Con la derogación presentada por Sturzenegger el Gobierno Nacional busca eliminar la norma que fija un precio uniforme de venta al público para cada libro, incentivando el cierre de librerías, la pérdida de puestos de trabajo y la concentración del mercado en pocas manos.
El gobierno de Milei quiere acabar con la Ley Nacional 25.542 de Protección de la Actividad Libreta, que se constituyó con el fin de establecer un precio mínimo por libro y de esa forma resguardar y salvar a las librerías pequeñas y medianas de las prácticas abusivas que aplican las grandes cadenas. Las razones que esgrimen desde la Casa Rosada: libre comercio, desregulación, descuentos para quien compre libros (con la Ley vigente ya se pueden aplicar) y liberación de stock (spoiler: es falso). Lo que omiten: concentración del mercado, cierre de librerías, pérdida de empleos, y destrucción de la diversidad de libros.
¿De qué va la Ley y qué dice la letra chica?
La Ley Nacional N° 25.542, conocida comúnmente como “Ley del Libro”, rige desde finales de 2001, año en el que fue votada y aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Nación.
Pero, ¿cuál fue el precedente que propició la norma? En los 90’, de acuerdo a una entrevista realizada por Nicolás Sturtz (Infobae, 13 de julio de 2026) “los supermercados comenzaron a vender los títulos más populares por debajo de su costo para atraer clientes, una práctica que afectó seriamente a las librerías más pequeñas y derivó en el reclamo de una regulación específica.” Está estrategia comercial se llama “Dumping”, es utilizada por las cadenas o multinacionales con más poder en un determinado sector (en este caso, el de los libros) y lo que busca es arruinar la competencia para concentrar el mercado y a mediano plazo lograr ganancias superiores a costa de puestos de trabajo, bibliodiversidad (en este caso) y el bolsillo de les consumidores.
Finalmente, el 27 de noviembre de 2001 se sancionó la Ley que en su artículo 1° estipula que “Todo editor, importador o representante de libros deberá establecer un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe.” Esto último quiere decir que el Estado no es quien fija el precio de ningún libro. Y también se podría decir que prácticamente la Ley no representa “déficit” de ningún tipo para el Estado. Habría que definir “déficit” por supuesto, más si se mira con el filtro de la motosierra, pero en términos relativos son insignificantes las erogaciones que se hacen bajo está normativa.
Es digno mencionar que la Ley nació con 32 artículos y 8 capítulos, tres de ellos (el III, el IV y el V) tienen los objetivos que señalan sus títulos: “Fondo Nacional de Fomento del Libro y La Lectura”, “Fomento de la industria editorial”, y “Fomento de la demanda editorial y de los hábitos de lectura”. Tienen propósitos valorables pero implican plata.
El primer capítulo (el III) recibiría para su constitución y sostenimiento una partida que destine anualmente la Ley de Presupuesto de la Nación o asignaciones de programas asociados como los ejecutados mediante la CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), pero lo cierto es a lo largo de 25 años esto ha sido muy irregular y no se cuenta con información pública centralizada a partir de la cual hacer un fácil seguimiento.
De todas formas, trascienden gestos (el1digital.com, abril de 2026) como el anuncio de la Secretaría de Cultura de la Nación de una inversión de 2.300 millones de pesos para el programa Libro%, en articulación con la CONABIP, lo cual significa un aumento del 50% en relación al año anterior. Según el diario digital Ámbito (29 de abril de 2026), solo “Javier Milei ya gastó más de $4.700 millones en viajes al exterior en lo que va de su mandato”. Bueno, matemática de primaria de por medio, Milei gasta más del doble en viajes a EEUU para acosar a Trump que la supuesta inversión en el programa Libro%.
El capítulo IV titulado “Fomento de la industria editorial” deja claro desde un inicio que “la producción y comercialización de libros estará exenta del Impuesto al Valor Agregado en todas sus etapas” y también señala que “la exportación e importación de libros y complementos estará exenta de todo impuesto, tasa o gravamen”. Con la derogación de la Ley 25.542 el Gobierno Nacional puede cambiar esto discrecionalmente sacando de la galera su carta favorita, la de déficit fiscal.
Y como si esto fuese poco, con la derogación de la “Ley del Libro” el Estado no se vería obligado a cumplir lo que determina el capítulo V de la misma titulado “Fomento de la demanda editorial y de los hábitos de lectura”. En él la Secretaria de Cultura se compromete a promover “la formación de hábitos de lectura mediante campañas educativas e informativas” o a desarrollar concursos literarios, exposiciones y ferias. La difusión del conocimiento y de la cultura se verían por lo tanto recortadas, a lo que se suma presupuestos en educación moribundos.
La experiencia en otros países está en contra del relato de Milei
Efectivamente, este tipo de propuestas ya acontecieron en otros países y los resultados dejan mucho que desear. Lo que promociona el Gobierno Nacional y usa como pantalla es que la eliminación del precio fijo por libro abarataría su valor final a la hora de comprarlo. Libros más baratos, consumidores más felices. Pero la realidad no es tan lineal.
Hoy en día existen normativas que obligan a tener precios fijos en muchos países y de distinto color político, entre ellos Alemania (Ley BuchPrG), Francia (Ley N° 81-766 de 1981, también conocida como “Ley Lang), España (Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas), Noruega (se rige por convenios colectivos entre editores y libreros), e Italia (Ley Levi de 2011).
