La situación en los barrios se agrava. La ayuda para palear la crisis que atraviesan miles de familias en todo el territorio dependen actualmente en gran parte de la voluntad y el esfuerzo de las organizaciones sociales que, como lo han hecho históricamente, hacen de sostén. En este marco, en la Legislatura ya se ingresaron dos proyectos en busca de una salida que, de mínima garantice, el alimento.
El más reciente fue presentado el pasado 18 de abril por el Bloque Legislativo Partido Justicialista – Nuevo Encuentro integrado por Leandro García, Daniel Belloso, Ana Marks, Pedro Dantas y Luis Ivancich.
Se trata del “Programa Alimentario Rionegrino -P.A.R.-“, destinado a garantizar el derecho a la alimentación, promoviendo una alimentación de calidad y nutrición adecuada. Por el mismo, solicita que la provincia “destine recursos públicos, para hacer frente a la crisis alimentaria emergente” y promueve la asistencia a comedores y merenderos debidamente registrados, alimentos que el gobierno nacional ha retirado de forma brutal e indiscriminada.
“Esperamos por la urgencia del tema que este proyecto se pueda tratar próximamente”, señala Leandro García en conversación con Al Margen y explica que el texto que se ingresó a la Legislatura es producto de conversaciones que se venían dando con distintas organizaciones -sobre todo con la rama del MTE a nivel local- que vienen reclamando la necesidad de que el Estado provincial se haga cargo de lo que recorta el Gobierno Nacional. Cabe recordar que desde noviembre del año pasado se dejó de garantizar el alimento en los comedores. La preocupación crece.
“El Estado provincial no asumió una posición política hasta el momento y lo que plantean las organizaciones es qué hacer con quienes que llegan a pedir comida a estos espacios”, continúa García. Y es que la situación se desborda y el crecimiento de la demanda de alimentos es exponencial.
Justamente frente a este desamparo es que espacios como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) -que administra unos 200 espacios socio-comunitarios en Río Negro- advirtió sobre la posibilidad de avanzar en demandas judiciales por la falta de atención de familias que requieren asistencia alimentaria.
Una situación sin límites territoriales
El texto presentado toma como antecedente las acciones que se han desarrollado en otras provincias, como Chubut, donde el Estado provincial asume un rol importante en el marco de la declaración de emergencia pública social por inseguridad alimentaria, mediante el proyecto legislativo N° 019/24.
“Nos basamos en un proyecto que ya salió en otra provincia y que establece, básicamente, que el Estado provincial asuma la responsabilidad de reasignar partidas y dar financiamiento a la demanda de los comedores que estén debidamente registrados en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios. Pensamos que, si el modelo que tomamos salió en Chubut, conducido por Cambiemos, porque no podría salir en Río Negro”, continúa y detalla que no fue denominado bajo el término de “emergencia alimentaria” debido a que ya lo propone el otro proyecto en carpeta y la idea no es competir, sino aunar esfuerzos y posibilidades con un mismo objetivo: resolver el hambre.
“No se trata de ver cuál de los dos proyectos de emergencia es mejor. A este lo denominamos como Programa alimentario rionegrino que dota de herramientas contables, administrativas y financieras al Estado provincial para hacerse de partidas que el Estado Nacional recortó. Esa es un poco la síntesis de lo que queríamos plantear”.
Leandro reconoce que el otro proyecto de emergencia alimentaria es más profundo y ambicioso, planteando puntos como la creación de un consejo provincial con integración de distintos sectores, que se analicen permanentemente la cuestión nutricional, que haya compre local a productores de la agricultura familiar, entre otros ítems, pero entienden también que “la demanda es urgente y se tiene que resolver de la manera más pragmática y rápida posible, garantizando que la provincia asista con aquellos fondos que retiró el Estado nacional”. García también apela también a que, si el gobierno provincial considera que es un proyecto más concreto, tomando una base más objetiva del registro de los comedores, es más probable que sea validado por el oficialismo, que es quien reúne la mayoría para sacarlo y ponerlo en práctica.
“Es un proyecto más modesto adecuado a los tiempos que corren. Sabemos que la provincia está enfrentando dificultades. Ahora, esto puede ser tomado por el oficialismo, puede entrar en comisión y puede ser modificado, incluso. Esa es la dinámica legislativa, primero tiene que haber decisión política del Ejecutivo de que ingrese el proyecto a la Comisión”, explica y detalla al mismo tiempo que, si el gobierno provincial decide no tratar este proyecto, pero resuelve la asistencia a los comedores, también sería un paso: “Lo que hoy apremia y queremos que se resuelva es que los comedores tengan garantizados los alimentos”, dice y describe, como lo hace el proyecto, un contexto de ajuste brutal sin antecedente sobre los bolsillos de los trabajadores, jubilados y beneficiarios de programas sociales. “Vemos que hay un empobrecimiento generalizado producto de las políticas del Estado Nacional, un retroceso muy grande de las provincias, en su capacidad de imponer condiciones, porque dependen en gran medida de los ingresos nacionales”.
A esto se suma una caída de la actividad económica que reciente mucho los ingresos, donde Río Negro, como otras provincias, no solo recibe menos del Estado nacional, sino que a la vez tiene menos de coparticipación. “Los gobiernos provinciales tienen cada vez más demanda y hay una arista más que a nosotros nos preocupa: cómo los gobiernos enfrentan negociaciones vinculadas a los recursos naturales en medio de una posición de debilidad absoluta, de dependencia del estado nacional y con una urgencia económica de conseguir fondos de algún lado para resolver tantos agujeros. Nos preocupa en varios planos la situación social, el empobrecimiento generalizado y planificado, el retiro del Estado nacional en la asistencia previsional y social, y un Estado provincial y municipal con cada vez menos herramientas para atender esas situaciones. El cuadro es complejo”.
Emergencia alimentaria
Otra iniciativa en pos de acompañar a las familias más necesitadas frente al ajuste desmesurado que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei es la impulsada por la legisladora Ayelén Spósito, con el acompañamiento unánime de sus pares de bloque de Vamos con Todos: Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempe, Fabián Pilquinao y José Luis Berros, que fue presentada a fines de febrero, dirigido por nota a la Comisión de Asuntos Sociales, donde todavía no fue tratado.
Se trata de un proyecto de Ley para declarar la emergencia alimentaria en la provincia por 2 años y crear el Consejo Provincial de Seguridad Alimentaria y Nutricional que funcionaría dentro del Ministerio de Desarrollo Humano en Cultura y Deporte, que sería también la autoridad de aplicación de esta ley. Dentro de ese consejo hay varios actores que participarían: representantes de salud, educación, legisladores, trabajadores de la economía popular, responsable o referentes de la Pastoral Social de la zona atlántica, valle y cordillera. “Uno de los principales objetivos es diseñar el plan de abordaje de la emergencia como una política de Estado”, dice Ayelén Spósito a este medio y detalla que también se contempla crear un Registro Provincial de espacios comunitarios: comedores y merenderos, específicamente.
“Esto se debe actualizar cada 60 días, porque sabemos que en plena crisis económica y social estos espacios comunitarios empiezan a resurgir en todos los barrios y hay que dar asistencia a todos. También debe haber un mecanismo de control sanitario y nutricional”, explica.
Otro rasgo interesante es que se contempla que un gran porcentaje de los alimentos que compre el Estado deben comprarse a los pequeños productores de la provincia, porque esta manera también se genera una economía circular hacia productores de la agricultura familiar que frente a estas crisis económicas son uno de los principales afectados.
“Lo importante de este proyecto es que es de cumplimiento efectivo y de carácter operativo, lo cual significa que en cuanto logremos que salga la ley se tiene que empezar a implementar. Lo que estamos haciendo ahora es buscar adhesiones o que por lo menos comience el tratamiento: es una demanda de un gran sector de la sociedad ya que está dirigido principalmente a espacios comunitarios que dan de comer, incluyendo a los comedores escolares, un sector también que se ve afectado”.
Asimismo, se agregó un artículo que prevé que también lleguen estos alimentos de igual manera para todos los comisionados, en todos los parajes. “Sabemos que son lugares que están alejados, que la necesidad es igual y que son los lugares más postergados de nuestra provincia”.
De esta manera, el proyecto busca poner en discusión la situación de hambre que hoy vive la provincia, ya que cada vez más personas llegan a pedir alimento.
“Hemos pedido por nota que se comience a tratar y discutir el proyecto, porque puede ser modificado, es una base. Lo que buscamos es poner en evidencia el hambre, que pareciera que no es una prioridad del Gobierno provincial. Sin embargo, la realidad nos dice que hay una emergencia alimentaria y que los espacios no tienen alimentos, mientras aumenta la demanda. Muchos que antes llegaban a fin de mes o podían comer hoy no está llegando. Nos preguntaos cuál es el plan que tiene el Gobierno para asistir a esta gente. Hoy el 60% está bajo la línea de pobreza en una provincia productora de alimentos. Desde la política tenemos que dar respuestas”.
Por Violeta Moraga
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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