La educación de un país, con todas sus medidas y reformas, refleja y apunta al proyecto político e ideológico del mismo. A lo largo de toda la historia argentina, las diferentes reformas educativas- desde la sanción de la constitución en 1853- tuvieron y tienen que ver con el modelo económico, social y político que se lleva adelante en el territorio. Reflexionamos acerca de las políticas educativas a lo largo de la historia y cuál es el modelo del actual gobierno según el proyecto de país que propone.
Retrocedamos a Sarmiento, el gran icono de la educación argentina: construyó escuelas y alfabetizó miles de chicos y chicas en todo el país. En aquel momento, a través de la Ley 1420, la educación pasó a ser responsabilidad del Estado: el mismo se constituye como garante de la educación para todos los ciudadanos y deja de ser patrimonio de la iglesia católica, que tenía el control de la vida social.
Atrás del impulso de Sarmiento estaba la generación del 80´, entre ellos Julio Argentino Roca, que tenía muy claro el objetivo político de la educación. El modelo fundacional de Sarmiento está basado en el positivismo, que era la ideología hegemónica de la clase dominante. El lema era: Orden como principio y Progreso como fin, apuntando a construir un ciudadano moderno con una fuerte identidad nacional. La escuela “argentinizaba”, construía ciudadanía y reducía la diversidad cultural.
La educación como derecho
La reforma universitaria en Córdoba en 1918, puso por primera vez en jaque a la filosofía positivista, se empezó a pensar el conocimiento como un capital simbólico para el ascenso social, donde hasta ese momento tenían acceso solo los sectores dominantes.
La lucha del conocimiento empezó a ser la lucha por la libertad y la democracia con una visión universal del estado del mundo y de la política. Este objetivo social de la educación se profundizó con el Peronismo (1946-1955) donde se puso énfasis en la relación entre el trabajo y la educación, creando así las primeras escuelas técnicas en el país.
La educación estuvo pensada para otro modelo que dejaba de ser el agroexportador y que apuntaba a la industrialización. Con este objetivo claro, que apuntaba al acceso popular a las instituciones escolares, se creó el Ministerio de Educación, se estableció la enseñanza prescolar y se crearon decenas de universidades libres y gratuitas, con la supresión de aranceles y establecimiento de becas. En estos años se incorporaron al sistema educativo 2.870.000 alumnos.
Con el proceso democrático que inicia en el 73 y se corta abruptamente en el ´76 (proceso de reorganización nacional) la educación tiene nuevamente un perfil claramente político: se vio a la educación como peligrosa. Se puso la mirada en lo represivo: a los contenidos, a los libros, a los actos, a las formas. Como dice el doctor en educación Pablo Pineau, el proyecto educacional de la dictadura era represivo, se consideraba que todo hecho social es político, lo político es subversivo, lo subversivo debe ser reprimido.
Para la educación, el terrorismo de estado significó un estricto control y una enorme modificación en la vida de las escuelas. Según las denuncias recogidas por la CONADEP, el 6% de los desaparecidos eran docentes y el 21% estudiantes.
En los años 90´con el menemismo, la educación pasó a ser un servicio de consumo; puesta al servicio del modelo económico neoliberal Según la visión neoliberal y con la mirada controladora de los organismos internacionales (Banco central y FMI) de la efectividad de las políticas públicas, se establecieron las pruebas PISA en America Latina y se consideró que existía una crisis de eficiencia, eficacia y productividad, que había un crecimiento cuantitativo pero no cualitativo, culpa del estado benefactor.
La educación es vista como un gasto excesivo del Estado y pasa a ser un bien al que solo podrán acceder según el mérito y la capacidad de los consumidores.
La ley de Educación Nacional N°26.206 reemplazó a la Ley Federal de Educación de 1993 con el fin de unificar el sistema educativo y garantizar el derecho a la educación como un bien público. Los ejes principales son la inclusión y el estado garantizando ese derecho.
En 1994 se reemplazó la ley 1420 y se estableció la ley N° 24194, ley federal de educación. Se descentralizó la responsabilidad de la educación en manos del Estado nacional y se pasó a las provincias (24 administraciones, sin un eje en común) y agentes privados. El objetivo era adecuar la escuela a la demanda del mercado laboral y disminuir el gasto público.
