Legisladores rionegrinos aprobaron un sistema de protección de derechos para personas en situación de calle. Incluye campañas contra la violencia a personas, facilitación de acceso a programas sociales, políticas públicas, creación de albergues y relevamientos.
La Legislatura rionegrina aprobó este jueves el “Sistema de protección de derechos de personas en situación de calle”: un instrumento adecuado en ciudades en transformación por su crecimiento demográfico y crisis habitacional, que permite contener efectos indeseables muy presentes en grandes urbes, como la violencia y odio a los pobres (aporofobia).
El proyecto impulsado por las legisladoras Maru Martini (Frente de Todos) y Julia Fernández (Juntos Somos Rio Negro) fue convertido en ley en segunda vuelta y busca resguardar a personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle, como las notificadas de inminentes desalojos.
Hace poco relatamos en Al Margen el caso de una vecina y su hija de diez años, quienes desalojadas de la propiedad alquilada en Bariloche recurrieron a la Comisaría de la Familia, donde le sugirieron asistir a un refugio para mujeres víctimas de violencia de género porque la municipalidad no tenía lugar para ellas. El suyo es un ejemplo que se encuadra en esta ley.
Será el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro la autoridad de aplicación, y entre sus responsabilidades se encuentran la realización de campañas contra la violencia y los prejuicios hacia las personas en situación de calle, la facilitación de acceso a programas sociales, la promoción de políticas públicas integrales, la creación de centros de contención y albergues y el relevamiento de personas.
El censo 2022 realizado en mayo dispuso a 265 censistas a registrar a personas en situación de calle en 75 departamentos argentinos, pero el operativo no se realizó ni en La Rioja, San Juan, Santa Cruz y Río Negro. Ese relevamiento había sido ordenado por una ley nacional sancionada en octubre de 2021, que además ordena crear centros con atención las 24 horas y espacios terapéuticos, talleres, formación y ocupación laboral.
“Existen algunas respuestas a la realidad que viven las personas en situación de calle generadas por la sociedad civil y por parte de los estados municipales, pero el conocimiento de estas es escaso y carecen de una sistematización, evaluación y de una adecuada difusión; se hace imprescindible un relevamiento a nivel provincial para dar cuenta del estado actual de las mismas”, explicaron los autores el proyecto provincial en sus fundamentos.
Joaquín Collazo, integrante del equipo que elaboró el proyecto provincial, subrayó que en ni en Viedma ni el Valle ni en la Región Sur existen albergues para personas en situación de calle. Sólo Bariloche y El Bolsón cuentan con alojamiento transitorio. Es el caso del Hogar Emaús, un espacio que nació por iniciativa comunitaria y ahora es gestionado por el obispado, los municipios y el Sedronar, con la participación de voluntarios.
En una entrevista en Canal Abierto, la socióloga Cecilia Arizaga explicó la aporofobia como la convivencia en un mismo espacio urbano de pobres ricos, donde las diferencias sociales son naturalizadas y al mismo tiempo operan en tensión. “La tensión se genera entre la repulsa y la necesidad”, señaló Arizaga. “Los pobres molestan, pero al mismo tiempo son asumidos como mal necesario para ciertas tareas: desde cortar el pasto del jardín hasta el mantenimiento de edificios”.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
