Frente a la segunda Audiencia Pública por el proyecto de prórroga de concesión del Cerro Campanario, que tendrá lugar el próximo 3 de julio, vecinos y vecinas de la zona oeste volverán a manifestar su preocupación “por la falta de claridad en el proyecto que plantea una mega construcción en un lugar de alta fragilidad ambiental y de resguardo paisajístico extremo”.
El cerro Campanario está concesionado hace 55 años. La última concesión, que duró 20 años, vence en marzo de 2024 y se pretende concesionar por 25 años a favor de la actual empresa, que estipula construir una confitería giratoria y un Salón de Usos Múltiples sobre la cumbre, algo que también genera inquietud en torno a los parámetros urbanísticos a aplicarse tras la concesión.
Es que, si bien en algún momento se puso en duda si el lote destinado a las obras pertenecen o no a la Reserva Natural Urbana El Trébol -lo cual determina un procedimiento especial y de resguardo a este espacio de alta fragilidad ambiental y paisajístico- para los vecinos no hay vacilación: integrantes de la Comisión Mixta de la Reserva se expresaron desde un primer momento confirmando que el lote forma parte y debe ser considerado dentro de las pautas del Plan de Manejo de la normativa 1794-CM- 2007 y la ordenanza 2398-CM-13.
Lo cierto es que son muchos los puntos que deben analizarse frente a esta concesión, no solopor las irregularidades en el proyecto, que han sido expresadas en el Concejo, sino porque el avance constituye la reafirmación de un modelo de negocios que sigue excluyendo y perjudicando a quienes habitan estas tierras.
“Esto está visibilizando la mirada política: cuál es el modelo de ciudad que se está discutiendo. Hay una prioridad hacia la inversión privada y la mirada hacia un turismo de elite”, dice Soledad Anselmi, integrante del Consejo de Planeamiento Estratégico (CPE), periodista y vecina del oeste. En ese sentido, recuerda que no está planteado ni garantizando un acceso público al cerro. “Hoy el acceso está dado por la buena voluntad del privado que tiene los terrenos linderos. Pero un día puede cambiar de idea, como fue el caso del kilómetro seis con la playa o el kilómetro 23, donde todavía seguimos sin tener la bajada. Así también paso en el Cerro Otto, donde la gente antes subía directo y podía acceder a la cumbre y ahora toda esa parte se vendió porque se está haciendo un emprendimiento privado y la gente de El Frutillar y toda la zona del sur, para acceder al Otto, tiene que tomar dos colectivos, ir hasta el kilómetro 1, subir 40 minutos y después bajar. Entonces, a quién estamos mirando cuando hacemos este tipo de concesiones”, señala.
El falso derrame
Otro dato, no menor, es el escueto canon del 12% que recibiría el Municipio, dinero que se obtiene únicamente de la subconcesión de la confitería, lo recaudado por la aerosilla y lo que recibe la concesionaria por lo que las empresas de comunicaciones pagan por el alquiler del espacio donde están sus antenas. Este porcentaje irrisorio atenta una vez más contra las posibilidades de una renta que sirva realmente a la ciudad: el Campanario pertenece al Municipio y su explotación podría ser una oportunidad de crecimiento y desarrollo para la comunidad. “El Canon del campanario no contempla la recaudación por la venta que se produzca dentro de la confitería. Según informó el propio concesionario la confitería giratoria proyectada tendrá capacidad para 282 comensales, estiman 1.000 visitantes por día. Sin embargo, de ese movimiento económico millonario el municipio no recibirá más que un 12% del valor del alquiler que le cobre al que obtenga la explotación del lugar”, señalan los vecinos y vecinas del oeste en un comunicado.
“El cerro campanario es uno de nuestros tesoros naturales más extraordinarios, bien de la ciudad y del mundo. Entendemos que lo natural deba convivir con lo comercial, pero entendemos también que eso debe tener un equilibrio donde los recursos sean explotados, pero de manera armoniosa y llegando a la comunidad toda, aunque para subir haya que pagar como cualquier turista porque no tienen tarifa residencial pautada en el contrato”, continúan.
Lo cierto es que, a pesar de los titulares que abundan sobre la ocupación que vive la ciudad y el éxito de temporada tras temporada, poco se puede ver de ese “derrame económico” para quienes viven en esta ciudad: hay gente durmiendo en la calle, las rutas son intransitables, las obras tardan meses y hasta años en terminar de ejecutarse, no hay viviendas.
“El tema es el modelo de negocio. En el Cerro Catedral, que también es municipal, vas a caminar y te dicen: no porque es un Centro de Esquí. Entonces los que no esquían y quieren caminar, aunque sea para tocar la nieve, tienen que aguantar con la nieve aguada de la base o andar por ahí dando vueltas. Por eso, lo que estamos discutiendo acá no es solo una obra. Estamos evaluando el derecho a un privado a explotar un bien común y expropiar a la comunidad de una vista privilegiada: esa confitería giratoria que quieren hacer, si no tuviese el paisaje que tiene no valdría nada, entonces lo que no se está cuidando es el bien común, que es la vista. Lo mismo pasa en toda la costa del lago: se están aprobando complejos de tres, cuatro, cinco pisos y lo que están haciendo es privatizando la vista, no podés ver el lago si no pagas para entrar a esos mastodontes”, señala Anselmi.
Las cuentas, tampoco cierran muy claras, ya que se habla de casi cuatro millones de dólares que se van a invertir, pero cuando los vecinos consultan dónde está el estudio económico, no hay respaldo que certifique realmente cuál es el impacto económico en la ciudad. “Entonces la pregunta es para qué. En una de las comisiones, dónde hablé dos horas, nunca me contestaron nada. Pedí que prueben cómo es el famoso derrame, que den un papel, un estudio, un análisis económico de cómo va a impactar en la distribución. Y no lo pueden hacer porque lo único que determina el derrame en una ciudad es el índice de pobreza, que lo hace el INDEC a nivel nacional y, para lo cual, toma conglomerados: en este caso, el lugar donde se toma la prueba es Viedma y Carmen de Patagones, que son ciudades totalmente antagónicas a las cordilleranas. Entonces Bariloche carece de estadísticas de que ese derrame exista. Lo único que sabemos es cuánto entra, pero cómo se distribuye y cómo se va, no lo sabemos porque no hay estadísticas”.
Otra pata a la que se le reclama intervención, además del Estado, es a las universidades para que realmente participen y señalen lo que está mal. “Soy integrante del Consejo de Planeamiento Estratégico, hemos ido a todas las reuniones que nos han convocado. Pero ahora no convocan más porque no iban los que tenían que ir. Y uno de los actores que no iba nunca eran los representantes del nicho de las universidades”, dice Anselmi y recalca: “Saludo que hay universidades nacionales en esta ciudad y creo que han hecho un cambio radical. Pero, así como saludo que existan, también me enojo porque no dicen nada y lo que dicen lo dicen en publicaciones en otros lados, pero al momento de la discusión política no están”.
Un reclamo básico: honestidad
En el paso a paso de esta prórroga, y para tener en cuenta como se sigue, cabe recordar que la primera audiencia tuvo lugar el 4 de julio del año pasado. “En ese momento, personalmente mandé una nota al Concejo diciendo que se anulara esa audiencia porque había errores dentro del expediente, como la nota de la Secretaría de Hacienda dando factibilidad al proyecto porque se incrementaba la superficie de concesión, algo que no se puede hacer ya que cuando haces una prórroga no podés cambiar el objeto. Los concejales sabían esto un mes antes, porque tenían en sus manos el dictamen, pero aun sabiendo de esos errores llamaron a la audiencia”, relata Anselmi sobre el proceso, dando cuenta de una de las aristas, entre tantas.
Finalmente, el pasado 8 de junio el Concejo Deliberante dio el primer aval a la prórroga por la concesión del cerro Campanario. Allí, los concejales aprobaron en primera vuelta por 9 votos a 2 el proyecto de ordenanza del Ejecutivo. Cabe señalar que este proyecto se tratará en doble votación, es decir que, más allá del resultado de la sesión que tuvo lugar el jueves 8 de junio, habrá una oportunidad más para que los representantes vuelvan a confirmar o no su voto.
Hasta el momento, los únicos concejales que se manifestaron en contra de la prórroga son Julieta Wallace y Pablo Chamatrópulos, quienes proponen llamar a una licitación pública, lo cual fue rechazado por los demás ediles.
Actualmente, el proyecto se encuentra de nuevo en tratamiento en la comisión de Gobierno y Legales y tal como lo estipula el artículo 43 de la Carta Orgánica Municipal, el Concejo convocó a otra Audiencia Pública previo a la segunda lectura, la cual, como señalábamos, tendrá lugar este 3 de julio.
“Yo aprendí que hay gente que mira distinto las cosas, pero cuando te mienten estamos hablando de otra discusión”, dice Anselmi, dando más de talles de lo que está en juego de cara a la votación. “El lote donde se va a construir la mega confitería giratoria y el salón de usos múltiples está dentro de la Reserva Natural Urbana el Trébol. Estamos llevando pruebas y ellos lo único que nos dicen es no, pero no llevan pruebas. La verdad es que las ordenanzas están, pero no se las cumplen. Hay toda una interpretación donde llega un momento que, al no haber pruebas, es si vos dijiste y no me dijiste. Mientras tanto sigue la entrega de los recursos. Te escuchan, pero después hacen lo que quieren. La abogada de la empresa privada nos dijo que la confitería no entra dentro del canon. También dijo que el camino es privado, no público. De todo esto, nos tuvimos que ir enterando ya partir del ejercicio de buscar la información, por nuestra cuenta”.
Otra de las situaciones sobre la que no tienen respuesta es sobre las obras que iban a realizarse en el 2007, que era la ampliación de la confitería actual en 80 metros cuadrados y que la Municipalidad no aprobó. “Si vuelve a pasar y el privado no hace la obra. Entonces, ¿con la inversión qué prometieron pasó?”, finaliza Anselmi y se pregunta que va a pasar si al lote donde se va a construir la confitería se le da una excepción, lo reglan con alguna normativa: “imagínate cómo están los privados esperando que haya una excepción para poder construir 20 millones de cabañas alrededor del Campanario. Por eso, el problema no solo está ahí arriba, es lo que va a pasar alrededor y lo dejo como pregunta. Por eso, reclamamos lo que reclamamos en la primera audiencia: honestidad”.
Por Violeta Moraga
Cooperativa de Comunicación popular Al Margen
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