El gobierno consiguió una mayoría legislativa para aprobar la modificación a Ley de Glaciares y presentó un polémico proyecto de ley que reactiva los desalojos en barrios populares. Este miércoles hubo movilizaciones en Bariloche.
UNO. La modificación a la Ley de Glaciares finalmente fue aprobada en Senadores, impulsada por el Gobierno a pedido de los gobernadores mineros. A partir de ahora, serán las provincias las que delimiten qué áreas serán protegidas de su explotación industrial. La Libertad Avanza se impuso en la votación junto a la mayoría del Pro y de la UCR, el peronismo de Catamarca y de Tucumán y el heterogéneo bloque de Innovación Federal por sobre el peronismo de Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas y la izquierda.
El resultado era el esperable y evidencia un consenso transitorio (como todo consenso en política) sobre cómo gestionar los recursos naturales en oposición a otros argentinos que los consideran bienes comunes. También pone en discusión el concepto de federalismo incorporado a la reforma constitucional de 1994, que otorga a las provincias el dominio original de los recursos naturales ¿Una provincia puede decidir sobre el caudal de agua que atraviesa a otras provincias? ¿Qué proyecto de nación es posible sobre un país que tiende a ser una confederación? El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ya se presentó en la Justicia para frenar la aplicación de la ley en todo el país, junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Fundación Chadileuvú. Otro grupo de abogados ambientalistas, Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) reúne firmas para también presentarse en la Justicia: quieren impulsar “la demanda colectiva más grande de la historia”.
El resultado evidencia un consenso transitorio sobre cómo gestionar los recursos naturales en oposición a otros argentinos que los consideran bienes comunes. Foto: Pablo Candamil.
DOS. El Gobierno presentó en Senadores su proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que ya se debate en comisiones. El texto modifica varias leyes y códigos y, entre sus objetivos más polémicos, elimina el tope a la compra de tierras adquiridas por extranjeros y las restricciones al uso y venta de tierras incendiadas. Elimina también el artículo que suspende hasta 2032 los desalojos en 1.288.000 barrios registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), donde viven 5 millones de personas. Y el artículo que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación los inmuebles donde se asientan los barrios populares. A cambio propone reemplazarlo por un impreciso régimen de regularización dominial acordado por el Estado Nacional, las provincias y CABA.
Es manifiesta la obsesión del gobierno por erradicar las políticas del Estado que a favor de sectores populares, que denominan colectivistas. Primero degradó la Secretaría de Integración Socio Urbana, órgano ejecutor del RENABAP desde 2019, a rango de subsecretaría y ahora de dirección. Después asfixió el fondo fiduciario que financia la provisión de agua, luz, gas en barrios: sólo quedan disponible recursos para atender el 10% de las obras en ejecución. Días atrás puso fin a Volver al Trabajo, un programa que destinaba $78.000 mensuales a personas con tareas en comedores, merenderos y emprendimientos cooperativos.
Vecinos y vecinas se movilizaron este miércoles al Centro Cívico en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad Privada. Foto: Pablo Candamil.
La discusión del proyecto en el Congreso posiblemente tensione los acuerdos del presidente Milei, porque en 2018, cuando fue aprobada la ley de Barrios Populares, no hubo un solo diputado que la votara en contra. En 2022, cuando fue actualizada, la rechazaron sólo dos diputados libertarios. Los resultados de su implementación revelan que fue una exitosa política de Estado: entregó 868.991 Certificados de Vivienda Familiar para el acceso a luz, agua y gas. Y realizó obras de integración socio urbana en las 23 provincias y en CABA, mediante convenios con 130 municipios, 18 provincias y 160 organizaciones.
TRES. Un informe de la consultora ADHOC reveló esta semana que las denuncias contra Manuel Adorni y $Libra, el caso que involucra al presidente Milei en la estafa de millones de dólares a miles de personas en el mundo, coparon de manera negativa la conversación digital durante todo abril hundiendo la imagen del gobierno. La escribana del jefe de gabinete, declaró en la Justicia que Adorni consiguió comprar su departamento en el barrio porteño de Caballito con 30 mil dólares de adelanto y 12 cuotas sin interés, financiado por dos jubiladas que testificaron no conocerlo. Este jueves, el juez Ariel Lijo, levantó el secreto bancario de Adorni y su esposa, para investigar los movimientos financieros que pudieran probar su enriquecimiento ilícito. Además se conoció a través de información pública sistematizada en el sitio www.cuantodeben.visualizando.ar, del acceso a millonarios créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del Gobierno y diputados. Entre los más voluminosos están los rionegrinos Leandro Massaccesi por 440 millones de pesos y Lorena Villaverde por alrededor 250 millones de pesos. La prensa reveló que el Secretario de Finanzas, Federico Furiase, obtuvo un crédito para comprar su tercera casa cuando en realidad no hay programas destinados a eso.
La realidad otra vez abofeteó el enunciado moral anticasta de Milei que insistió en subrayar que no hubo comisión de delito, aunque no dijo nada sobre el uso de privilegios.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen