La profunda fragmentación del sistema de salud en Argentina golpea con fuerza en Bariloche, donde los afiliados de obras sociales clave, como Ipross, sufren suspensiones de servicios y largas esperas para atenderse.
Trabajadores de distintos ámbitos vienen sufriendo en Bariloche diversos problemas con sus obras sociales. Tanto en empleados municipales (Soyem) y docentes, que tienen cobertura al Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), y de organismos nacionales como CNEA, Conicet, Parques Nacionales, INTA y ANSES, que tienen Unión Personal (UP), la suspensión de prestaciones y la falta de pago a profesionales son un denominador común.
Uno de los sistemas de cobertura más importante de la provincia es el Ipross, que cuenta con 165.347 afiliados entre titulares y grupo familiar. En Bariloche son aproximadamente 18.000 afiliados entre empleados públicos de la provincia, docentes y trabajadores municipales. El financiamiento del Instituto se compone, por ley, del aporte de los salarios de los trabajadores (un 4%) y de la contribución del Estado (provincial o municipal) del 7% por cada empleado. Fuentes del Ipross explicaron que “se basa en un modelo solidario, donde los aportes de todos los afiliados conforman un fondo común que permite financiar prestaciones, medicamentos, internaciones y tratamientos de alta complejidad”.
En las últimas semanas, los docentes de Bariloche sufrieron la suspensión de turnos y cirugías programadas. También de algunos de los análisis que se realizan en la Fundación Intecnus. “Es que cada delegación de Ipross tiene su convenio, no llega a todos lados de la provincia de la misma manera. Hay problemas que ocurren en todo Río Negro -como la cobertura de prótesis o de medicamentos oncológicos- y otros tiene que ver con el convenio del lugar. Desde hace tres años el Colegio Médico viene con cambios en el contrato. Y se discute si trabajar por cupo -a veces sobran y otras veces faltan- o por paciente atendido“, explicó a Al Margen Florencia Anfusu, delegada de Salud de la zona andina de Unter central.
“Las interrupciones de las prestaciones hace que la persona pague la consulta o el estudio para no perder el turno, pero después el reintegro que recibe es a valor Ipross, que es mucho menor. Todo esto nos lleva a pensar que es urgente activar la comisión de Ipross que hay en la Legislatura ”, agrega Anfusu.
Por su parte, Sandra Urra, secretaria gremial de UPCN Bariloche, relata: “Somos estatales provinciales y no tenemos otra opción más que el Ipross. Habitualmente los turnos se consiguen a dos meses. Hay días que hay que hacer cola desde la 4 de la mañana, porque el cupo de turnos se termina. Cuando la prestación está cortada hay que abonar consultas de hasta 60.000 pesos y luego el reintegro es mucho menor. También ocurre que, como el Ipross demora seis meses en pagarle al prestador, nos cobran un plus. Eso hace que la salud pública colapse”.
En Bariloche hay 900 afiliados de UPCN cubiertos por el Ipross. Por su parte, los trabajadores del mismo gremio, pero nacionales -como Conicet, Anses y Parques Nacionales, entre otros- tienen la cobertura de Unión Personal (UP) y en los últimos días también sufrieron la interrupción de prestaciones.
En la ciudad hay otros dos nutridos sectores de trabajadores: los que se desempeñan en hotelería y gastronomía y los de comercio. Los primeros tienen la cobertura de la Obra Social de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Osuthgra) y los otros, de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac).
Ovidio Zúñiga, miembro de Osuthgra, explicó a Al Margen cómo se financia: “El trabajador aporta el 3% de su salario bruto y el empleador contribuye con un 6%. De ese recurso, el 82% va a la salud y el 18% a gastos administrativos. En la actualidad tenemos 8.000 titulares en nuestra obra social, unas 13.000 personas contando a sus familias. La retracción laboral influye mucho en el financiamiento. También la incorporación del monotributo, que sólo aporta 32.000 pesos a la obra social. Otra cuestión es que cuando se empezaron a cubrir tratamientos de alto costo, allá por la década del ’90, para financiarlos se estableció la Superintendencia que empezó a captar el 1% del 9% de cada afiliado. Así, la obra social cubre el tratamiento o medicamento de alto costo y después la Superintendencia retorna a la obra social. Pero en el último año el Estado no está concretando el reintegro”.
Osuthgra tiene en Bariloche su propio centro médico con 24 consultorios que reciben unas 2000 consultas por mes y concretan 400 atenciones odontológicas en el mismo período.
Por su parte, Osecac es una obra social de alcance nacional con delegaciones en todo el país. En cada zona tiene prestadores propios por medio de mutuales de comercio para consultas básicas y prestaciones ambulatorias. Para todo lo demás, trabaja con prestadores privados. Carlos Criado, subdelegado de Osecac, detalló que “el financiamiento es exclusivamente con el aporte de los trabajadores afiliados y no hay aportes del Estado. Se trata de un sistema de atención cerrado, basado en una cartilla médica de prestadores. No se abona plus médico, aunque si hay que afrontar coseguros en distintas prácticas y prestaciones. Los monotributistas no son afiliados directos de Osecac, sino que acceden a la cobertura a través de un convenio establecido por el Estado. La incidencia de este grupo sobre el financiamiento del sistema es negativa, pues el aporte no está actualizado y genera un desfasaje”.
