Esta tarde se realiza la audiencia pública por el aumento del transporte urbano. Mientras la empresa concesionaria busca llevar el boleto a $2332 y consolidarlo como el más caro del país, distintos sectores cuestionan el impacto sobre los usuarios y plantean alternativas para financiar el sistema sin trasladar todo el costo a los residentes.
Este viernes a las 19 se realizará en la Sala de Prensa del Municipio la audiencia pública convocada por el Ejecutivo para debatir el pedido de aumento del boleto mínimo del Transporte Urbano de Pasajeros presentado por la empresa concesionaria del servicio, Amancay SRL. La instancia permitirá que vecinos expongan sus posiciones respecto de una actualización tarifaria que, de aprobarse, llevaría el boleto mínimo a 2332 pesos.
Aunque la audiencia no tiene carácter vinculante, se trata de uno de los pocos espacios institucionales en los que la comunidad puede expresar en público su opinión sobre una decisión que impacta de manera directa en la economía cotidiana de miles de familias.
El pedido de la empresa se apoya en la evolución reciente de los costos operativos y representa una suba cercana al 14%, en línea con la inflación acumulada en los últimos meses. Sin embargo, esa explicación abre una pregunta que atraviesa buena parte de las críticas: ¿los ingresos de los trabajadores crecieron al mismo ritmo?
Para muchos sectores la respuesta es negativa. Un ejemplo es el de los empleados de comercio, uno de los gremios más grandes de la ciudad. Según el último acuerdo salarial, durante febrero y marzo se mantuvieron sumas fijas no remunerativas por un total de 100.000 pesos, mientras que para abril, mayo y junio se acordó un incremento remunerativo del 5% sobre los básicos. La distancia entre la evolución de las tarifas y la de los salarios aparece así como uno de los principales puntos de conflicto.
La discusión adquiere todavía mayor relevancia en una ciudad donde el transporte ya ocupa un lugar destacado entre las preocupaciones de los usuarios. Actualmente, Bariloche posee el boleto mínimo para residentes más caro de la Argentina. Aunque la ciudad bonaerense de Pinamar presenta una tarifa superior para visitantes, de 3176 pesos, sus habitantes residentes acceden a un esquema diferencial que reduce el costo hoy a 1270 pesos. La comparación alimenta los reclamos de quienes sostienen que el sistema local no contempla las particularidades de una ciudad turística en la que gran parte de la demanda es generada por visitantes.
Bariloche posee el boleto mínimo para residentes más caro de la Argentina
En ese contexto, la audiencia de esta tarde también pondrá en evidencia otro fenómeno: la escasez de propuestas alternativas frente a un debate que suele quedar reducido a una discusión entre aumentos inevitables.
Una de las excepciones será la intervención de Marcelo Rojas, referente de Patria Grande en Bariloche, quien adelantó su rechazo a la suba y llegará a la audiencia con una serie de iniciativas para financiar el sistema sin trasladar todo el peso a los usuarios.
“La empresa pretende que Bariloche tenga uno de los boletos más caros del país y a la municipalidad no se le ocurre otra cosa que permitirlo. Mientras tanto, la gente no llega a fin de mes”, sostuvo.
Según explicó, junto a especialistas y técnicos vienen trabajando en alternativas orientadas a aprovechar las características turísticas de la ciudad. Entre ellas, la creación de una o más líneas de gestión municipal destinadas exclusivamente al transporte de visitantes.
“La actividad turística genera una demanda enorme de movilidad. Parte de esos ingresos podrían utilizarse para financiar una reducción en la tarifa que pagan los residentes”, planteó.
Rojas propuso también avanzar hacia un esquema tarifario más favorable para quienes utilizan el colectivo de manera intensiva. La idea incluye descuentos progresivos para pasajeros frecuentes y la posibilidad de implementar una tarifa plana diaria.
“En muchas ciudades argentinas y del mundo quienes utilizan dos, cuatro o seis colectivos por día pagan menos por cada viaje. Bariloche debería estudiar mecanismos similares”, afirmó.
Para Patria Grande, el debate sobre el transporte no debería limitarse a la rentabilidad de la empresa concesionaria sino contemplar el papel que cumple la movilidad pública en el funcionamiento general de la ciudad.
“Hay quienes ven en Bariloche una oportunidad para hacer negocios, pero se equivocan. El transporte es un servicio social esencial que puede dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, señaló.
Una de las excepciones será la intervención de Marcelo Rojas, referente de Patria Grande en Bariloche, quien adelantó su rechazo a la suba.
La audiencia también se desarrollará en medio de otro reclamo que viene creciendo entre familias de personas con discapacidad. Horas atrás el Gobierno nacional anunció que los poseedores del Certificado Único de Discapacidad podrán acceder al beneficio de gratuidad en colectivos y trenes mediante la tarjeta SUBE, sin necesidad de exhibir el certificado al momento de viajar.
La medida busca simplificar trámites y digitalizar la validación del beneficio, que continuará alcanzando tanto a la persona con discapacidad como a un acompañante. Sin embargo, distintas familias vienen señalando que, especialmente en el caso de niños y niñas, las tareas de cuidado suelen recaer sobre más de una persona y que el esquema actual no contempla adecuadamente esa realidad.
La discusión aparece vinculada al debate tarifario porque pone sobre la mesa una pregunta más amplia: quiénes financian el sistema de transporte y de qué manera se distribuyen los costos entre usuarios, Estado y sectores beneficiados por la actividad económica de la ciudad.
Con esos interrogantes como telón de fondo, Bariloche volverá a discutir esta tarde uno de sus temas más sensibles. De un lado, una empresa que reclama actualizar ingresos para sostener la prestación. Del otro, usuarios que ven deteriorado su poder adquisitivo. En el medio, una ciudad turística que aún busca definir si el transporte público debe funcionar exclusivamente bajo una lógica de costos o si puede pensarse como una herramienta estratégica para mejorar la vida cotidiana de quienes la habitan.
Por redacción
Equipo de Comunicación Popular Al Margen