Vecinos y vecinas se movilizaron al Centro Cívico en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad Privada impulsado por el Gobierno Nacional que, entre otras cosas, busca desmantelar la Ley de Barrios Populares (Ley 27.453), una normativa que desde hace 8 años brinda un marco de derechos y protección a las familias más vulnerables.
El proyecto deo Gobierno Nacional afecta en Bariloche a 38 barrios, pero en todo el país a 6400 barrios: más de 5 millones de personas. Foto: Pablo Candamil
“Hay dos puntos centrales en la ley, uno es que todos los barrios que están dentro del Registro Nacional de Barrios Populares están declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación. La modificación de la ley busca eliminar este artículo, que es el artículo número 1, la principal herramienta para la regularización dominial en estos barrios”, detallan los vecinos movilizados.
El otro punto central es que se pretende eliminar el artículo 15, que es el artículo que suspende por 10 años los procesos de desalojos en barrios populares. “Es decir, que, si se llega a aprobar esta modificación de la ley, los barrios populares, sean tierras públicas o tierras privadas, pueden ser desalojados, lo que afecta en Bariloche a 38 barrios, pero en todo el país a 6400 barrios, más de 5 millones de personas”.
Se suma a esto la parálisis del Fideicomiso de Integración Socio-Urbana (FISU), el fondo destinado a las obras de infraestructura (agua, cloacas, electricidad) en los barrios. “Terminan de matar una política pública para barrios populares”, señalan.
Desalojo “preventivo”
Como explican desde la asamblea de vecinos, el paquete de leyes no solo ataca la ley de barrios populares, sino también la ley de manejo del fuego, de tierras rurales, la ley de agrupación en general y modifica los procesos de desalojo: el paquete de leyes introduce la figura del “desalojo preventivo”, una modificación que permitiría ejecutar lanzamientos en un plazo de apenas 72 horas.
El texto no solo están afectados los barrios populares, sino inquilinos porque establece nuevos mecanismos para los procesos de desalojo. Foto Pablo Candamil.
“No solo están afectados los barrios populares, sino a los vecinos que son inquilinos, porque establece nuevos mecanismos para los procesos de desalojo que se puede llegar a hacer hasta en 3 días, sin importar después cómo avanza ese proceso judicial, sino que preventivamente puede llegar a desalojarse incluso a inquilinos que por alguna razón no han podido pagar, lo cual afecta a la mayoría de la población de nuestro país”.
Ante este escenario, las organizaciones barriales en Bariloche han definido tomar acciones concretas como la difusión territorial para llevar la información a cada uno de los 38 barrios populares de la zona andina; interpelar directamente a los diputados y senadores nacionales por la provincia de Río Negro, quienes tendrán la responsabilidad de votar este paquete de leyes y buscar el pronunciamiento de las autoridades municipales y provinciales ante lo que consideran una emergencia habitacional inminente. “Nos vamos a seguir juntando para ver también qué comunicación se puede lograr a nivel municipal y provincial”.
Por Redaccion
Fotos: Pablo Candamil
Equipo de Comunicacion Popular Colectivo Al Margen