Lino Barañao sigue defendiendo los intereses de Monsanto desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora presiona para que el INPI, que rechazó patentar la soja transgénica, acepte la patente y así Monsanto pueda cobrar sus regalías sin problemas.
La continuidad del único Ministro entre la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y la de Mauricio Macri no fue sorpresiva para quienes seguimos el desarrollo del avance de las corporaciones biotecnológicas en Argentina. Lino Barañao fue siempre un acérrimo defensor de Monsanto pero además, y esto es mucho más grave, un freno para todas las denuncias de los daños que las corporaciones provocan a la salud socioambiental en nuestro país. Por lo tanto su continuidad expresaba claramente la continuidad y profundización del modelo inaugurado en el año 1996 con la introducción de la soja transgénica.
Ahora Lino Barañao vuelve a la carga para defender los intereses de la multinacional intentando esta vez torcer el brazo del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que ya rechazó el intento de Monsanto de patentar la soja transgénica.
La función del INPI está claramente expresada en su Sitio Web y es “Otorgar títulos de propiedad sobre Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Marcas, Modelos y/o Diseños Industriales, a todas las personas que lo soliciten y cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente”. A partir de estos principios el INPI rechazó el pedido de patente a Monsanto tal como hace unos meses lo comunicó la misma Sociedad Rural Argentina (3) que consultó al INPI y recibió un pormenorizado informe exponiendo que Monsanto no tiene la patente.
Pero para que no quepan dudas la ONG Naturaleza de Derechos difundió hace pocas semanas los detalles de un proceso judicial iniciado a partir de que el INPI rechazó la solicitud de Monsanto del año 1995 para patentar la soja rr. El INPI planteó en sus considerandos que la misma era improcedente dado que la molécula de ADN recombinante y las células modificadas no constituyen una invención porque son materia viva y preexistente en la naturaleza, o bien, “material biológico y genético o su réplica”.
Ante la decisión administrativa del INPI, Monsanto recurrió a la justicia en el año 2007 solicitando la nulidad de esta resolución administrativa. En primera instancia la justicia fallo a favor de Monsanto, pero esa decisión judicial fue apelada por el INPI que motivó el fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial revocándola. La Cámara fue contundente en el rechazo, señalando que la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud, es materia no incluida en el amparo que brinda el sistema de patentes, por no cumplir las previsiones establecidas en la ley (4). Claramente: los transgénicos no pueden ser patentados en Argentina.
Pese a ello, nuevamente comenzó a operar el Ministro Barañao cuando se profundizó el conflicto entre Monsanto y los productores de soja por la intención de la corporación de cobrar regalías por la soja cosechada haciendo análisis en los puertos. En una entrevista a la Agencia Bloomberg días pasados Barañao afirmó que: “La cuestión de Monsanto es muy particular dado que la Argentina todavía no ha otorgado a la compañía la patente para Intacta….La decisión final debe salir pronto, pero no estoy seguro de que esto vaya a ocurrir para la cosecha 2015-16. Hemos pedido al Registro de Propiedad Intelectual que acelere el proceso pero podría demorar meses” (5).
También en ese reportaje afirmó que “La postura de la Argentina es que el productor debe pagar por el uso de una semilla patentada y el uso repetido; se debe pagar una suma lógica”; yendo contra la Ley de Semillas que habilita a guardar semilla para el uso propio. O sea un Ministro que aboga porque en el país no se cumpla la Ley vigente.
Este “pedido” al INPI es absolutamente improcedente y muestra nuevamente al Ministro operando descaradamente a favor de Monsanto cuando no es esta su función ni son los intereses corporativos los que debe defender.
Por otro lado esta presión sienta un precedente grave pues abre las puertas, en el contexto de un gobierno dispuesto a entregarle todo al poder corporativo, para que se autoricen en Argentina patentes sobre la vida, cuestión de extrema gravedad que iría contra la propia Ley de Patentes que expresa que “no serán patentables …la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres…”.
Cuando se cumplen dos años del fallecimiento del Dr. Andrés Carrasco es imposible que no venga a la memoria el accionar de Lino Barañao en favor de Monsanto cuando en el año 2009 el Dr. Carrasco dio a conocer sus investigaciones sobre la toxicidad del glifosato y su efecto embriotóxico, ligándolo sin lugar a dudas al posible efecto teratogénico en humanos (es decir su papel como inductor de malformaciones, de alteraciones en el desarrollo embrionario).
En ese momento y en un tristemente célebre reportaje realizado por el principal lobbista de Monsanto en el multimedios Clarín, Héctor Huergo, Barañao “le quitó toda legitimidad al trabajo del subsecretario de Defensa, Andrés Carrasco, que alertaba sobre perjuicios para la salud en el herbicida glifosato, que se utiliza en el cultivo de soja” (1). Allí Huergo afirmaba que “creo que lo que determinaba era algún problema en el desarrollo de embriones anfibios” y la respuesta del Ministro fue “Él (por el Dr. Andrés Carrasco) comunicó sus hallazgos preliminares a la prensa, esto no es parte de un estudio encargado por el CONICET, ni es parte de una comisión institucional. En otras oportunidades se ha pedido al CONICET que se expidiera sobre un tema particular, en ese caso se convoca a un panel de expertos que emiten opinión. Esto es simplemente la comunicación de un investigador particular y no ha sido sometido a juicio por un panel de expertos ni nada por el estilo”.
La investigación fue publicada un año después en la prestigiosa revista Chemical Research in Toxicology con la conclusión de que “El efecto directo del glifosato en los primeros mecanismos de morfogénesis en embriones de vertebrados abre las preocupaciones sobre los resultados clínicos en la descendencia humana en poblaciones expuestas a herbicidas basados en glifosato en los campos agrícolas” (2). No hubo ningún comentario desde el Ministerio, ni desde el CONICET sobre esta publicación.
Y el Dr. Carrasco explicó claramente su posición al dar a conocer su investigación antes de estar publicada en una revista científica: “No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y, luego, se lo canaliza por medios que sólo llegan a ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva”.
Hoy se hace urgente seguir honrando al Dr. Carrasco frenando el avance corporativo en la apropiación de la vida y rechazando toda forma de patentamiento sobre la misma. Como así también es urgente denunciar y expulsar a los mercenarios que desde los gobiernos no hacen más que profundizar y favorecer la entrega y el saqueo de nuestros territorios.
8300.com.ar/ Por Carlos A. Vicente / GRAIN y Acción por la Biodiversidad en ANRed
