Pasando por encima del Congreso Nacional, el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que tendrá un fuerte impacto en la vida de los argentinos y argentinas. La república y la democracia tambalean. La Patagonia está en peligro: ¿Cómo impactarán estas medidas en el sur del país? La extranjerización de la tierra en el centro del debate.
En un mensaje grabado y emitido por cadena nacional, el presidente de liberal libertario Javier Milei anunció este miércoles la firma de un DNU al que llamó “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”. Incluye un paquete de más de 300 medidas que ponen en jaque la soberanía nacional y la vida de los ciudadanos y ciudadanas, con la derogación de leyes claves como Alquileres, Góndolas, Abastecimiento, Ley de Tierras y derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.
Un amplio espectro del arco político expresó su rechazo a este decretazo. Desde distintos sectores de Juntos por el Cambio, como Horacio Rodríguez Larreta, pasando por Lousteau, el mismo Miguel Ángel Pichetto -ex compañero de fórmula de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2019-, hasta representantes de Unión por la Patria y la izquierda. “Este DNU es inconstitucional porque invade competencias del Congreso Nacional, afecta la división de poderes, como así también el funcionamiento de la República y la democracia argentina”, señalaron desde el bloque de Diputados de UxP.
En tanto, el ex jefe de gobierno porteño tuiteó: “Así no. La Argentina necesita reformas pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso”. En el caso de JxC, las críticas tuvieron más que ver con las formas que con el contenido de este decreto hecho a la medida de los grandes empresarios.
Pero el rechazo también se hizo sentir en las calles, con cacerolazos que se replicaron en las ciudades de Puerto Madryn, Córdoba, Mendoza, Rosario, La Plata, Tandil, Morón, acá en Bariloche y otros puntos del país.
Sin debate en el Congreso, este DNU hace tambalear los pilares de la República y la soberanía nacional. A las medidas de ajuste y de flexibilización laboral que afectarán a todos los argentinos y argentinas, en la Patagonia se suman otras, como la derogación de la Ley de Tierras y las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego y normativas mineras. ¿Cómo impactará el DNU en el sur de la Patria?
Sin Ley de Tierras, la Patagonia está en venta
El presidente Milei derogó con el DNU la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Esta fue una normativa impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sancionada en diciembre del 2011 con el objetivo de “regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción”, según detalla el texto de la ley. “No es solo una demanda de alto contenido nacional, sino de protección de un recurso estratégico no renovable”, había dicho en ese entonces la ex presidenta.
Con el fin de poner un límite a la extranjerización de la tierra, esta norma establecía entre sus principales puntos un tope del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de campos en territorio nacional para personas extranjeras; un límite a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros de hasta 1.000 hectáreas; y prohibía la posesión de tierras ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
“La derogación de la Ley de Tierras no es casualidad”, dice Magdalena Odarda, legisladora de Río Negro por el bloque Vamos con Todos (UxP), amparista en la causa Lago Escondido y autora de la Ley de Tierras. Es que ya en 2016, en uno de sus primeros actos de gobierno, el ex presidente y actual aliado de Milei, Mauricio Macri, había flexibilizado -también por DNU- los alcances de la Ley habilitando la transferencia de acciones a extranjeros sin la necesidad de informar al Registro Nacional.
“Corren riesgo de ser parte de la voracidad del poder económico internacional las más de 5 mil millones de hectáreas que están sin títulos de propiedad en la provincia de Rio Negro por ser ‘fiscales’, entre comillas, porque muchas pertenecen a comunidades indígenas”, al tiempo que “también peligran las áreas de frontera que tienen un interés especial porque en sus entrañas seguramente guardan minerales estratégicos”, alertó la legisladora.
Actualmente, el 5,23 por ciento de las tierras del país está en manos de extranjeros. Se trata de 12.520.826 hectáreas, según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR). En la Patagonia, Santa Cruz es la provincia con mayor porcentaje, con el 8.11 % de su tierra en manos extranjeras. La sigue Tierra del Fuego (5.34 %), Neuquén (5.5 %), Chubut (3.88 %) y Río Negro (1.78 %). Ninguna provincia argentina supera el 15% que establece la Ley.
En el top de los magnates extranjeros que más tierras concentran se encuentra Luciano Benetton. El italiano es dueño 655.990 hectáreas para negocios agrícolas, ganaderos, forestales y mineros en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz y Chubut, en cuyas hectáreas fue desaparecido y asesinado Santiago Maldonado en el marco de la represión a una comunidad mapuche.
El otro caso paradigmático es el de Joe Lewis, empresario británico amigo de Macri que tiene comprada de manera irregular la orilla del Lago Escondido, lo que impide el libre acceso a la costa. Allí el magnate tiene la megamansión donde se dieron cita funcionarios judiciales, fiscales, políticos y empresarios del multimedio Clarín.
Por otra parte, capitales de los Emiratos Árabes están incrementando cada vez más su presencia en el sur cordillerano. Así lo denunciaba también la legisladora: “Los grupos de inversión extranjeros con más capital, que en estos momentos son los países árabes, vienen por el agua y por la tierra”.
En definitiva, con la derogación de la Ley de Tierras, el Gobierno de Javier Milei le pone un cartel de venta a la Patagonia Argentina, codiciada por sus recursos naturales, y entrega de la noche a la mañana, la soberanía nacional a los negociados extranjeros. “Luchas como la del libre acceso al Lago Escondido adquieren otra significación y va a requerir que el pueblo salga a defender los bienes naturales comunes”, concluyó Odarda.
Ley de Manejo del Fuego, las modificaciones están por verse
Otro de los anuncios de Javier Milei apuntó a modificar la Ley de Manejo del Fuego, una normativa que crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego para la protección ambiental contra los incendios forestales.
Un tema extremadamente sensible para las y los habitantes de zonas de rurales o de interface, como la Comarca Andina, que cada verano tiembla ante una columna de humo. El último gran incendio ocurrido el 9 de marzo de 2021 en el sector de Las Golondrinas, Lago Puelo y El Hoyo arrasó con más de 300 viviendas y miles de hectáreas de bosque nativo, dejando una huella imborrable en la memoria de los vecinos y vecinas.
Si bien la modificación a esta Ley estuvo en los anuncios del Presidente, en el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial no hay información alguna sobre ellas, por lo tanto, aún se desconocen los alcances que tendrá.
Sin embargo, hay un punto clave. Hasta ahora, la Ley de Manejo del Fuego establece que las tierras quemadas no podrán venderse, lotear o urbanizarse por 30 o 60 años hasta garantizar su recuperación. Sin Ley de Tierras, podría quedar la vía libre para las quemas destinadas a la comercialización de los territorios.
Modificaciones a la Ley Minera
En el mega decreto el Gobierno de Milei derogó leyes vinculadas a la actividad minera: la Ley N° 24.523 que creaba el Sistema Nacional de Comercio Minero y la Ley N° 24.695 de creación del Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos.
Consultado al respecto de las implicancias que estas derogaciones pueden tener en el desarrollo de emprendimientos mineros en el sur, el abogado oriundo de Esquel, Osvaldo Salinas, señaló que al momento el DNU no contiene “nada que habilite o deshabilite la actividad minera” por lo que “no afecta la amenaza que ya tenemos de la megaminería”.
Hace pocos días, el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck aseguró que la suya “será una provincia minera”. Fue luego de haber logrado la aprobación en la Legislatura de una serie de modificaciones a medida de las empresas mineras: la modificación del Código de Procedimientos Mineros de Río Negro, de la ley de Regalías Mineras y la creación del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Co.P.E.A.M.).
Las luchas contra la megaminería son históricas en la Patagonia, especialmente en la provincia de Chubut, donde se vienen dando procesos de resistencia desde hace más de 20 años con el “No es No” en Esquel hasta el “Chubutazo” del 2021. Y no habrá que bajar la guardia. Entre sus considerandos, el DNU de Milei expresa que “la minería es otra área con gran potencial en el país y que se encuentra notablemente subdesarrollada”.
Para intentar frenar el avance minero en Río Negro, se movilizaron cientos de personas en Viedma y otros puntos de la provincia. En El Bolsón, se conformó “Comarca de Pie”, una organización de autoconvocadxs que viene impulsando marchas en contra del extractivismo y convocando a ollas populares para hacerle frente a las medidas de Milei.
Las luchas por el cuidado y la protección de los territorios y el medioambiente, históricas en la zona, podrían convertirse así en el aglutinador de distintos sectores sociales que salgan a las calles contra el ajuste y en defensa de la soberanía nacional.
Por Camila Vautier
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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