Estás leyes extranjeras son semejantes a nuestra “Ley de Libros” y tienen el propósito de proteger al libro como un bien cultural y sostener la red de pequeñas y medianas librerías independientes frente a grandes cadenas o gigantes de Internet. Y después están los países como EEUU y Reino Unido. En este último rigió el Net Book Agreement hasta los años 90’ cuando fue dado de baja y en lo inmediato“los bestsellers se abarataron en los supermercados tal como se había prometido” (Ahora Calafate, 26/07/26). En las dos décadas siguientes terminó cerrando más de la mitad de las librerías independientes británicas, “el mercado se concentró primero en un par de cadenas y después en Amazon, y los precios promedio, una vez raleada la competencia, no bajaron: subieron”.
¿Por qué derogarla?
El objetivo no es otro que fundir conscientemente decenas de librerías y dejar en la calle cientos de trabajadores. En nuestro país, con datos actualizados a la fecha de acuerdo al Sistema de Información Cultural de Argentina, existen 1598 librerías que pueden reducirse a unas cientos si se elimina la norma. Por otro lado, la Cámara Argentina del Libro señala que en el país existen más de 500 editoriales pequeñas y medianas.
Si se deroga la ley ocurrirá una “Wallmartización” del sector, un efecto bien conocido en EEUU. Sin regulaciones las librerías y editoriales no tendrán manera de competir con las grandes cadenas porque lisa y llanamente no parten de la misma base. De esa forma, se instalará un gigante en X ciudad, reducirá los precios para cubrir costos o directamente venderá a pérdidas (“Dumping”), aniquilará la competencia, eliminará la bibliocultura característica del territorio (chau libros locales, chau literatura patagónica), y una vez hegemonizado el mercado aumentará los precios para ganar más.
También es falso lo que señala el Gobierno Nacional de que las librerías tengan en stock ingentes cantidades de libros sin vender. Lo cierto es que muchas veces las librerías trabajan en conjunto con las editoriales a través de la consignación. Las editoriales les dan a las librerías cierta cantidad de libros, los que se venden perfecto y los que no se devuelven sin costo. Con el sistema actual nadie sale perdiendo.
Y si el problema fuese el precio de los libros se podría ajustar en otros eslabones de la cadena. Una política pública en ese sentido sería intervenir la industria del papel argentina abduciendo prácticas monopólicas debido a que hoy existe un duopolio formado por Ledesma y Celulosa Argentina. También abaratar el transporte ayudaría a reducir el costo final de los libros, por lo que aprovechar las redes de distribución estatal no sería una mala estrategia, todo lo contrario.
Las compras masivas de libros por parte del Estado también podrían contribuir en ese sentido, y podrían proveer a las bibliotecas populares. Fomentar la digitalización para reducir la dependencia del formato físico también podría ayudar, además de a la reducción del precio final de los libros, a la democratización y al acceso generalizado de la cultura. Pero si desde un inicio enarbolaron una motosierra, nunca se trató de mejorar o construir.
Nada es fortuito
La Ley no representa un gasto para el Estado, el Estado no es quien fija el precio único que estipula la Ley, y países donde se han aplicado desregulaciones semejantes no han tenido buenos resultados. Si el interés estuviese en el mayor acceso a los libros se podría poner el ojo en otras aristas y potenciar los mecanismos que ya están vigentes con la Ley, como lo es el “Fondo Nacional de Fomento del Libro y La Lectura” y la educación en general. Potenciar otra cantidad de leyes que hacen al caso, como la Ley Nacional N°25.446, y fortalecer la educación en todos los niveles animando a desarrollar hábitos de lectura desde corta edad. Una escritora local señalaba que “esto está diseñado para que las multinacionales manejen el pensamiento de la humanidad, que leamos lo que ellas quieran”.
No tienen un interés genuino en la cultura argentina, como tampoco en la propagación de conocimientos y saberes, el incentivo del pensamiento crítico y la capacidad cognitiva. Cuanto menos leamos, más ignorantes somos, y por lo tanto más fácilmente manipulables nos volvemos.
Lejos de ser una apreciación subjetiva, el sitio web oficial del gobierno de los Estados Unidos llamado National Library of Medicines publicó en 2025 el artículo “Predicción de creencias políticas con puntuaciones poligénicas para el rendimiento cognitivo y el logro educativo.” Luego de evaluar a integrantes de 300 familias se constató que, y el Gobierno de Milei y la ultraderecha internacional lo sabe, cuánto mayor es el índice de inteligencia de una persona mayor es su tendencia al liberalismo social (en criollo, “ser de izquierda”) y menor su tendencia al autoritarismo.
Para pensar, ¿no?
Inara Ocampo Rodríguez
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen
Algunas referencias:
- el1digital (24 de abril de 2026). La Secretaría de Cultura de la Nación anunció una inversión para el programa Libro%. el1digital. https://www.el1digital.com.ar/cultura/la-secretaria-de-cultura-de-la-nacion-anuncio-una-inversion-para-el-programa-libro/
- J. Zanotti Gonzalo (29 de abril de 2026). Javier Milei ya gastó más de $4.700 millones en viajes al exterior en lo que va de su mandato. ámbito. https://www.google.com/amp/s/www.ambito.com/politica/javier-milei-ya-gasto-mas-4700-millones-viajes-al-exterior-lo-que-va-su-mgandato-n6272399/amp