Seis años sin Daniel Solano

(por la Vaca.org)

A Daniel Solano lo vieron por última vez la madrugada del 5 de noviembre de 2011 en una disco en Choele-Choel, Río Negro. Hoy sigue desaparecido. Testigos declararon cómo esa noche la policía lo emboscó, lo golpeó y se lo llevó tras reclamar por su sueldo como trabajador contratado por Agrocosecha, empresa tercerizada a cuenta de Expofrut Argentina. Hay siete efectivos procesados que irán a juicio en febrero del año que viene por “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”. Un juez autorizó el 15 de noviembre su búsqueda en un jagüel que un testigo señaló como el lugar donde habrían arrojado el cuerpo, pero la pericia está en riesgo por su elevado costo. Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia, dijo a lavaca: “El dinero lo tiene que aportar el Estado”. Mientras, su padre, Gualberto Solano, exige hace seis años que le devuelvan a su hijo.

Gualberto Solano, papá de Daniel, en la Plaza de las Madres, con el pañuelo.
Foto: Lina Etchesuri

A Daniel Solano lo vieron por última vez en la madrugada del sábado 5 de noviembre de 2011 en la disco Macuba en Choele-Choel, Río Negro. Era la tercera vez que Daniel –guaraní de la comunidad Misión Cherenta (Tartagal, Salta), obrero, 27 años- recorría los 2.300 kilómetros desde Tartagal hasta la cosecha de manzanas en Río Negro, en la localidad de Lamarque (a 17 kilómetros de Choele Choel), donde vivía hacinado con otros 150 trabajadores en un galpón y dedicaba el día entero al trabajo contratado por Agrocosecha S.R.L., empresa tercerizada a cuenta de Expofrut Argentina, sello criollo de la multinacional de origen belga Univeg. Testigos vieron cómo tres policías provinciales que hacían sus “adicionales” como seguridad del lugar lo sacaron de la disco a empujones, lo golpearon y lo cargaron en un auto. Ese día Daniel había hablado con sus compañeros para hacer un paro en reclamo por dinero adeudado: el acuerdo era por unos 2.000 pesos mensuales, pero le habían pagado sólo 800 pesos.

Desde ese día, Daniel Solano está desaparecido. Ahora, el juez de garantías Roberto Gaviña autorizó para el 15 de noviembre la búsqueda de Daniel en un jagüel ubicado a 25 km del campo “La Manuela”, lugar señalado en 2014 por un testigo de identidad reservada como el sitio donde arrojaron el cuerpo sin vida. La causa principal acumula 53 cuerpos y siete policías procesados que, según indicó a lavaca uno de los abogados de la familia, Leandro Aparicio, irán a juicio en febrero del año que viene. Ellos son Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera (procesados por los delitos de “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”); Pablo Andrés Albarrán Carcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello (por la “privación ilegal de libertad y homicidio agravado”); y Héctor Cesar Martínez (por “vejaciones, privación ilegal de libertad y homicidio agravado”). Aparicio: “Son los mismos siete policías que estuvieron detenidos tres años, y que hoy siguen trabajando, cobrando y portando armas, a pesar de que la justicia de Río Negro, en todos sus niveles, por conveniencia y no por convicción, dijo que era un caso de desaparición forzada”.

Daniel Solano.

¿Por qué entonces llega como un caso de “homicidio calificado”? Para Aparicio, se trata de una “cuestión práctica”. Dice el abogado: “La Corte Suprema de Justicia dijo que están dadas todas las características para un caso de desaparición forzada. Si bien hubo una participación del Estado para detener a siete policías, se dan todos los elementos: la jueza y la fiscal que encubrieron, la policía que desarrolló la tarea y encubre. Por una cuestión práctica, si bien es un caso de desaparición forzada, nos convenía continuar la causa en la justicia provincial y no en la federal, por eso es que el expediente sigue caratulado como homicidio calificado”.

-¿Qué ocurrirá el 15 de noviembre?

-El juez Gaviña autorizó a bajar al jagüel para seguir la pista del testigo de identidad reservada. Pero, en su resolución, dice que como la pericia la pedimos nosotros, nos tenemos que hacer cargo de los costos. Y no podemos: es un pozo de aproximadamente 70 metros, tapado con muchas cosas, y el método para bajar sin personas cuesta 3 millones de pesos. Algunos jagueleros dijeron que las paredes se iban a desmoronar y que era imposible bajar ahí. Eso es falso: llevamos un geólogo experto en perforación que hizo un dictamen, acompañó un protocolo y dijo cómo se puede bajar. Planteó una combinación de métodos para sacar una heladera y, después, sacar todo lo que está adentro. El juez libró oficio a 20 reparticiones estatales para que bajen, todos con resultados negativos. Por lo que tuvimos que requerir una empresa privada. Pero ese dinero lo tiene que aportar el Estado. Si no aparece para el 15 se tendrá que posponer esa medida de prueba y, en ese sentido, plantearemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para que el Estado colabore.

La investigación completa:

http://www.lavaca.org/mu57/donde-esta-daniel/embed/#?secret=PPvRhLw3VP

http://www.lavaca.org/mu65/el-cuerpo-del-delito/embed/#?secret=g1gixXSTvT

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