Algunas décadas más tarde, en el 2006, la Ley de Educación Nacional N°26.206, sancionada ese año bajo el Gobierno de Nestor Kirchner, y vigente hasta el día de hoy, reemplazó a la Ley Federal de Educación de 1993 con el fin de unificar el sistema educativo y garantizar el derecho a la educación como un bien público Los ejes principales son la inclusión y el estado garantizando ese derecho.
Junto con esta ley, se sancionó un paquete de leyes entre 2004 y 2006 que buscaban reconstruir el sistema educativo, garantizar su financiamiento y ampliar derechos. Entre estas leyes se encuentran: La Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075 – 2005 Ley de Educación Técnico Profesional (N° 26.058 – 2005), la ley de Educación Sexual Integral – ESI (N° 26.150 – 2006) entre otras.
Más allá del éxito o no de la implementación, se ve claramente un proyecto político donde el Estado es garante de derechos y el rol de la educación es fundamental para garantizar la movilidad social y disminuir la desigualdad.
La educación como mercancía
En la actualidad, el proyecto de Ley de Libertad Educativa es una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que busca transformar el sistema educativo argentino actual (basado en la Ley 26.206 de 2006) hacia un modelo centrado en la elección de las familias y la desregulación estatal.
El proyecto fue presentado formalmente a finales de 2025 y se incluyó en el informe final del Consejo de Mayo. Actualmente, el borrador (que consta de aproximadamente 136 artículos) está siendo debatido en el Consejo Federal de Educación y comisiones legislativas. Su tratamiento en el Congreso de la Nación se espera para el período legislativo de 2026.
Uno de sus principales ejes son el homeschooling (educación en casa): el proyecto busca legalizar y regular la posibilidad para que los padres o tutores eduquen a sus hijos en el hogar, ya sea por cuenta propia o con docentes particulares. Los alumnos deberán registrarse en un sistema oficial y rendir exámenes periódicos para validar sus conocimientos. Así, coloca al Estado en un rol subsidiario: garante del derecho, pero sin intervenir en la orientación pedagógica de las instituciones. Las escuelas, públicas y privadas, obtienen mayor libertad para definir sus proyectos, reglamentos y hasta la selección de parte de su personal.
Uno de sus principales ejes del proyecto de Ley de Libertad Educativa es el homeschooling (educación en casa).
Este proyecto define claramente el proyecto político de Milei y su intención de reducir la intervención económica y política del Estado a su mínima expresión. Como filosofía defiende que la familia es anterior al Estado siendo ese el orden natural. Considera que el Estado solo busca romper el vínculo filial para que avance el “totalitarismo”. Políticamente también necesita que algún ente o institución -en este caso la familiar- se haga cargo de los que quedan afuera del sistema educativo por no poder acceder a la misma producto de su desfinanciación.
Este proyecto, que se realiza en nombre de la “libertad”, es contario a la tradición liberal sarmientiana, donde se entendía que el Estado debía garantizar ese proceso porque existían factores externos a la voluntad de las familias: su educación, tiempo, recursos y condición social. Se debía hacer para desarrollar un objetivo superior a los individuos y a sus familias actuando como guardián de determinadas relaciones sociales con el fin de asegurar la cohesión social y disminuir la desigualdad.
Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa, en una entrevista para Ámbito Financiero, declaró que la iniciativa del Gobierno “no ofrece, bajo ningún punto de vista, soluciones a los problemas reales que tiene hoy el sistema educativo“, sino que, más bien por el contrario, profundiza varios de los problemas que ya existen”
Como señala el docente, esa posibilidad de ‘elegir qué enseñar’ no es neutra: implica profundizar la segmentación social del sistema educativo. En este esquema, las escuelas pasan a ofrecer propuestas orientadas a atraer a determinados sectores sociales. Las familias dejan de ser consideradas como tales y pasan a ocupar el rol de clientes. “Este parecería ser el nudo central del proyecto”, señala Fravio. “Un modelo que solo puede sostenerse a través de la creación de un cuasi mercado educativo”.
Por Irene Rassetto
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen
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