Cada 24 de marzo la plaza central de Bariloche vuelve a pintarse de memoria. Pañuelos blancos rebrotan desde las piedras para recordar a las víctimas de la última y más brutal de las dictaduras vividas en la Argentina durante el siglo XX, pero también el genocidio indígena del siglo XIX, y para homenajear la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Este año la intervención tiene un significado especial. Se cumplen 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar y clerical (1976-1983), responsable de la desaparición de 30.000 personas y de la apropiación de más de 500 niños y niñas. Si bien la acción de repintar los pañuelos —y, más recientemente, los kultrunes— en Bariloche ya ha sido objeto de distintas reflexiones, quisiera proponer una lectura que la sitúe tanto en su momento de invención como en el presente político.
Oscar De Paz -compañero de Graciela Bedini, quien impulsó la primera pintada- decía hace algunos años en diálogo con Al Margen que pintar los pañuelos era “marcar un hito”, reafirmar que la plaza es el lugar al que siempre volvemos, donde nos expresamos todxs. Retomando esa idea, me inclino por entender la pintada de los pañuelos y los kultrunes como una intervención estético-política que altera un orden muchas veces pensado como natural e incontestable. Es decir, una acción que interrumpe la narrativa oficial sobre el pasado —aquella que fija qué y cómo recordar— para poner en el centro las luchas contra la impunidad y el olvido de los genocidios que marcaron la historia del país.
Las investigaciones —y los activismos de derechos humanos (DDHH)— lograron reconstruir el modus operandi del terrorismo de Estado, que se desplegó, entre otros dispositivos, en una extensa red de centros clandestinos de detención: se estima que existieron alrededor de 700, distribuidos a lo largo y ancho del país, en los que miles de personas fueron secuestradas, torturadas y posteriormente desaparecidas. Asimismo, gracias a la labor de Abuelas —en colaboración con el trabajo científico— pudo demostrarse que los militares pergeñaron un régimen diferencial de desaparición para los hijos e hijas de “subversivos”: la sustitución de sus identidades mediante su inscripción como hijos biológicos de quienes los apropiaban o a través de la manipulación del mecanismo legal de la adopción de niños.
Así, aunque la desaparición (y la apropiación) constituye una figura profundamente desestructurante de la realidad y del sentido —tal como cínicamente lo expresó el ex comandante en jefe de las Juntas Militares, Jorge Rafael Videla, en una conferencia de prensa de 1979—, también dio origen a la lucha del pañuelo blanco, alterando y haciendo fracasar la pretensión totalizante del poder dictatorial de borrar definitivamente a sus víctimas, imponer el silencio y clausurar toda pregunta sobre su destino. Fue precisamente esa ausencia —herida imposible de suturar— la que se convirtió en condición de posibilidad para la irrupción de los grupos de Madres, Abuelas y Familiares, así como para el papel crucial que estos organismos desempeñaron en la refundación de una democracia basada en la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Lo anterior, sin embargo, no implica soslayar que el devenir posdictatorial ha estado atravesado por vaivenes entre justicia e impunidad. Aun así, la lucha impulsada por Madres, Abuelas y otras organizaciones de DDHH se ha consolidado como una referencia ética fundamental para buena parte de nuestra sociedad.
Hace más de dos décadas, cada 24 de marzo por la mañana militantes de DDHH y del campo popular, junto con familiares y amigxs de víctimas de la dictadura, re/pintan los pañuelos. Foto: Pablo Candamil
En este nuevo aniversario —que tiene lugar en un contexto de banalización del Nunca Más, de manifestaciones negacionistas e incluso de reivindicación del accionar de la dictadura—, importa detenerse en la persistencia de la memoria en nuestra ciudad. Porque es, justamente, en esa obstinación por recordar donde radica nuestra mejor parte.
Aunque algunas versiones señalan el año 2000 y otras el 2001 como la “primera vez” de una intervención que se volvería duradera en el tiempo —esto es, la inscripción, en las piedras lajas de la plaza, de los distintivos pañuelos blancos de las Madres y Abuelas—, lo cierto es que esta práctica surgió en un contexto de profunda crisis social y de resquebrajamiento del consenso neoliberal consolidado durante la presidencia de Menem (1989–1999) y continuado luego por el gobierno de la Alianza (1999–2001).