Un sistema con creciente fragmentación
En Argetina el sistema de salud pública y seguridad social es universal y alcanza a toda la población, pero es altamente inequitativo y fragmentado. Las obras sociales, núcleo de este complejo entramado, surgieron a finales del siglo XIX con las sociedades de socorro mutuo que crearon los inmigrantes. Su consolidación ocurrió en la década de 1940 -por medio de los sindicatos de cada actividad- cuando se estableció un sistema solidario financiado por aportes de los trabajadores y contribuciones patronales.
En “La política de salud en la Argentina: situación actual y perspectivas de un sistema con creciente fragmentación de derechos”, de Oscar Cetrángolo y Ariela Goldschmit, publicado por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), en diciembre de 2025, se describe la convivencia de tres subsistemas: el sistema público (nacional, provincial y municipal) que alcanza a los 46 millones de argentinos; el de seguridad social, de afiliación obligatoria, que alcanza a 27, 3 millones de personas (el 59% de la población) y que a su vez se divide entre empleados y jubilados de cada sector y provincia con obras sociales provinciales o sectoriales (7,2 millones de personas, el 15,5%), jubilados y pensionados de PAMI (5,2 millones, 11,2%) y obras sociales nacionales (14,9 millones, el 32,2%); y el privado, de afiliación voluntaria (6,8 millones, 14,7%).
Respecto al ámbito privado, el material describe que “existen seguros voluntarios en empresas de medicina prepaga, cuya cobertura se estima en 2,8 millones de personas. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que un grupo importante de afiliados a obras sociales nacionales (cerca de 4 millones) accede a servicios de seguros privados mediante el desvío de sus aportes obligatorios como parte de pago de planes de salud privados”.
El trabajo de Cetrángolo y Goldschmit detalla que dentro de la seguridad social conviven 292 obras sociales nacionales, 24 obras sociales provinciales, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y otras obras sociales de regímenes especiales (FFAA, universitarias, Servicio Penitenciario Federal y del Poder Judicial y legislativo nacional). En el subsistema privado hay 674 entidades de medicina prepaga, entre las que se registran 283 sociedades comerciales, 220 mutuales, 87 obras sociales con planes de adhesión o superadores, 40 asociaciones civiles, 27 cooperativas, 5 fundaciones, 1 unipersonal y 11 federaciones médicas, colegios profesionales, sindicatos o fideicomisos.
“Esta diversidad de actores refleja la disparidad que convive en el sector. Con múltiples normativas, canastas prestacionales y modalidades de financiamiento”, afirma el trabajo. Esto se acentúa con la falta de una regulación común, pues no existe una ley nacional de salud que regule el sistema en su conjunto.
“El sistema es muy fragmentado y las políticas que hubo agudizaron esa fragmentación. Recientemente, el mayor cambio fue permitir que las prepagas actúen como obras sociales. El decreto 70/2023 permite el ingreso en el sistema al privado, que ahora capta los aportes de la seguridad social. Así, cada uno se apropia de su aporte con una lógica individualista. Pero el sistema es solidario: los sanos financian a los enfermos y no debería haber diferencias en las prestaciones entre provincias o entre jerarquías de trabajadores”, explicó Ariela Goldscmit, licenciada en Economía y especializada en economía de la salud, a Al Margen.
La precarización laboral y la alta informalidad también conspiran contra el financiamiento del sistema de seguridad social. Décadas atrás, los trabajadores aportaban a su obra social de forma solidaria y recibían las mismas prestaciones tanto un gerente como un empleado de menor rango. En tanto, en varias obras sociales reciben aportes de monotributos que no logran cubrir la prestación que brindan.
Al ser consultada por las obras sociales provinciales, Goldschmit señala: “Son entes autárquicos de los gobiernos provinciales, pero en realidad no son independientes completamente y son una variable de ajuste. En parte, se asemeja a lo que ocurre a nivel nacional con el PAMI”. Asimismo agrega: “Estas obras sociales no están reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud. No hay una regulación común. De mínima debería garantizarse el mismo paquete prestacional. El Programa Médico Obligatorio (PMO) es relativo. Como el sistema no es equitativo muchas veces la atención en salud se termina resolviendo por la vía judicial”. El PMO es lo que las obras sociales deben ofrecer como mínimo y de forma obligatoria.
Sin embargo, la investigación advierte que la cantidad de recursos no es un problema, pero sí su distribución y planificación: “Una primera aproximación a la oferta del sistema sorprende por la cantidad de recursos disponibles en el país. Tanto la cantidad de establecimientos de salud, las camas disponibles y la cantidad de médicos se ubican en valores superiores a la mayoría de los países de la región. Sin embargo, la segmentación y mala distribución de los recursos fisicos a lo largo del país da lugar a establecimientos vacíos o sin equipamiento o médicos especialistas en algunas localidades, y establecimientos superpoblados en otros lugares, lo que denota la ineficiencia y nula planificación”.
Por Ximena Linares Calvo
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen