No fue casual que la semana pasada se llevaran a cabo en simultáneo los juicios por presunta usurpación a las comunidades Quemquemtreu asentada en Cuesta del Ternero y lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Esta semana se conocerán las sentencias de estos dos juicios express donde todas las fichas están puestas en la condena de los miembros de las comunidades y el posible desalojo de los territorios reivindicados.
Ambos conflictos se cobraron las vidas de dos jóvenes mapuche que luchaban por su territorio. Rafael Nahuel fue fusilado por la espalda por las Fuerzas de Seguridad el 25 de noviembre de 2017. Tres años después, Elías Garay fue asesinado por el socio del empresario forestal que disputaba las tierras con la comunidad. Estos hechos se produjeron en el contexto de una campaña agresiva fogoneada por los grandes medios de comunicación en contra el pueblo mapuche.
Lof Quemquemtreu
En Cuesta del Ternero, el empresario Rolando Rocco desarrolla la explotación forestal de dos mil quinientas hectáreas de tierras fiscales. Diez de esas hectáreas son las que la comunidad reivindica como territorio ancestral, la zona conocida como el páramo de los álamos. En este lugar rodeado de bosque nativo los comuneros levantaron su rewe, espacio ceremonial, en septiembre de 2021.
El 21 de noviembre Diego Ravasio y Martín Feilberg -socios del empresario forestal Rocco- atravesaron el cerco policial y mataron a Elías Garay e hirieron de bala a Gonzalo Cabrera. Un año después Diego Ravasio es condenado a 12 años de prisión y Feilberg a 6 años. La comunidad y el empresario resolvieron una convivencia pacífica hasta que la querella desistió de continuar con el acuerdo. Más tarde el tribunal de impugnaciones anuló la condena de Freiberg, habilitando su participación su testimonio en el juicio por usurpación.
El querellante Ernesto Saavedra y la fiscal Betiana Cendón piden condenas para los seis miembros de la comunidad y la querella adelantó que pedirá el desalojo en la audiencia de cesura. La fiscal sostuvo que Rocco es titular de un permiso provincial para la explotación forestal y cuestionó las vías de hecho utilizadas por la comunidad para la recuperación del territorio, en lugar de tramitar los permisos legales en el Consejo de Comunidades Indígenas.
La defensa a cargo de Andrea Reile sostuvo que no se pudo probar la usurpación denunciada porque no quedó demostrado que Rocco ejercía la posesión dado que no había puesteros, no había mantenimiento, ni alambrado en el lugar, una zona de bosque nativo donde no se puede forestar. Asimismo, la doctora argumentó que, si el Estado argentino respetara el derecho indígena y reconociera la propiedad comunitaria, las comunidades no se verían obligadas a recurrir a otras vías para sus reclamos. Por último, al tratarse de tierras fiscales, la comunidad instó al gobernador a que intervenga y resuelva el conflicto de modo pacífico. La jueza Martini anunciará la sentencia este miércoles 2 de octubre.
Lof Lafken Winkul Mapu
En noviembre del 2017, un primer operativo de desalojo ordenado por la ministra de seguridad Patricia Bullrich realizó un gran despliegue de las fuerzas de seguridad que terminaron matando a Rafael Nahuel. Cinco prefectos fueron condenados a 4 y 5 años de prisión por este crimen. La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca legitimó la versión de los uniformados de que actuaron en una situación de enfrentamiento cuando se probó que los prefectos realizaron 130 disparos de balas y no hubo evidencia de que los comuneros hayan disparado.
El segundo operativo bajo el ministro de Seguridad Aníbal Fernández llevó a cabo el desalojo definitivo en 2022 que mantuvo presas a mujeres e infancias durante ocho meses y que terminó con la renuncia de Gómez Alcorta a cargo del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Todo este accionar represivo convalida los discursos de odio contra el pueblo mapuche y estigmatiza las reivindicaciones de los territorios y su forma de vida originaria.
A partir de un acuerdo político el espacio ceremonial quedó al resguardo de la machi Betiana Colhuan hasta la próxima sentencia. Este sitio sagrado donde la machi puede ejercer su poder espiritual está a punto de perderse.
La derecha antimapuche
Mientras tanto la derecha antimapuche se organiza en torno al foro debate Estado, Empresas, Sociedad: hacia políticas de inclusión promovido por Consenso Patagonia para el próximo 3 de octubre. El presidente del INAI (Abruj) y el presidente de Parques Nacionales (Larsen) estarán presentes disertando en el panel ¨Hacia una política indígena que ordene el territorio”.
“Esto es un acto de provocación –dijo Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche de Neuquén–. Se animan a venir a Neuquén cuando estamos a las puertas de un juicio tan delicado como es el de la lof Paicil Antreao contra Ginóbili. Expresamos todo nuestro repudio a este foro que además recupera la figura de Roca -perpetrador del genocidio indígena que no tuvo justicia-. Esperamos que el gobernador tenga la sensatez suficiente para no asistir a evento”.
La confederación Mapuche junto a organismos de derechos humanos, la universidad del Comahue y organizaciones sindicales, organizaron un foro denominado “Vaca Muerta para los pueblos” para redefinir el uso de este yacimiento. En este encuentro se debatió en relación a los desafíos de construir una propuesta soberana, intercultural y popular de transición energética y productiva. Si bien Neuquén firmó la ley Bases, desde este espacio se insta al gobierno que no rectifique el RIGI en la provincia.
“La política actual se traduce en un gran negociado para las Petroleras, al pueblo solo le quedan migajas -dijo Jorge Nahuel-. Las consecuencias ambientales no se comparan con las regalías que dejan estas empresas. No se invierte en seguridad ambiental. Ayer anunciaron un récord de 40.000 barriles de petróleo por día. También se registró un récord de movimientos sísmicos en la zona. A nosotros nos dejan los golpes y la contaminación”.
El signo de época enaltece la propiedad privada y las especulaciones de la tierra. El gobierno libertario con la aprobación del RIGI intenta extremar estos postulados. Los jueces, amparados en este marco, parecen tener carta blanca para condenar las reivindicaciones de los territorios de los pueblos originarios. Los gobiernos provinciales en sintonía con esta posición buscan dejar ordenado el paisaje para los proyectos inmobiliarios y mineros sin atender las consecuencias sociales ni ambientales de estos emprendimientos.
Por Verónica Battaglia
Foto portada: Gentileza Gremial de Abogados
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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