El sector nuclear no solo contribuye al desarrollo científico y tecnológico de Argentina, también desempeña un papel estratégico en la autonomía energética y en la posición geopolítica de nuestro país. ¿Qué perdemos si se desfinancia el sector nuclear?
Foto: Eliana Obregón,Télam.
La actividad nuclear en la Argentina surge tempranamente respecto a lo que ocurrió con otros países de la región. Desde los años 90, en los que la CNEA se dividió en tres instituciones, la autoridad regulatoria (ARN), la operadora de centrales (NA-SA) y la CNEA “residual”, y debido a la ausencia de una política de incorporación y la no consideración del factor de envejecimiento del personal se sigue perdiendo el capital intelectual del sector. Aún a pesar del resurgimiento del plan nuclear en el período 2006-2015, al año 2021, el histograma poblacional de la Institución mostraba una fuerte caída entre aquellos con edades entre 50 y 60 años, producto del impacto del vaciamiento de los años 90’s, que no ha sido compensado y que implica un alto riesgo de pérdida de conocimiento específico acumulado en el sector nuclear que no ha podido aún ser transmitido a las nuevas generaciones, generando un crítico riesgo de pérdida de capacidades acumulas.
La CNEA es uno de los 17 organismos nacionales de CyT, cuyos recursos dependen fundamentalmente de la llamada la Función CyT del Presupuesto Nacional, por lo que puede ser afectada en su funcionamiento al facultar al Poder Ejecutivo (según el Título II, Capítulo 1, Art.3) a
a) la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y
b) la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a CABA.
Exceptuándola sólo de la disolución.
Conforme a la Ley Nacional de la Actividad Nuclear Ley N° 24.804, la CNEA tiene asignadas una gran diversidad de funciones entre las cuales está: Asesorar al Poder Ejecutivo en la definición de la política nuclear; Promover la formación de recursos humanos de alta especialización y el desarrollo de ciencia y tecnología en materia nuclear, comprendida la realización de programas de desarrollo y promoción de emprendimientos de innovación tecnológica; Propender a la transferencia de tecnologías adquiridas, desarrolladas y patentadas por el organismo, observando los compromisos de no proliferación asumidos por la República Argentina; Ejercer la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos cumpliendo las funciones que le asigne la legislación específica; Determinar la forma de retiro de servicio de centrales de generación nucleoeléctrica y de toda otra instalación radiactiva relevante; Prestar los servicios que le sean requeridos por las centrales de generación nucleoeléctrica u otra instalación nuclear; entre otras.
¿Cuáles de estas funciones pueden ser modificadas sin una discusión profunda y sólo por decisión del Poder Ejecutivo, sin poner en riesgo estas actividades?
Recordemos que a Ley de Financiamiento 27.614 (del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación), del 2021, establece un aumento progresivo del presupuesto nacional destinado al sector hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032, teniendo en cuenta que había descendido del 0,37% en 2015 al 0,24% en 2019. Para el año 2023 estuvo muy cerca de llegar al estipulado 0,34% y este año debería alcanzar el 0,39%. No solo no parece, sino que estamos muy lejos de que se cumpla esta ley aprobada por unanimidad en el Congreso hace tan solo 3 años.
El presupuesto de CNEA es el segundo en orden de magnitud después del de CONICET, y como ocurre en los organismos del estado, que el crédito presupuestario 2024 sea el mismo que el de 2023, significa en la práctica tener casi un tercio del necesario para continuar con funciones normales. En el caso de la CNEA, que solo destina el 30% a salarios, la falta de definición y de ejecución presupuestaria implica un fuerte desfinanciamiento en los proyectos y en los gastos de funcionamiento. En este momento se corre el riesgo de paralizar obras como los reactores CAREM, y RA10, el Centro de Protonterapia y muchos proyectos tecnológicos en los que el país ya invirtió muchos recursos.
El proyecto CAREM ya ha sufrido en el período 2018-2019 un desfinanciamiento que implicó detener la obra y desde nuestra gestión a mediados de 2021, todo el trabajo que significó volver a ponerlo en marcha (renegociar contratos caídos, el esfuerzo de arrancar la obra que quedó parada, etc) no se ve reflejado en avance físico que son los índices que se utilizan y que no sirven para demostrar la inversión realizada. El rearmar equipos de trabajo y la formación de personal en un proyecto completamente nuevo para el mundo (no sólo para nuestro país) es una inversión que no debe desaprovecharse.
En un mundo que definió a la nucleoelectricidad como energía limpia y que está ávida de profesionales con experiencia tanto en reactores nucleares como en áreas de medicina nuclear y otras aplicaciones, ya comenzó el éxodo de nuestra gente. La propuesta de Art. 52 que pone en riesgo la estabilidad de trabajadores de organismos del estado no hace más que acrecentar esa pérdida.
El sector nuclear no solo contribuye al desarrollo científico y tecnológico de Argentina, también desempeña un papel estratégico en la autonomía energética y en la posición geopolítica de nuestro país. Somos parte de un club selecto con conocimiento en la materia que nos da la posibilidad de sentarnos en muchos foros internacionales como el G20. Es por eso que a lo largo de los años en los que nos fuimos desarrollando hubo y sigue habiendo presiones de algunas potencias que quieren evitar ese desarrollo.
¿Qué perdemos si se desfinancia el sector nuclear?
– La extensión de vida de Atucha I, con la posibilidad de tener energía barata y limpia para los próximos 30 años
– Tener listo antes de fines de este año un centro especializado en cáncer infantil
– La capacidad de aumentar la producción de radioisótopos para el diagnóstico de enfermedades y tratamiento de cáncer, con la planta asociada al RA-10
– La generación de divisas con la exportación de estos y otros productos como el silicio dopado para la industria micro electrónica
– La discontinuación de un proyecto como el del mosquito estéril que permitiría controlar el problema del dengue
– Perder la oportunidad de ser el país más avanzado en reactores modulares pequeños con una capacidad exportadora centrales de potencia de más de 4,000 millones de dólares
– La pérdida de personal capacitado que ya está encontrando trabajo en el exterior
– En definitiva la pérdida de nuestra soberanía tecnológica y energética en aplicaciones nucleares siempre con fines pacíficos
Por otro lado, el Artículo 8: “Declárense ‘sujeta a privatización’, en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la Ley N.º 23.696, a Nucleoeléctrica Argentina S. A. (NASA), empresa de bandera encargada de operar y construir centrales nucleares en el país. La propuesta de Ley permite incorporar la participación de capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.
La empresa NASA, además de aportar el 7% de la energía eléctrica de base, tiene como principales activos las competencias de sus trabajadoras/es, sus capacidades en gestión de tecnologías complejas, los efectos multiplicadores sobre sectores pymes nacionales, su experiencia en relaciones internacionales, todos bienes fundamentales escasísimos para un país en desarrollo que necesitan la protección y los incentivos totalmente ausentes en las experiencias privatizadoras previas
Si bien el texto original de la ley ha sido modificado tras las sesiones en comisiones de la Cámara de Diputados, no cambia el espíritu de este gobierno que es el de desregularizar la economía, implementar una reforma laboral y previsional, con el riesgo de perder el liderazgo en la región de un tema estratégico.
Por Adriana Cristina Serquis
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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