El gobierno de la Libertad Avanza cerró la Comisión de Asuntos Indígenas y reubicó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas bajo la dependencia del Ministerio del Interior. Conversamos con Jorge Nahuel referente de la Confederación Mapuche de Neuquén y con la ex presidenta del INAI y del CAI Magdalena Odarda.
Unos meses atrás, integrantes de la Confederación Mapuche de Neuquén conversaban con el ex presidente Alberto Fernández -en su visita a Vaca Muerta- y con Sergio Masa -en su instancia de campaña- sobre la necesidad de contar con un Ministerio de las Naciones Indígenas. En estos días, el gobierno de la Libertad Avanza cerró la Comisión de Asuntos Indígenas y reubicó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas bajo la dependencia del Ministerio del Interior.
Reestructuración del INAI
En el boletín oficial del 23/3/2024 se establece el traspaso del INAI del ámbito del Ministerio de Justicia al Ministerio del Interior y la conformación de un Consejo de Coordinación y un Consejo Asesor. El poder ejecutivo nacional designó a sus nuevas autoridades: presidente: Claudio Avruj (secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Macri). Vicepresidente: Fernando Brom.
“Desplazar el INAI al Ministerio del Interior -un ministerio que está en permanente diálogo con las provincias- es un claro intento de utilizar a las comunidades indígenas como monedas de cambio –dice Jorge Nahuel, coordinador de la Confederación Mapuche de Neuquén- de la zona de Vaca Muerta-. Si el gobierno se retira de su rol de fiscalizador, de velar porque los derechos se cumplan, nos deja sin respaldo para afrontar los conflictos con los gobiernos provinciales.”
En 1985 se creó el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) por impulso del presidente Raúl Alfonsín en el marco de las leyes que acompañaron la recuperación de la democracia. En 2021 inaugura su sede en el Espacio de la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) con un sitio ceremonial. La ley 23.302 defiende los derechos de los pueblos originarios y otorga la potestad al INAI sobre la adjudicación de tierras. A su cargo está el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas que realiza el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades y sus territorios. El resultado de este proceso esla Carpeta Técnica, una herramienta que, con una futura Ley de Propiedad Comunitaria, resolvería los conflictos territoriales de las comunidades.
“Desde el 2006 el INAI relevó un poco más del 50 por ciento de las comunidades en Neuquén. Nosotros planteamos que tiene que haber un Ministerio de las Naciones Indígenas, un órgano con potencia política, porque resulta imposible que desde un Instituto tan pequeño, sin delegaciones provinciales, sin suficiente equipo técnico, desjerarquizado se pueda responder a las demandas de 40 naciones”, plantea Jorge Nahuel.
Magdalena Odarda, durante su mandato como presidenta del INAI –2020 a 2022- propuso varios proyectos que quedaron truncos por el pedido de renuncia por parte del ex jefe de estado Alberto Fernández. Entre ellos se encuentran: el proyecto de reparación histórica para la niñez indígena -presentado junto al diputado Daniel Arroyo-. “Ante los índices alarmantes de malnutrición y las estadísticas crueles en los registros oficiales, se propone un fondo de reparación para garantizar el derecho al agua y a la alimentación segura para que ningún niño muera por falta de agua y de comida”, dice Odarda. Y el proyecto de formación integral para funcionarios públicos en derecho indígena, al estilo de la Ley Micaela, denominada Ley Darío Duch. “Se advierte un gran desconocimiento por parte de los administradores del Estado sobre la normativa indígena”, dijo Odarda.
Además el INAI promueve la participación indígena en las políticas públicas que los convocan, articulando acciones con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales. Otra tarea importante es coordinar las restituciones de los restos mortales de indígenas que formen parte de museos o colecciones privadas, establecidas por la ley 25.517.
Cierre de la Comisión de Asuntos Indígenas
El 8 de marzo la vicepresidenta Villarruel decidió no renovar la Comisión de Asuntos Indígenas (CAI) del Senado -creada en 2017- antes del comienzo de las sesiones ordinarias en el recinto. Esta comisión permitió por primera vez en la historia que las demandas de los pueblos originarios estén presentes en la cámara alta.
Una de las tareas prioritarias fue conseguir la prórroga de la ley 26.160, ley de emergencia en materia de propiedad comunitaria. En el 2006, ante la grave situación de las comunidades originarias, se promulga la ley 26.160 que suspende el desalojo de las tierras que tradicionalmente ocupan. Esta ley debe ser prorrogada cada 4 años.
En 2021 se obtuvo media sanción en el Senado, pero la cámara de diputados no la aprobó. Finalmente, el ex presidente Alberto Fernández -por decreto- extendió su vigencia hasta el 2025. “Esta ley protege a las comunidades de la voracidad inmobiliaria y extractivista de los grandes capitales. Tiene cientos de juicios frenados que resguardan los bienes naturales de los territorios”, argumenta la rionegrina y actual legisladora provincial de Vamos Con Todos Magdalena Odarda.
La Comisión se abocó a la redacción del proyecto de ley sobre propiedad comunitaria que otorgaría el título de propiedad comunitaria y regularizará la situación jurídica de las comunidades. Además, del proyecto de ley de Declaración de Sitios Sagrados, base para crear el área de Sitios Sagrados en el INAI que declaró diez puntos en todo el país, entre ellos el Volcán Llullaillaco -centro ceremonial donde fueron hallados los restos de los niños del Llullaillaco-. Y junto con las Abuelas de Plaza de Mayo se redactó el proyecto de ley para la desclasificación de documentos sobre el genocidio indígena. Estos documentos están en manos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de otros organismos como la iglesia y tratan sobre los crímenes cometidos contra los pueblos Mapuche Tehuelche en la mal llamada Conquista del desierto.
Algunos de estos proyectos cuentan con estado parlamentario pero se necesita de la voluntad política para que se materialicen. “La Comisión posibilitó un espacio para que los representantes de las comunidades pudieran debatir sus políticas en el ámbito del Senado. El cierre de la Comisión es parte del racismo estructural que vive nuestro país”, dijo Magdalena Odarda.
El gobierno libertario, en lugar de instalar un debate social sobre la eficiencia de los organismos del estado, de abrir una discusión sobre los alcances del INAI y del CAI, arremete como un malón contra las instituciones públicas sin medir las consecuencias sociales y económicas que esto conlleva.
Por Verónica Battaglia
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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