La Municipalidad contrató a la empresa rionegrina para reemplazar el sistema tecnológico que provee la Universidad Nacional de La Plata. Sin embargo, la resolución del Intendente Cortés no establece qué función tendrán las cooperativas que en la actualidad gestionan el servicio. Desde el Ejecutivo aseguraron que los puestos laborales continuarán, no obstante crecen los reclamos por la falta de información.

El acuerdo con ALTEC contempla el software de gestión y control, lectores de patentes y un sistema de inspección vehicular equipado con cámaras.

La incorporación de la empresa ALTEC al Sistema de Estacionamiento Medido de Bariloche abrió un interrogante sin respuesta formal: ¿Qué funciones pasarán a cumplir las más de 160 personas que trabajan en las cinco cooperativas que operan el servicio?

El intendente Walter Cortés firmó el 25 de agosto la Resolución 2868/2026, que establece un contrato con ALTEC para proveer por tres años el sistema de tecnología del cobro y control del estacionamiento medido. El convenio comenzaría a implementarse a partir de fines de octubre y desplazaría el sistema de tecnología desarrollado por la Universidad Nacional de La Plata que funciona en varias ciudades argentinas, en Bariloche desde hace 14 años.

El acuerdo con ALTEC contempla el software de gestión y control, lectores de patentes y un sistema de inspección vehicular equipado con cámaras. También establece un esquema de pago que combina el 10 por ciento más IVA de la recaudación bruta o un mínimo mensual equivalente a 5000 litros de nafta súper, hoy valuado en más de 9 millones de pesos. En contraposición, la Universidad de La Plata recibe actualmente sólo el 4% de la recaudación bruta.

Pero en el texto de la resolución no aparece definido el rol que pasarán a cumplir Kata Wain Nehuen, Ebenezer, Liwen, Nuevos Caminos y Encuentro, las cooperativas que realizan el cobro y control en las calles. Este vacío es el que genera preocupación entre los trabajadores y las organizaciones vinculadas al sistema que, desde sus inicios en 2012, constituyó una oportunidad de inserción laboral para cientos de barilochenses, con prioridad para jefas de hogar solteras con hijos.

“El Sistema de Estacionamiento vigente comprende el funcionamiento de la Mesa de Gestión y Seguimiento. Participan funcionarios ejecutivos, las cooperativas de trabajadores involucrados, concejales y las organizaciones sociales que fundamos el sistema. Fue creada por ordenanza, pero no viene siendo convocada. En este vacío de diálogo es donde crece la incertidumbre total de más de 160 trabajadores”, expresó Alejandro Palmas, de Patria Grande.

El asesor del intendente Agustín Domingo explicó al Diario Río Negro que la decisión no barrerá con los puestos de trabajo de las cooperativas. También el intendente Walter Cortés sostuvo en Radio 6 que la incorporación de ALTEC no implicará despidos.

La falta de información también pone el foco sobre el funcionamiento de la Mesa de Gestión y Seguimiento del SEM. La normativa municipal establece que esa mesa tiene entre sus funciones evaluar el desempeño de las cooperativas y resolver eventuales divergencias vinculadas con la implementación del estacionamiento medido. Desde las cooperativas aseguran que ese ámbito dejó de ser convocado y reclamaron información detallada sobre el contrato con ALTEC y su impacto sobre las tareas que desarrollan actualmente.

Las cooperativas reclamaron información detallada sobre el contrato con ALTEC y su impacto sobre las tareas que desarrollan actualmente.

El concejal de Incluyendo Bariloche, Leandro Costa Brutten, presentó el Proyecto de Ordenanza 698-26, elaborado junto a las cooperativas, que ratifica el régimen vigente. La iniciativa plantea que la incorporación o sustitución de sistemas tecnológicos, operadores de software, empresas recaudadoras o prestadoras no puede implicar la sustitución o desplazamiento de las cooperativas. También establece que cualquier modificación de su participación económica debería realizarse mediante una ordenanza del Concejo Deliberante y no una simple resolución.

El proyecto propone, además, que el 80% de la recaudación bruta corresponda a las cooperativas y el 20% al Estado municipal (hoy esa relación es de 70 – 30) junto con una actualización trimestral del precio del servicio de acuerdo con la variación acumulada del IPC. También mantiene una garantía económica para las cooperativas, con un monto de retribución global mínimo equivalente a 190 salarios mínimos.

Otro punto importante, impulsado por las cooperativas, es que la falta de acreditación del pago correspondiente del servicio será considerada un incumplimiento, lo que habilitará la intervención de los inspectores municipales competentes.

Por Redacción

Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen

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