Como rememoran militantes de la ciudad, la iniciativa fue impulsada desde la CTA Río Negro, en particular por su entonces secretaria general, Graciela Bedini, junto con su compañera de militancia Marta “la Negra” Olivera. Sin soslayar estos protagonismos, me interesa, no obstante, destacar la inscripción de ese gesto en el campo de luchas de los organismos de DDHH, que por entonces enfrentaban en las calles las políticas precarizadoras, denunciando tanto la persistente impunidad de los crímenes de la dictadura —consolidada en las leyes de impunidad y los indultos— como el aumento de la desocupación, el hambre y la represión. En ese mismo marco, además, la intervención se inscribía en una contienda local por el nombre del propio espacio, frente a quienes defendían o reivindicaban la denominación oficial de la plaza del Centro Cívico: “Expedicionarios al Desierto”.
Así, desde hace más de dos décadas, cada 24 de marzo por la mañana militantes de DDHH y del campo popular, junto con familiares y amigxs de víctimas de la dictadura, re/pintan los pañuelos, a los que añaden el nombre de alguna persona detenida-desaparecida, así como también de víctimas de la violencia institucional consumada en democracia. A su vez, desde 2016, durante esa misma jornada se pintan los kultrunes mapuche, inscribiendo la temporalidad del “otro” genocidio y produciendo, de este modo, una torsión en las políticas de la memoria y en las luchas por el reconocimiento.
Pero, además, esta intervención cuestiona el acuerdo —explícito o tácito— sobre quiénes, cómo y con qué reivindicaciones pueden ocupar el espacio público. En este sentido, los pañuelos y los kultrunes inscriben el desacuerdo de quienes no estaban destinados a estar allí: lxs “vencidos” y desaparecidos, tanto de la llamada “Campaña del Desierto” como del “Proceso de Reorganización Nacional”; lxs sobrevivientes de esas y de otras formas de violencia estatal e institucional; lxs militantes de la Memoria, la Verdad y la Justicia; y todxs aquellxs que cuestionan las permanentemente renovadas formas de desigualdad y desposesión capitalista.
En otras palabras, marcar la plaza con símbolos indebidos se torna una acción incómoda que cuestiona quiénes son reconocidos como parte legítima de la comunidad y quiénes quedan fuera de ella. Al hacerlo, se desplaza y reconfigura el lugar que históricamente se asignó a muchas personas por su clase social, su origen o su género, habilitando la posibilidad de aparecer —o reemerger— en el espacio público de otra manera. Bajo un nuevo nombre: Plaza de los pañuelos y kultrunes.
Volver a marcar la plaza es insistir en que hay memorias que no aceptan ser borradas y cuerpos y luchas que se rehúsan a desaparecer del espacio público. Foto: Pablo Candamil
Pensar esta práctica hoy implica reafirmar su potencia política. En un contexto de deslegitimación de los organismos, de desmantelamiento de las políticas estatales de la memoria, de renovados sueños de impunidad y de reactivación de retóricas racistas y de exclusión, la pintada de los pañuelos y los kultrunes es un gesto obstinado: de defensa de una democracia fundada en el no olvido y en la no reconciliación; en la lucha inclaudicable de la militancia de DDHH; en la resistencia indígena; y en el rechazo de una crueldad que agobia los cuerpos de infancias y viejxs, de personas con discapacidad, de pibes criminalizados, de trabajadorxs empobrecidxs y de cuidadoras extenuadas; en suma, una crueldad que recae sobre una ciudadanía cada vez más despojada de derechos.
Frente a ello, volver a marcar la plaza es insistir en que hay memorias que no aceptan ser borradas y cuerpos y luchas que se rehúsan a desaparecer del espacio público.
A 50 años del golpe, es renovar el legado de las Madres y Abuelas para afirmar que, pese a todas las artimañas y violencias, no pasarán. Porque con cada pañuelo que florece renovamos un derecho irrenunciable: saber dónde están los nietos y nietas que aún desconocen su identidad. Saber dónde están las y los 30.000 detenidos-desaparecidos. Hoy y siempre. Aquí, en este sur del Sur.
Por María Marta Quintana
IPEHCS, CONICET-UNCo; UNRN
Integrante de la Comisión de la Memoria del CCT PN
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen