodeando la plaza 25 de Mayo, la más importante de la ciudad.

Con mucha pirotecnia que retumbaba entre los edificios de la Alcaldía, la Catedral y la histórica Casa de la Libertad, los manifestantes llegaron a la plaza rodeados de banderas de distintas organizaciones y sindicatos. A pesar de la presencia de sectores de clase media alta y de partidos políticos de derecha, en la movilización se vislumbraba que no estaba compuesta sólo por sectores acomodados. También había obreros mascando coca y vistiendo sus uniformes de trabajo. No es una marcha exclusivamente de la derecha, ya que los actores que la componen son muy diversos.

“La marcha es contra el gobierno, contra la dictadura, no queremos ni el código penal ni una nueva candidatura de Evo Morales”, dijo un manifestante que, nuevamente, se negó a brindar su nombre porque en Bolivia “hablar mucho es peligroso”. “No queremos un código que persigue y encarcela a los trabajadores”, explicó otro manifestante que tampoco dio su nombre.

A pesar de la crítica de los sectores populares al gobierno de Morales, muchos coinciden en una misma postura: no quieren el retorno de la derecha. Un conductor en la ciudad de Uyuni, conocida por las excursiones al salar más grande del mundo, así lo explicaba: “Yo la primera vez lo voté a Evo porque era como yo, un indígena. Ahora ya no lo voto. Está haciendo muchas huevonadas. Me cansó, no me gusta la nueva postulación ni el código. Necesitamos otras cosas, a todos los lugares que va construye una cancha de fútbol. ¿Y las escuelas? Necesitamos escuelas, no canchas. No sé a quién votar el año que viene porque no me gusta la derecha, si ellos gobiernan va a volver la pobreza. Necesitamos que el Evo deje de hacer huevonadas”.

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La actualidad boliviana está marcada por algunos de los problemas que ya existieron en el resto de los procesos progresistas de nuestro continente: denuncias por corrupción, una polarización muy fuerte de la sociedad, un gobierno personalista que no creó cuadros políticos y que debe recurrir a jugadas de último momento para continuar con el proceso de cambio que generan muchas críticas, y una serie de demandas económicas de una sociedad que creció económicamente y que ya no se contenta con discursos antineoliberales.

El gobierno de Evo Morales ya sufrió el primer golpe político del año al derogar el código penal. Durante 2018, la oposición y el oficialismo medirán fuerzas de cara a las elecciones y el 21 de febrero será una fecha importante en la correlación de fuerzas.

Bolivia, uno de los últimos bastiones de la izquierda latinoamericana, se enfrenta a nuevos desafíos, pero tiene la oportunidad de aprender de las experiencias latinoamericanas para no cometer los mismos errores y perder los comicios presidenciales.

Por Lucio Garriga Olmo, desde Bolivia/El Furgón

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