Está pasando. El plan económico del terror es un hecho y lejos de castigar a la “casta”, como prometió Milei en campaña, las medidas económicas de ajuste están impactando de lleno en el bolsillo del pueblo trabajador. ¿Cómo se sostendrán los pequeños productores y las cooperativas en este contexto? ¿La mística del sufrimiento será suficiente para contener las consecuencias sociales de una de las mayores devaluaciones tras la vuelta de la democracia? En esta nota, referentes cooperativistas y de la economía popular analizan el panorama, mientras algunos gobiernos provinciales ya comienzan a dar señales en línea con el ajuste y el plan extractivo de los recursos naturales.
“Vemos un panorama desolador, no queremos pensar mucho en eso y estamos concentrados en trabajar pero dentro de poco ya se va a ver la baja del consumo y la poca venta”, asegura Fernando Aguiar, integrante de una cooperativa cervecera de El Hoyo, provincia de Chubut. Los insumos que solían importar para producir van en aumento todos los días. En algunos casos la suba supera el 100% y en otros, ni siquiera hay precio. La incertidumbre es total.
Bajo el supuesto de “evitar una catástrofe”, el paquete de medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, incluyó una fuertísima devaluación del peso, despidos de trabajadores y trabajadoras del Estado, suspensión de la obra pública y reducción de los subsidios al transporte y energía. Un ajuste que lejos de ajustar a la casta, perjudica de lleno a los sectores populares y también a la clase media, que ya empieza a sentir cómo se licúan sus salarios sin un horizonte de recomposición a la vista.
Juan Pablo Acosta es referente gremial de la UTT de la Comarca Andina y anticipa que el sector de los pequeños productores y productoras de alimentos que “no tienen la espalda financiera” de los grandes empresarios del campo y la industria alimenticia será fuertemente perjudicados. “Estas medidas van a traer problemas para garantizar el plato de comida, ahí es donde tenemos que aparecer las organizaciones a acompañar desde la solidaridad”, apunta. “Nosotros vamos a seguir construyendo alternativas de abastecimiento directo de las organizaciones de los productores y productoras a la mesa de los vecinos y vecinas”.
Con la suspensión de la obra pública también caerán cientos de miles de puestos de trabajo. En la Comarca Andina, cooperativas nucleadas en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) alertan que corren riesgo el empleo de al menos 81 personas, entre cuadrillas de construcción, conexiones, equipo técnico y cocineras, de las cuatro obras que estaban llevando adelante en diferentes barrios de la localidad de El Bolsón. “La inflación nos perjudica porque cada vez nos alcanza para la compra de menos materiales, esto hace que posiblemente no logremos terminar las obras”, lamenta Paola, integrante del MTE El Bolsón.
Extractivismo y ajuste, la fórmula neoliberal llega a las provincias
En una sesión exprés e inconsulta, la Legislatura de Río Negro aprobó hace algunas semanas la modificación a ley de Tierras Fiscales y cambios en el Código de Procedimiento Minero, una iniciativa del bloque del actual gobernador Alberto Weretilneck a la medida de las empresas mineras. Este proyecto modifica el destino de las tierras denominadas fiscales y habilita la actividad minera y turística como fin y uso. Unas 5 millones de hectáreas estarían afectadas.
Pese al rechazo de más de 170 comunidades mapuche y organizaciones de derechos humanos y ambientales que manifestaron en Viedma para intentar frenar esta medida, el proyecto contó con el apoyo de los bloques del Frente Renovador y Frente Grande, mientras que votaron en contra el Frente de Todos, Unidad Ciudadana y Kolina.
El país parece estar de remate y, con esta medida, el gobierno de Río Negro da rienda suelta a los proyectos mineros a los que el pueblo en varias oportunidades les dijo que no.
En tanto, en la provincia de Chubut, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres (JxC) se alineó con el ajuste y firmó un decreto que dejarán sin efecto las incorporaciones, mensualizaciones, nombramientos, recategorizaciones y/o reubicaciones escalafonarias, como así también los contratos de los últimos 6 meses, además de la “revisión” de los contratos del último año.
¿Primero hay que saber sufrir?
En su discurso de asunción, Javier Milei pregonó que la única salida es el ajuste, que “este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina y que “habrá luz al final del camino”. ¿Alcanzará esta mística de la culpa y el sufrimiento para contener las consecuencias sociales del ajuste al pueblo trabajador que viene viendo cómo, desde hace ocho años, su poder adquisitivo cae en picada?
La calle es lo que más les preocupa y la respuesta será repartir palo, tal y como lo anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el “Protocolo Antipiquete”.
Mientras tanto, desde las organizaciones sociales comienzan a prepararse para abrigar a las familias que inevitablemente caerán en la pobreza.
“Ya la situación era crítica y estas medidas van a traer problemas para garantizar el plato de comida, ahí es donde tenemos que aparecer las organizaciones a acompañar desde la solidaridad”, asegura Juan de la UTT. En la misma línea, Paola del MTE añade: “Hoy en día nuestras prioridades son los espacios comunitarios, los comedores y merenderos”.
“¿Cómo nos preparamos? Fortaleciendo a la Federación que conformamos junto a 17 asociaciones de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina. Estamos convencidxs de que será la herramienta vital para contener y defender al sector”, dice Jésica Castillo de la cooperativa de Lago Puelo, Pilmaiquén.
Frente a la incertidumbre y a la tormenta que se acerca, la salida comienza a delinearse desde abajo.
Por Camila Vautier
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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