Afiliados a la obra social de UPCN denuncian un vaciamiento de la obra social y amenazan con una permanencia indefinida.
Por estos días, conseguir un turno médico puede ser más difícil que cursar una enfermedad. En Bariloche, los afiliados a Unión Personal (UP) y Accord Salud —la obra social y la prepaga del sindicato de estatales UPCN— describen una situación de prestaciones interrumpidas, reintegros demorados y una sensación creciente de abandono, mientras se multiplican los amparos judiciales y los reclamos ante organismos de control.
Las historias se repiten con pequeñas variaciones. Una persona llama para pedir un turno con un especialista. Le responden que el profesional ya no atiende por la obra social. Busca otro. Tampoco. Pregunta por una alternativa. Le sugieren pagar de manera particular y solicitar el reintegro después. Pero ese reintegro nunca llega.
En Bariloche y alrededores, donde se estima que existen más de 8.000 afiliados de UP y Accord Salud, lo que empezó con interrupciones esporádicas en las prestaciones hace más de un año derivó en un presente que usuarios, abogados y representantes gremiales describen como un progresivo vaciamiento de la obra social.
Este viernes, un grupo de afiliados —mayormente trabajadores del Estado nacional— llevó esa discusión hasta la sede local de Unión Personal, ubicada sobre Diagonal Capraro.
“Hace una semana nos prometieron que se reestablecería el convenio con el Colegio Médico, del que dependen varias especialidades, pero nada de eso ocurrió. Entremos juntes a ver qué nos dicen”, dijo por altavoz Mariel Bleger, trabajadora del Conicet. Entonces entraron todos.
Adentro tuvieron que sacar turno para que los atendiera la referente regional de UP. “Queremos certezas, no promesas”, le increpó una afiliada a la que vienen postergando una intervención desde hace meses.
Manuel, investigador científico, contó a Al Margen que desde hace un año espera el turno para una cirugía bariátrica. Dijo que es rehén de la obra social porque, debido a su padecimiento, otras obras sociales no lo reciben.
Un trabajador del INTA comentó que en Buenos Aires, donde UP tiene clínicas propias, estas situaciones no ocurren. Sin embargo, una trabajadora monotributista que escuchaba la conversación aclaró que a ella ni siquiera quisieron atenderla.
Los beneficiarios denuncian prestaciones interrumpidas, reintegros demorados y una sensación creciente de abandono, mientras se multiplican los amparos judiciales y los reclamos ante organismos de control.
Según la referente zonal de UP, el Colegio Médico y la obra social habían cerrado un acuerdo minutos antes y las prestaciones habían sido rehabilitadas. Incrédulos, los manifestantes comenzaron a consultar con los hospitales. Una mujer dijo que intentó sacar turno para una mamografía y le fue denegado. Un hombre relató que pidió un turno con un oftalmólogo y también le fue rechazado. Otra persona aseguró que en el Hospital San Carlos le confirmaron que solo atendían urgencias por guardia.
Entonces, la referente zonal de UP señaló que la información del Colegio Médico podía demorar en llegar a los prestadores. Pero cuando los afiliados le pidieron que firmara un documento que dejara constancia del restablecimiento del servicio, se negó. Y cuando solicitaron el nombre de un superior, también.
“Dejen de robar, nos descuentan todos los meses”, gritó alguien desde el fondo, entre bombos y aplausos. “Siempre hubo problemas con las autorizaciones, siempre nos respondieron cuando quisieron, siempre hay un pero”, comentó otro trabajador.
Sin llevarse un compromiso por escrito, los afiliados votaron regresar el próximo viernes y permanecer dentro de las oficinas de manera indefinida si no aparece una solución.
Una crisis que excede a Bariloche
Gustavo Pariggi, delegado de ATE en ANSES, explicó que la primera explicación que circuló desde Unión Personal apuntaba a problemas administrativos derivados de la incorporación de una nueva empresa gerenciadora. Durante un breve período pareció producirse una normalización del servicio. Pero la tregua duró poco.
Pariggi detalló el caso de un paciente cardíaco que, luego de una operación de corazón, quedó sin posibilidades reales de seguimiento médico porque los convenios con los prestadores dejaron de existir. También relató la situación de una adolescente de 16 años que pasó más de un mes esperando la autorización de una resonancia magnética tras sufrir una lesión en la rodilla. Cuando finalmente obtuvo el estudio, el diagnóstico confirmó la rotura de un ligamento cruzado y la necesidad de una cirugía. Mientras tanto, debió abandonar temporalmente el deporte y las actividades de danza que formaban parte de su vida cotidiana.
A esos casos se suma el de una familia que afrontó gastos médicos particulares por casi 800 mil pesos ante la falta de cobertura y que todavía espera el reintegro prometido.
Los problemas de Unión Personal y Accord Salud, que afectan a unos 750.000 afiliados en todo el país, ocurren en un contexto de crisis de las obras sociales sindicales, profundizada por las medidas de desregulación impulsadas por el gobierno nacional. Uno de los cambios más significativos fue la flexibilización de los mecanismos de financiamiento y competencia dentro del sistema.
En 2024, la Superintendencia de Servicios de Salud introdujo modificaciones relevantes respecto de los coseguros. La normativa eliminó los topes que históricamente regulaban esos cobros y otorgó a las obras sociales y empresas de medicina prepaga la facultad de fijar sus propios valores para prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), con algunas excepciones específicas.
En paralelo, miles de reclamos comenzaron a llegar a la Superintendencia de Servicios de Salud. La respuesta, denuncian los usuarios, resultó insuficiente. Lo que antes se canalizaba a través de mecanismos administrativos de control pasó a derivarse cada vez más hacia el ámbito judicial. El resultado es un sistema en el que cada afiliado debe librar su propia batalla legal para acceder a prestaciones básicas.
“Hace una semana nos prometieron que se reestablecería el convenio con el Colegio Médico, del que dependen varias especialidades, pero nada de eso ocurrió”, dijo este viernes por altavoz Mariel Bleger, trabajadora del Conicet.
La situación adquirió una dimensión todavía más compleja a partir de denuncias realizadas por ATE. Rodolfo González Etkin, abogado del sindicato, señaló al diario Tiempo Argentino que una de las primeras medidas adoptadas por Unión Personal tras la asunción del gobierno de Javier Milei fue la creación de un plan denominado “Classic +”, reservado exclusivamente para afiliados a UPCN.
“Esa maniobra fue frenada gracias a una fuerte reacción política y jurídica de ATE”, declaró González Etkin. A pesar de ese freno, la obra social avanzó con una política de coseguros diferenciados que, según denunció el gremio, beneficiaba a afiliados de UPCN y trasladaba mayores costos a trabajadores afiliados a ATE o sin afiliación gremial.
“Imponían coseguros y pagos a afiliadas y afiliados de ATE y a trabajadores sin afiliación sindical, mientras que quienes se sumaban a UPCN accedían a prestaciones sin costo”, sostuvo González Etkin. El caso llegó a la Justicia y aún se espera resolución.
Mientras tanto, los conflictos continúan acumulándose en distintos puntos del país. En ese marco, la conducción provincial de ATE anunció que el próximo 20 de junio participará en General Roca de un plenario junto a la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores para analizar la situación de los usuarios de Unión Personal, pero también la de otras coberturas de salud cuestionadas, como PAMI e Ipross.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen