Ante el recambio de 2 miembros del Superior Tribunal de Justicia rionegrino empiezan a escucharse voces que piden por paridad de género y perspectiva indígena en el tribunal. Traemos esas voces en esta nota.
Hace algunos días, el Consejo Grande de la Magistratura aceptó las renuncias de los jueces Adriana Zaratiegui y Enrique Mansilla quienes eran parte del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. De esta manera, quedaron libres dos vacantes que deberán ser elegidas el próximo 30 de junio para de esta manera sumarse a quienes actualmente lo conforman: Ricardo Apcarián, Sergio Barotto y Liliana Piccinini.
Varios debates comenzaron en las filas de la oposición en torno a quiénes deberían/ tendrían que ocupar esos cargos. Compartimos una mirada feminista y una basada en derechos de pueblos indígenas.
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia es la última instancia a la que recurrir antes de llevar un caso a la Corte Suprema de Justicia. Es un ámbito en el que se disputa mucho poder. De ahí, la importancia de dicha selección. El arco político rionegrino tiene sus miradas puestas en dicha selección que estará a cargo del Consejo de la Magistratura de Río Negro.
Actualmente el Consejo está presidido por la gobernadora Arabela Carreras e integrado por los y las legisladoras Facundo López (JSRN), Norberto Blanes (JSRN), Sebastián Caldiero (JSRN), Elbi Cides (JSRN), Alejandro Marinao (FdT), Pablo Barreno (FdT), Marcelo Mango (FdT), y las legisladoras Silvia Morales (JSRN), Claudia Contreras (JSRN), Soraya Yahuar (JSRN), Julia Fernández (JSRN) y Alejandra Mas (FdT). Además de 12 abogados/as (3 por cada una de las cuatro Circunscripciones Judiciales: Roca, Cipoletti, Viedma y Bariloche). En total: 25 miembros.
Hay varios nombres dando vuelta, la mayoría cercanos al partido oficialista que tal como se pudo ver, tienen mayoría a la hora de elegir. Por lo tanto, se habla de una elección política más allá de todo, que deja al descubierto y pone en agenda temas que están íntimamente vinculados a una revisión sobre qué se quiere, qué se espera del sistema judicial rionegrino.
El panorama quedará más claro el próximo 28 de mayo, fecha de cierre de los y las interesadas. Mientras tanto surgen debates en torno a quiénes deberían o tendrían que ocupar esos cargos.
La posibilidad de ser ejemplo a nivel nacional
Desde el Frente de Todos de Rio Negro plantean una mirada muy interesante en estos tiempos que corren que va en línea con uno de los principales reclamos del movimiento feminista nacional para este año: un sistema judicial con perspectiva de género. “Necesitamos que el STJ de rio negro sea el primero del país con mayoría de mujeres”, dijo la ex concejala del espacio, Ana Marks, en diálogo con Al Margen.
“La provincia de Rio Negro está atravesando hoy un proceso de selección de autoridades judiciales y pensar en esta gran necesidad que tenemos a nivel nacional de las reformas judiciales, de la incorporación de la perspetiva de género en el Poder Judicial en general y por supuesto en particular en nuestra provincia, nos abre esta enorme posibilidad que hoy tenemos. Si existe la decisión de parte de quienes hoy tienen la responsabilidad de definir la cobertura de las vacantes de proponer a dos mujeres, estaríamos encabezando y teniendo en Rio Negro el primer Tribunal Superior de Justicia con mayoría femenina. Esta selección está en manos del Consejo de la Magistratura. Es importante tener en cuenta que tampoco tenemos paridad en ese consejo y que tenemos que trabajar en todos los ámbitos que forman parte de la toma de definiciones”, agregó Marks.
Consultada sobre las posibilidades concretas de que esto ocurra Marks dijo estar preocupada por las declaraciones que brindó días atrás la gobernadora Carreras cuando en declaraciones a la prensa dijo que “hay que priorizar la idoneidad por sobre el género”. “Esta frase que parece simple y de sentido común, esconde también de alguna manera la negación de la idoneidad de las mujeres. Plantear que tenemos que priorizar idoneidad por sobre genero esconde la idea de que no tenemos las mujeres idóneas para ocupar esos cargos. Claramente nosotros pensamos completamente distinto”, dijo.
