Por iniciativa del Centro de Acceso a la Justicia, el Ministerio del Interior buscará declarar nula la compra de hectáreas en 1996 por tratarse de una zona de frontera. Varios fiscales federales detectaron irregularidades a lo largo de la historia de la causa.
El Ministerio del Interior iniciará una acción judicial “de lesividad” contra la empresa Hidden Lake SA por la compra de casi 12.000 hectáreas alrededor de Lago Escondido, con el objetivo de declarar la “nulidad de las autorizaciones de previa conformidad otorgadas a la citada sociedad”. Así fue resuelto por el Secretario de Interior, José Lepere, que en su resolución precisó que esas autorizaciones del Ministerio de Defensa a favor de la empresa datan desde 1996.
El Estado argentino era dueño de las hectáreas ocupadas por el empresario Joe Lewis hasta que el dominio pasó a nombre de la familia Montero: pobladores que vivían en esas tierras y que en 1996 decidieron venderlas en una operación luego investigada por la Justicia. Media docena de fiscales federales concluyeron que la operación presentaba irregularidades. La ex Procuraduría de Investigaciones Administrativas denunció en 2012 en Comodoro Py que las hectáreas adquiridas por Lewis formaban parte de una “zona de seguridad de fronteras” y “sometidos, por ello, a un régimen jurídico especial que impedía ser adquiridos por personas extranjeras”.
La impulsora de esta acción de lesividad fue Gabriel Carpinetti, titular de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia. La abogada ya había anticipado su lobby en una conferencia de prensa realizada en Bariloche en junio junto a Magdalena Odarda y dirigentes sindicales.
“Este no es un tema de la grieta argentina”, dijo Carpinetti. “El primer procurador que impulsó la acción de lesividad fue el doctor Carlos Balbín, procurador designado por el gobierno de Mauricio Macri. Por eso se enfrentó a Frigerio, entonces Ministro del Interior, y esta fue una de las razones por las cuales Carlos Balbín se tuvo que ir. No hay organismo nacional que haya dicho que no hay un acto de lesividad contra el Estado argentino en el caso de Lago Escondido”.
La Ley 23.554 de Defensa Nacional declara la conveniencia de que los bienes ubicados en zonas de seguridad (como las de frontera) pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos y establece que la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad ejerce de policía de radicación con relación a las trasmisiones de dominio o arrendamientos acordando o denegando su autorización.
Por la causa vinculada a Lago Escondido fueron acusados, cuenta el periodista Martín Belvis en el diario Rio Negro, Susana Sarto (exsubdirectora de la Unidad de Proyectos de Radicación), la escribana María Luisa Cristina Szama, Lisandro Allende (presidente de HR Properties Buenos Aires SA), Ricardo José Juan Mayer (extitular del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro) y Charles Barrington Lewis, hijo de Joseph Lewis.
Lisandro Allende fue quien se presentó a declarar la compra a los Montero. Se trataba de 7.789 hectáreas. Sarto, responsable de la Unidad de Proyectos de Radicación, le dio el visto bueno y el 2 de julio de 1996 la operación fue allanada. El 30 de agosto de 1996, con la intervención de la escribana Szama, se firmó la escritura traslativa de dominio en favor de Hidden Lake por un total de 8.063 hectáreas, dato que surgió de la presentación del plano definitivo inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro a cargo de Mayer, a pesar de que el autorizado para la compra había sido HR Properties. Hidden Lake varió en mayo de 1996 su capital social a 11.1999 acciones en poder de la firma extranjera Lago Corp. y una acción a nombre de Charles Barrington Lewis. En septiembre, Hidden Lake pidió una nueva autorización para anexar a la estancia Lago Escondido otras 2.760 hectáreas. La solicitud fue formulada por Lewis, recibiendo trámite abreviado a requerimiento de Allende, quien declaró bajo juramento que no había cambiado la composición del directorio ni el capital social.
La ratificación de la prescripción de la causa en octubre de 2021 lleva la firma de Liliana Catucci, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahíques, el juez de Casación Penal involucrado meses después en el escándalo de los chats filtrados de funcionarios y empresarios que viajaron a Lago Escondido en 2022. Todos confirmaron el sobreseimiento de todos los imputados.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación popular Al Margen
Seguí leyendo al Margen:
