El presidente Milei decretó un recorte de 30 veces la masa de recursos asignados al Fondo de Integración Socio Urbana que realizó conexión de servicios y mejoramiento de viviendas a más de 3000 familias de Bariloche y El Bolsón.
Esta semana el presidente Javier Milei decretó la asfixia del fideicomiso que financiaba la integración de barrios populares en la Argentina. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) se constituía por el 9% de la recaudación del impuesto PAIS a la compra de divisas extranjeras. Ahora ese porcentaje se reduce al 0,3%. El recorte es equivalente a 30 veces menos recursos, lo que prácticamente desactiva las obras en ejecución y proyectos futuros de provisión de agua, luz, gas y cloacas, mejoramiento de viviendas, generación de lotes
El fondo administrado por la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) de la Nación a cargo de Fernanda Miño permitió en Bariloche y el Bolsón el desarrollo de 21 proyectos en sólo tres años. Entre ellos, la conexión de agua en Barda Este y gas en Nahuel Hue, Nueva Jamaica y Don Bosco de Bariloche; y de electricidad en Tres de Mayo, Barrio Obrero y El Renoval de El Bolsón. Por todos fueron invertidos 6.446.362.866 pesos.
El desfinanciamiento del fondo fiduciario –que oportunamente recibió el 15% de la recaudación del impuesto a las grandes fortunas y recursos del Banco Interamericano de Desarrollo- pone en riesgo la continuidad de obras por más de 2400 millones de pesos en barrios como Loma del Medio de El Bolsón, donde se prevé la urbanización de 800 viviendas, o Alún Ruca de Bariloche, donde se está construyendo un centro destinado al turismo social.
Vecinos y cooperativistas pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Excluidos realizaron este viernes una asamblea en el obrador de Calle 0 y Habana para evaluar cómo seguir y proteger las fuentes de empleo que en la región, según la SISU, alcanzaron de manera directa a 3900 personas e indirecta a 1300. De ejecutarse el plan, habrán sido beneficiadas en 21 barrios de ambas ciudades 3029 familias.
“Quienes vivimos en barrios populares y optamos seguir trabajando en ellos, sabemos lo que pasa cuando el Estado se retira”, dijo Fernanda Miño a Página 12 anoticiada del Decreto 193 del presidente Milei. “Empiezan a aparecer eso que lleva a nuestros hijos y juventudes al camino que no corresponde. Se termina despedazando todo y haciendo más doloroso aún vivir ahí”.
La Ley de Integración Socio Urbana fue aprobada por unanimidad en Senadores y Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri, tomando como base los barrios del Registro Nacional de Barrios Populares relevado por organizaciones sociales, Cáritas y TECHO. Ese número asciende hoy a 6000 barrios.
El FISU fue creado durante el gobierno de Alberto Fernández y financió obras en 1300 barrios, mejoró 250.000 viviendas de madres solteras, generó 25.000 lotes y proveyó de servicios a 180.000 hogares.
Los recursos administrados por la SISU fueron ejecutados por gobiernos provinciales y municipales opositores e independientes, como los de Juntos Somos Río Negro, con el criterio de prioridad para casos de hacinamiento extremo. Hubo proyectos en marcha en las 23 provincias argentinas, CABA y 241 municipios.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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