La Cámara Federal anuló el fallo que ordenaba al INAI transferir la propiedad de las tierras linderas a Virgen de las Nieves.
Revés judicial para la comunidad Tripay Antú de Virgen de la Nieves. Foto: Duke.
Hasta el diario La Nación se hizo eco en junio pasado del inédito fallo de la jueza María José Sarmiento, que ordenó transferir el dominio de tierras en la ladera noreste del cerro Otto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para que sean adjudicadas a sus ocupantes, el lof Trypay Antú.
La noticiabilidad radicó en que, por primera vez, la Justicia Federal se pronunciaba en este sentido a favor de los pueblos indígenas. Pero la resolución fue tan inédita como perecedera: días atrás, la Cámara en lo Contencioso Administrativo anuló la sentencia tras la apelación efectuada por el Estado nacional.
El máximo tribunal federal entendió que entre la comunidad y el Ejército (que también se adjudica la propiedad) hubo un actor desoído, hasta ahora prescindente en el caso: el Estado de Rio Negro.
Una extendida jurisprudencia avala el reclamo de Trypay Antú. La Constitución Nacional, en su artículo 75, reconoce la preexistencia indígena en el territorio y su derecho a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
En el año 2000, además, el Estado argentino ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece el derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas.
Asimismo, en 2006, la ley 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan los indígenas originarios del país con o sin personería jurídica, tal como observó su reglamentación.
Toda la normativa le cabe a Trypay Antú, que en 2004 inició junto a la comunidad Rankewe la mensura del terreno lindero a Virgen de las Nieves, cuya certificación no pudo concretar debido a las acciones interpuestas por el Ejército.
Agotada la demanda por vía administrativa, Trypay Antú avanzó en el terreno jurídico desmereciendo la alta probabilidad de toparse con una decisión atada a un contexto político desfavorable.
La mala relación con el Ejército se remonta a la primera mitad de siglo XX, cuando arribó a Bariloche Napoleón Irusta, el primer Jefe con destacamento en la ciudad. Desde entonces, las comunidades vivieron tiempos más o menos intranquilos.
A lo largo de su historia, la Trypay Antú y los Rankewe sufrieron ocho juicios de desalojo impulsados por el Ejército, de los cuales sólo prosperó uno. Luego las comunidades regresaron a su tierra.
La tensión tuvo puntos álgidos en 1973, en un intento de desalojo violento que precedió al de fines de junio de 1983, todavía en dictadura. Entonces, los soldados mataron animales y corrieron a las comunidades a punta de pistola.
Quedará ahora en manos de los asesores legales de Trypay Antú el camino a recorrer: apelar a la Corte Suprema de Justicia o volver a empezar en los fueros ordinarios.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