Marks opinó que “hay mujeres con capacidad técnica para asumir esta enorme responsabilidad, sabemos que hay mujeres con vocación de hacerlo y sabemos además que, si son mujeres y además esas mujeres tiene perspectiva de género, cada espacio que es ocupado y conquistado por mujeres con perspectiva de género mejora el sistema en general. No solamente no coincidimos con la gobernadora en este planteo, sino que nos preocupa que sea esto lo que este mirando el Ejecutivo provincial solamente. Obviamente que creemos que quienes ocupen esos lugares importantes en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia por supuesto que tiene que tener la idoneidad, la formación, la honestidad y la trayectoria necesaria para ocupar este cargo de jerarquía pero sabemos que las hay mujeres y que entre ellas tiene que estar priorizadas esta selección para de alguna manera ir quebrando estas exclusiones históricas que hacen que hoy tengamos un sistema judicial a nivel nacional absolutamente masculinizado”.
En relación a ello, algunos datos para tener en cuenta del último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: sólo un 31% de mujeres se ubican en la cumbre de la pirámide judicial, contra el 69% que son hombres. Por el contrario, en los puestos de baja jerarquía, tenemos el 60% de mujeres y el restante son varones.
“Estamos hablando de que esta perspectiva de género que necesitamos es la que va a hacer que el Poder Judicial pueda tener fallos con perspectiva de género y eso implica contemplar las históricas exclusiones y desigualdades que tenemos las mujeres y los colectivos de diversidad y disidencia y entonces poder fallar contemplando esas exclusiones. Esto lo necesitamos urgente porque si no tenemos perspectiva de género en el Poder Judicial es muy difícil, casi imposible que podamos tener justicia plena y con acceso a derechos”, dijo.
Por su parte, el Colegio de Magistrados/as y Funcionarios/as de Río Negro reclamó que al menos una de las vacantes sea ocupada por una mujer. «Hay que asegurar una composición mixta que evite la perpetuación del techo de cristal», destacaron en un escrito.
Perspectiva indígena
¿Qué hay sobre la perspectiva de derechos de pueblos originarios?
Matías Schraer, integrante de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena, también fue consultado por Al Margen sobre esta selección. Rio Negro y la Patagonia en general tienen una larga trayectoria en torno a conflictos con pueblos originarios mal resueltos y un desempeño judicial que da mucho que hablar.
¿Qué hace falta para garantizar los derechos de los pueblos indígenas? ¿Qué se debería tener en cuenta a la hora de elegir a esos jueces o juezas para que las comunidades puedan tener acceso a la justicia?
Schraer sostuvo que desde su espacio no tienen posibilidad de llegada a esos lugares de selección, quienes están encargados o encargadas de esa enorme tarea deberían hacerlo teniendo en cuenta que para “ocupar tan importantes cargos, es necesario apartarse de una mirada mono cultural de la justicia y de la sociedad. Entender que hay otras realidades que son la de los pueblos originarios. Debería exigirse una formación o una trayectoria en derechos humanos que incluyen a los derechos de pueblos originarios, capacitaciones”.
“En la provincia está habiendo mucho conflicto con comunidades. Desde la política no hay soluciones y desde el Poder judicial lo único que hubo hasta el momento es represión y criminalización de la protesta de los pueblos y comunidades mapuches. La expectativa es que esto cambie, que desde la Justicia se propongan métodos alternativos para la resolución de los conflictos, que se abran espacios de dialogo y que no se actué con las herramientas de la criminalización, del desalojo y la represión. Es una esperanza. Quizás soy un poco naif, pero es lo que espero” dijo el abogado.
Desde hace años, la Asociación denuncia “falta de respuesta y compromiso de los Ministerios Públicos Fiscales de la provincia, del Superior Tribunal de Justicia y del Poder Ejecutivo por no modificar la política criminal racista en Río Negro”. Han solicitado al “Procurador General la creación de una Fiscalía temática o especializada y capacitación a los funcionarios”. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta.
“A pesar de existir denuncias formales de los Mapuche éstas no se investigan ni se adoptan medidas protectorias”, sostuvo Schraer. “Nuestra Asociación advierte con preocupación cómo el sistema judicial de Río Negro privilegia la propiedad privada en detrimento del territorio de ocupación tradicional indígena. En su práctica avala así los desalojos forzosos contra las comunidades indígenas, prohibidos por el Convenio 169 de la OIT y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, así como por la ley 26.160 y sus prórrogas. La inacción estatal beneficia a los sujetos poderosos que reiteran sus incursiones intimidatorias, destruyen y se apropian de los bienes, cercan territorios y violentan las personas de las y los integrantes de las Comunidades Mapuche”, puntualizó.
Por Luciana Avilés
Fotos: Euge Neme
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
