Tres becarios del organismo de investigación explican por qué las medidas del presidente Milei desactivan la promoción de científicos y los empuja a continuar sus estudios en el exterior.
Rocío, 31 años, está por finalizar el doctorado en Ciencias Agrarias y Forestales gracias a una beca del CONICET, el organismo que regula la investigación científica argentina. Su tema de estudio es cómo factores sociales y políticos afectan el uso de suelo en áreas protegidas de los Bosques Andino Patagónicos. Para cuando termine su beca, en poco más de un año, Rocío quisiera realizar un posdoctorado en nuestro país, pero “como la situación del CONICET no brinda perspectivas alentadoras”, dice a Al Margen, “analizo una propuesta para concursar una estadía posdoctoral en el extranjero”.
El presidente Milei prorrogó para 2024 el mismo presupuesto asignado a la administración pública nacional en 2023, en la que orbita el CONICET. Frente a una partida que estipulaba un 60% de inflación que terminó en 211%, el organismo resolvió días atrás posponer la publicación de los resultados de la convocatoria a becas y promociones hasta que se configure el presupuesto definitivo. La decisión no afecta a personas que ya hacen uso de la beca –como Rocío, unas 11 mil en todo el país- sino a postulantes que podrían iniciarla en abril. Celeste Ratto, Directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Norte, calcula que este año debieran entregarse entre 1000 y 1400 becas. En 2023, en Bariloche, fueron beneficiados 64 investigadores.
Carolina, 35 años, becaria postdoctoral, analiza procesos de desarrollo rural de productores pastoriles y de conservación o de puesta en valor del pastizal de la estepa norpatagónica. Si bien la beca vence en noviembre del año próximo, teme que su continuidad en la Comisión de Investigaciones Científicas quede suspendida, entonces deberá ver qué hacer.
“Todavía no terminaron de dar de alta a la camada 2021 y ya anunciaron que la camada 2022 no se va a efectivizar hasta que haya nuevo presupuesto”, dice.
La situación laboral de un becario es precaria. “No tenemos aportes, antigüedad laboral, aguinaldo. Muchos de los “beneficios” que tenemos no están en ningún estatuto, sino que se hacen por buena voluntad de la gestión del momento”, dice Carolina. “Por ejemplo, como no tenemos obra social, nos pagan una prestadora, como si fuera una prepaga”. El salario aproximado de un becario en algunas zonas como la Patagonia es de $600.000, y menor en las grandes ciudades.
Juan Martín, 32 años, politólogo, está finalizando el doctorado en ciencia política. Su tema de trabajo es sobre las causas que explican las distintas decisiones microeconómicas de productores agropecuarios en la Región Pampeana y qué impactos tienen estas decisiones sobre el ambiente. Dice que la postergación de la publicación de resultados y convocatorias a nuevas becas si el congelamiento continúa, lo afectará recién el año que viene.
“En una situación lleva a que una minoría emigre al sector privado -porque las empresas invierten poco y de forma focalizada en investigación y desarrollo-, otra minoría siga su formación en el exterior -sobre todo aquellos que ya hemos estado becados en el exterior- y el resto, una mayoría, salga del sistema”, dice Juan Martín. “Y una vez que uno sale del sistema en instancias de formación, es muy difícil volver por las características de las evaluaciones”.
Otras medidas regresivas
El frízer donde el presidente Milei conserva todo lo público entumecerá el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, diez puntos cardinales aprobados en octubre por el Congreso de la Nación con el voto afirmativo de todos los legisladores, menos uno.
Además el DNU 70/2023, cuya constitucionalidad será evaluada por la Corte Suprema de Justicia en febrero a partir de una presentación del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, incorpora algunos retrocesos sobre áreas protegidas como la derogación de la Ley de Tierras que habilita la libre venta de hectáreas a capitales extranjeros y la modificación de la Ley de Bosques que autoriza desmontes en zonas de alto valor de conservación. El proyecto de ley ómnibus, por otro lado, modifica la Ley de Glaciares y promueve la minería en áreas de reserva de agua dulce.
Hay más. El decreto 84/2023 dejó cesante a los trabajadores con contratos en el Estado nacional ingresados en 2023. Dos empleados del CONICET Bariloche que cubrieron vacantes por baja ya fueron despedidos, y podrían correr igual mala suerte luego del 31 de marzo otras 20 personas (entre 1500 en todo el país), porque el decreto no asegura la continuidad de los contratados ingresados en cualquier fecha.
“Estos trabajadores y trabajadoras representan el sostén administrativo y funcional para todas las unidades de gestión e investigación del país. Su desvinculación implica la destrucción de parte de las capacidades operativas del CONICET”, expresaron horas atrás las autoridades de Centros Científicos Tecnológicos del CONICET de todo el país. También manifestaron su consternación ante la prórroga presupuestaria. “La imposibilidad de sostener a nuestra institución, si no se reciben refuerzos presupuestarios, implicaría graves consecuencias para el futuro del sistema científico nacional, ya que la desinversión en ciencia generará un retroceso que costará muchos años revertir”.
La guerra ya había sido declarada cuando el entonces candidato dijo que privatizará el CONICET, tal vez como provocación, o como promesa de campaña.
Por Pablo Bassi
Foto: diario El Cordillerano y CCT CONICET Patagonia Norte
Cooperativa de comunicación Al Margen
