Recientemente, el gobierno nacional anunció el cierre del INAFCI, junto al cierre del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar. Esto implica la pérdida de 900 trabajadores y trabajadoras a disposición de las comunidades campesinas y productivas de alimentos vegetales y animales.
Asimismo, fue anunciada la deshabilitación del funcionamiento de 200 mil Núcleos de Agricultura Familiar (NAF) en todo el país. ¿Qué significan estos espacios para las comunidades? ¿Qué es lo que compone y comprende a las políticas agrarias?
Desde el 10 diciembre el Instituto Nacional de Agricultura Familiar y Campesina (INAFCI) atravesaba un proceso de desfinanciamiento que anticipaba su desmantelamiento, vaciamiento y cierre. El anuncio finalmente se hizo en vísperas de los últimos feriados de marzo, en un contexto carente de conversación con quienes trabajan en el organismo y quienes conforman los movimientos productivos campesinos en los territorios. Vale decir que,durante el tiempo de gestión que lleva el gobierno nacional no sólo han sido desoídos los reclamos del sector, sino que parecieran ser ignorados por completo.
Estos espacios, resultantes de las luchas de los pueblos campesinos, corren la misma suerte que otros espacios de construcción social y cultural durante la actual gestión de gobierno. Su cierre fue anunciado como parte de la política de achicamiento del Estado que lleva adelante Javier Milei; e impacta de manera directa en las vidas de aquellas familias y comunidades que trabajan la tierra, peligrando su desarrollo económico. “Las políticas públicas son importantes para el crecimiento y el desarrollo de un sector que realmente tiene dificultades para el acceso a financiamientos; compuesto por pequeñas y pequeños productores informales donde abunda el trabajo familiar y donde muchas veces se dificulta incluso también la contratación de técnicos y técnicas para los distintos proyectos productivos”, señala al respecto Agustín Mavar, referente de la UTT Patagonia.
Asimismo, la medida atenta contra la producción, el desarrollo nacional de alimentos y la construcción de soberanía alimentaria. Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina, han sido presentados diversos proyectos de ley y propuestas para trabajar en el acceso a la tierra, como así también en el fortalecimiento cooperativo y su financiamiento, la promoción de la agroecología, el agregado de valor sobre la producción y los corredores logísticos para el acceso a la distribución y el mercado.
Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra asegura en una reciente nota de opinión que “la agricultura familiar representa al 75% de los productores, aunque accede sólo al 13% de la tierra agrícola. En el sector hortícola, más de la mitad son arrendatarios y, en el campo profundo, a pesar de estar en la tierra desde hace generaciones aún no están regularizados sus títulos”. Por su parte, Mavar suma que la medida atenta contra “el sector más frágil y más pobre del campo, que a su vez es el que produce más de la mitad de lo que comemos y genera más de la mitad del empleo rural. Entonces es muy importante, y es necesario sostenerlo por la importancia estratégica que tiene”.
Agustín Mavar, quien también es un pequeño productor del Desemboque, en la localidad de El Hoyo, agrega que “en una Argentina en la que entre 6 o 7 de cada 10 personas tiene problemas para comer es muy importante defender, acompañar y fortalecer al sector que produce alimento para el mercado interno; que es el conjunto de los pequeños productores de nuestro país”.
El campo que alimenta
De acuerdo a relevamientos del sector, más del 60% de los alimentos que se consumen en nuestro país son cultivados por manos provenientes de la agricultura familiar y cooperativa. Manos que cuidan el ambiente y cumplen un rol fundamental para sus comunidades más próximas. Son manos que permiten el desarrollo de la producción en los propios territorios que habitan los productores, permitiendo el arraigo de aquellas comunidades en sus propios territorios, evitando migraciones forzadas a los grandes centros urbanos. Manos que posibilitan la construcción de otros modos de vida y vincularidad social en y con las comunidades. Los movimientos campesinos y productores de alimentos cuidan y son cuerpo vivo de la incesante batalla contra el modelo extractivo y agro extractivo en nuestro país.
La agricultura familiar es ampliamente diversa en su producción y compone, fundamentalmente, los cordones periurbanos que alimentan a las grandes ciudades, pero también el corazón de determinadas comunidades y localidades de menor densidad poblacional. Durante los primeros tres meses del gobierno de Milei el INAFCI pasó -sin autoridad designada a su cargo- de la Jefatura de Gabinete, donde fue creado hace tan sólo dos años atrás, al Ministerio de Economía, pasando por el Ministerio de Capital Humano donde duró un parpadeo.
La agricultura familiar y campesina es la imagen de una infancia entre zapallos y la travesura de comer los primeros tomates cual si fueran golosinas. La entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación -ahora renombrada Secretaría de Bioeconomía- impulsó dicha política hacia este sector productivo a partir de entenderlo como estratégico para nuestro país y para el abastecimiento interno de alimentos; como así también para el desarrollo de las economías regionales y el arraigo rural.
Sin embargo, debajo de estas políticas que surgen de la práctica e insistencia de los sectores a los que se corresponden, existe un gran entramado de prácticas culturales que resulta necesario ponderar. Por un lado, porque dan cuenta de la identidad de quienes producen los alimentos que llegan a nuestras mesas. Por el otro; porque construyen determinados modos de vida que resultan amables con el ambiente y el sostenimiento de la vida en general. Los movimientos campesinos de nuestro país son fundamentales como respuesta frente a los cambios climáticos que cada vez afectan más a los diferentes territorios con sequías, inundaciones o incendios y quemas indiscriminadas.
En la región de la Comarca Andina, la agricultura familiar encuentra su rostro en las familias que cultivan alimentos en el bosque del Mallín Ahogado, las chacras de Rincón de Lobos o el Camino de los Nogales. De igual manera, son aquellos y aquellas productoras que cultivan y reproducen semillas en las montañas que rodean a San Carlos de Bariloche, donde son construidos conocimientos en torno a la adaptación de diferentes cultivos a los microclimas del valle cordillerano; la reproducción de algunas especies y el cuidado de otras, no sólo vegetales sino también animales.
Da cuenta de la relación que existe entre quienes trabajan la tierra y las políticas que se han implementado desde el INAFCI Erika Benavente, referente de comercialización de la UTT, al decir que “como productora y participante de cooperativas el instituto es la asistencia en el territorio y el acompañamiento técnico, es como la ramita que te ayuda a crecer y resolver cuando te trabás con algo, ya sea papeles o gestión de insumos por ejemplo”. Agrega incluso que “para la UTT, es la pata del Estado con el vínculo más cercano a la organización, la que más tiene que ver con el acompañamiento al pequeño productor”.
Preocupa la caída de los contratos del Instituto, dado que incluye a trabajadores del área técnica con más de 20 años de antigüedad. Todos ellos con salarios que figuran debajo de la línea de pobreza. Una deuda del Estado respecto de las dignas condiciones laborales que cualquier trabajador o trabajadora merece. Estos trabajadores y trabajadoras, al no estar desempeñando sus labores en planta permanente, pasan a perder -mediante la no renovación contractual de sus empleos- su fuente de ingreso y sostén económico, y además su función en la construcción y apoyo al campo que alimenta.
Por Por Ada Augello (UTT Comarca Andina)
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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