Sin brotes verdes a la vista, el Gobierno sigue apostando a la batalla cultural, que esta semana se llevó puesto al INTI. Cruje el PAMI: sonido ambiente de una crisis anunciada.
Uno. Un trabajador no puede cobrar menos de $2.802.755. A esa conclusión llegó el frente de sindicatos combativos que integran los obreros metalúrgicos de la UOM, aceiteros, pilotos aeronáuticos, papeleros y los estatales de ATE. Lo hizo público después de que el INDEC difundiera el 3,4% de inflación de marzo y ubicara la Canasta Básica Total para dos adultos y dos chicos en $1.434.464. Asesorado por los investigadores del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, el FreSU (Frente de Sindicatos Unidos) desglosó que esos casi 3 millones de pesos se componen de alimentos (20%), transporte y recreación (20%), vivienda (20%) y el resto en salud, educación, previsión social y vestimenta. A ese índice salarial -muy alejado del promedio global de trabajadores formales e informales- no le sobra nada. En el detalle, el frente gremial informó que cada trabajador del sector privado perdió en promedio $2.274.545 durante la gestión actual, y cada uno del sector público, $11.917.049.
La analista Mora Jozami, que integró los equipos de comunicación del gobierno de Macri, creó el Índice de Irascibilidad Social (IDI): un registro mensual del estado de ánimo de la sociedad argentina a partir de variables como la capacidad de consumo y la aprobación de la gestión presidencial. El último IDI perforó el piso de febrero: cayó cinco puntos y se ubicó en -19, el valor más bajo desde el inicio de la serie, hace dos años. El Gobierno lo sabe. Por eso el presidente Milei pidió paciencia la semana pasada, y el ministro Caputo auguró este lunes que los próximos 18 meses serán los mejores que haya visto la Argentina en las últimas décadas. Se apela a la esperanza, pero sin indicios de brotes verdes. Se apuesta a la reconversión productiva, al crecimiento de industrias como el petróleo, los minerales y el campo, que sin embargo por ahora no logran absorber la mano de obra desocupada.
Dos. Desde que asumió la gestión libertaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) pasó de contar con 3100 trabajadores a 2400. El organismo ofrece transferencia tecnológica, asistencia técnica, ensayos de materiales y certificación de productos a empresas. Esta semana, a través del Boletín Oficial, el Gobierno dio de baja más de 900 de esos servicios. El ministro Sturzenegger sostuvo en X que la decisión se tomó porque existen compañías privadas que también los ofrecen.
Esta semana, a través del Boletín Oficial, el Gobierno dio de baja más de 900 de esos servicios. Foto: Anred
La bioquímica y trabajadora del INTI Bariloche Paloma Elena desmiente esa idea: “En muchos casos, directamente no hay otros oferentes en el país para reemplazar lo que hace el INTI. En otros, los ensayos pasan a manos de laboratorios privados o de las propias empresas que producen. El resultado es claro: menos controles o controles más caros. Esto tiene un impacto directo sobre las pymes, a las que se les dificulta el acceso”, dice a Al Margen.
La sede del INTI Bariloche ofrece asistencia técnica y deriva servicios a otras sedes del organismo en el país: ensayos de productos de la industria del chocolate, detección de componentes tóxicos en paneles de construcción, calibración de distintos instrumentos de medición. Un ingeniero en alimentos de la ciudad cuenta que la chocolatería para la que trabaja a menudo contrata tanto al INTI como a privados, pero que el servicio estatal suele ser más completo. Entre los servicios que alguna vez adquirió y fue dado de baja se encuentra el análisis del poder de hinchamiento del gluten.
Tres. Hace un mes, en una sala de espera, una mujer y su marido —vestido muy campero— conversaban con un oftalmólogo que les explicaba que no podría atenderlos por un problema con la obra social. La pareja, resignada, terminó yéndose. Podría haber sido cualquier obra social: sus restricciones hoy son moneda corriente. El sistema cruje, es cierto. ¿Pero no es posible evitar que quienes más lo necesitan paguen los platos rotos?
El servicio de oftalmología del PAMI, la principal obra social del país, permanece interrumpido en la provincia desde principios de abril. La caída de prestaciones es habitual: hay profesionales que atienden hasta un número limitado de pacientes, hay topes para la realización de estudios y la provisión de lentes. Este mes, además, muchos afiliados quedaron sin cobertura de medicamentos: al recibir un aumento de haberes, superaron el techo establecido para acceder a ellos, y se eliminaron otras drogas del vademécum, entre ellas paracetamol, vitamina D3 y protectores gástricos. Algunas ya ni siquiera tienen descuento.
Desde hace unos días, el personal de PAMI tampoco está habilitado a entregar gratuitamente gasas ni vendas. La evaluación de un tratamiento oncológico puede demorar 30 días; otras enfermedades graves, aún más. Hay demoras de hasta dos años en la entrega de bastones, sillas y camas, y de cinco meses en reintegros. Los laboratorios comenzaron a cobrar un gasto administrativo de entre $7000 y $9000 por paciente. El Colegio de Farmacéuticos de Río Negro advirtió que desde Buenos Aires se enviaron esta semana solo 2520 vacunas antigripales para 102.500 afiliados en la provincia: a ese ritmo, la campaña podría extenderse hasta febrero.
Los médicos de cabecera del PAMI en Bariloche realizaron un paro. El organismo pasó a pagarles $2500 por consulta, frente a un honorario que los profesionales fijan, como mínimo, en $40.000.
Este jueves y viernes, los médicos de cabecera del PAMI en Bariloche realizaron un paro. El organismo pasó a pagarles $2500 por consulta, frente a un honorario que los profesionales fijan, como mínimo, en $40.000. Moira Laiolo, presidenta del Colegio Médico de Bariloche, explicó a Al Margen que esta situación se suma a otras irregularidades, como pagos a 90 días sin actualización. De los 25 médicos que había en la ciudad para 20.000 afiliados, hoy quedan 24 tras una renuncia presentada esta semana. El lunes por la noche, el Colegio volverá a reunirse para definir los pasos a seguir.
El ministro de Salud, Mario Lugones, describió recientemente fallas estructurales del sistema sanitario: una población adulta cada vez mayor, menos trabajadores en blanco y una población joven en retroceso. Un cuello de botella que también se observa a nivel global. Esta misma semana, los afiliados a la obra social de la Provincia de Buenos Aires también se quedaron sin oftalmólogos y la CGT advirtió que el sistema solidario de obras sociales está al borde del colapso, ante la imposibilidad de los sindicatos de sostener siquiera el Plan Médico Obligatorio. Pareciera que sobran problemas pero faltan ideas.
El sistema cruje, es cierto. ¿Pero no es posible evitar que quienes más lo necesitan paguen los platos rotos?
El sistema público tampoco escapa a la crisis. En Río Negro, en medio del conflicto con trabajadores hospitalarios por el techo impuesto al pago de horas extras, renunció días atrás el secretario de Salud, Sergio Whisky, y en las últimas semanas dimitieron los directores de hospitales clave como los de Bariloche, Viedma, Cipolletti, Fernández Oro y Maquinchao. Cambios que reflejan una deficiencia evidente.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen