A casi nueve años del asesinato de Rafa Nahuel en Villa Mascardi, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal redujo las condenas de los cinco prefectos de la Agrupación Albatros que habían sido declarados responsables por su muerte.
Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García no irán a prisión y tampoco tendrán la inhabilitación para integrar fuerzas de seguridad. Para la familia, que durante el juicio reclamó una pena mucho mayor, la decisión vuelve a alejar la posibilidad de obtener justicia.
Rafa Nahuel tenía 22 años cuando murió el 25 de noviembre de 2017 durante un operativo de Prefectura Naval en Villa Mascardi, Río Negro, PuelMapu. El joven pertenecía a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. En 2023, el Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a los cinco integrantes del Grupo Albatros por el homicidio agravado por el uso de armas de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa. Sergio Cavia fue considerado autor material del disparo que provocó la muerte de Nahuel, mientras que Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García fueron considerados partícipes necesarios.
Las penas iniciales fueron de cinco años de prisión para Cavia y cuatro años y seis meses para los otros cuatro prefectos, además de inhabilitaciones especiales para ejercer funciones vinculadas a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, esas penas fueron posteriormente revisadas y el Tribunal Oral Federal de General Roca volvió a fijarlas en febrero de 2026. Ahora, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a modificar el resultado.
Los cinco condenados no irán a prisión
Los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci hicieron lugar a los recursos presentados por las defensas y redujeron las penas. Sergio Guillermo Cavia recibió tres años de prisión en suspenso. Juan Ramón Obregón fue condenado a dos años y seis meses. Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa recibieron dos años y tres meses, mientras que Sergio Damián García recibió dos años. Todas las penas son de ejecución condicional, lo cual implica que ninguno de los cinco cumplirá prisión efectiva.
Además, Casación eliminó las inhabilitaciones especiales que les impedían desempeñarse en determinados cargos vinculados con las fuerzas de seguridad. El tribunal justificó la decisión a partir de factores como la ausencia de antecedentes, las condiciones personales de los condenados y la valoración individual de la conducta de cada uno.
La decisión resulta especialmente grave para quienes llevan años reclamando justicia por Rafa Nahuel. Después de casi una década, la respuesta judicial no solo no alcanzó las penas reclamadas por la familia y las querellas, sino que terminó reduciendo incluso las condenas que ya habían sido dictadas.
Durante el juicio, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había solicitado prisión perpetua para los cinco prefectos acusados por la muerte de Rafita. Llega a ser escandaloso. Mientras la querella reclamaba una sanción acorde con la gravedad que atribuía al hecho, la Justicia terminó estableciendo penas de entre dos y tres años, todas en suspenso.
El caso atravesó casi nueve años de decisiones, revisiones y nuevas instancias judiciales. En ese recorrido, la responsabilidad penal de los cinco prefectos se mantuvo, pero las penas fueron objeto de sucesivas discusiones hasta llegar a la resolución actual.
Para la familia de Rafa Nahuel, el problema no es solamente la cantidad de años fijados por un tribunal. Es también el mensaje que deja una causa en la que un joven de 22 años murió durante un operativo de una fuerza federal y, casi nueve años después, ninguno de los agentes condenados tendrá que cumplir una pena efectiva.
Justicia para Rafa Nahuel
La muerte de Rafael Nahuel quedó vinculada a uno de los episodios más graves de violencia estatal ocurridos en la Patagonia-WallMapu durante los últimos años. Su nombre se convirtió en una referencia para la comunidad mapuche y para organizaciones que reclaman el respeto de los derechos humanos frente a los abusos de las fuerzas de seguridad y la defensa de los territorios por un buen vivir.
El fallo de Casación vuelve a poner ese reclamo en el centro. La Justicia reconoció la responsabilidad penal de los cinco prefectos, pero ahora redujo las penas y eliminó la inhabilitación especial. Aun así, la causa todavía no está completamente cerrada ya que las partes pueden intentar llevar la discusión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras tanto, la familia de Rafa Nahuel continúa reclamando justicia. Después de casi nueve años, el pedido sigue siendo el mismo: que la muerte de un joven de 22 años no quede reducida a una condena que, en los hechos, no implica cárcel para ninguno de los responsables.
Para su familia, el tiempo transcurre acompañado por una herida que no se cierra. Para los cinco prefectos condenados, la última decisión judicial significó menos años de pena y el derecho a continuar sin una condena efectiva. La búsqueda de justicia por Rafa Nahuel todavía continúa.
Por Inara Ocampo Rodríguez
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen