El máximo tribunal desestimó el polémico fallo que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro había dado por válido en 2016. Seis años mas tarde y con innumerables detenciones injustificadas de adolescentes, la provincia de Río Negro volverá a estar conforme a derecho.
Corría el año 2015 y en la capital rionegrina no dejaban de crecer las detenciones arbitrarias de adolescentes por parte del personal policial. Fue entonces que la defensora de menores Patricia Arias -junto a diversas organizaciones de la sociedad civil- interpuso un Habeas Corpus Preventivo Colectivo para frenar estas situaciones de vulneración de derechos fundamentales.
La Cámara Criminal de Viedma dio lugar a este recurso prohibiendo a la Policía continuar con esta práctica habitual para con los jóvenes pobres y de las barriadas populares.
El Gobierno entonces apeló esta sentencia de la Cámara Criminal y a través de la Fiscalía de Estado interpuso un recurso de casación; con lo cual la situación terminó dirimiéndose en el Superior Tribunal de Justicia.
El Tribunal Superior falló contra el Habeas Corpus presentado por la defensora Arias y las organizaciones de infancia que impulsaron ese recurso preventivo.
El poder político provincial (https://rionegro.gov.ar/index.php?contID=26446) hizo defensa cerrada del fallo: “Se destaca que de esta manera, un Juez y una Defensora Oficial, detrás de un escritorio le quitan a la Policía su facultad esencial que es la prevención, a partir de una decisión de un juez. Si esto ocurriera, la fuerza de seguridad deberá dejar de cumplir el mandato normativo de prevención” argumentó el Gobierno a través del escrito presentado por la Fiscalía de Estado. Y sofisticaron los argumentos: Las detenciones eran “preventivas” y para salvaguardar los derechos de los detenidos y explicaron su fallo amparándose en el artículo 5, inciso A de la ley 4109 de protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Conforme a Derecho
La cosa no quedó ahí. Organizaciones por los derechos de infancia, consejos locales de protección y hasta el Consejo provincial de niñez (Coniar) se expresaron contra el fallo. Y se presentaron en queja ante la Corte Suprema de Justicia como instancia superior ya que en Río Negro el asunto estaba cerrado.
Seis años mas tarde la Corte decidió tratar el tema y dio sentencia:
“Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del señor Procurador General de la Nación interino, a cuyos términos se remite en razón de brevedad. Por ello, de conformidad con lo dictaminado, se resuelve hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado” (…) “Devuélvanse los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte uno nuevo conforme a derecho” argumentó la Corte que preside el cuestionado Horacio Rosatti revocando la decisión del tribunal inferior –el STJ de RN-.
Todo fallo es político, toda lucha popular
Días atrás el Senador Alberto Wereltineck -responsable político de haber apelado el fallo de Patricia Arias– presentó un proyecto de Ley para ampliar la composición del Consejo de la Magistratura e incluir equidad de género y representación federal en ese organismo encargado de elegir jueces y juezas.
En paralelo, sindicatos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y otros sectores marcharán el 5 de mayo a la Corte Suprema para repudiar al presidente del tribunal, Horacio Rosatti por su autoproclamada presidencia del Consejo de la Magistratura.
¿Será que la Corte intenta horadar la alianza de Juntos Somos Río Negro con el oficialismo por la reforma del Consejo de la Magistratura? ¿Será que la Corte quiere construir legitimidad social tratando fallos testigos como este?
Como sea que sea, con seis largos años cajoneada en el Palacio de Justicia y con cientos de detenciones mal habidas en ciudades y pueblos de Río Negro, esta sentencia es un amplio triunfo de los movimientos populares y organismos de derechos humanos que impulsaron y acompañaron este largo proceso judicial para que nunca mas una piba o un pibe nacido en Río Negro sea detenido arbitrariamente.
Por Alejandro Palmas
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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