Este sábado se abrió el 35 encuentro plurinacional de mujeres y disidencias con una ceremonia ancestral y el pedido de libertad de las mujeres mapuche de la comunidad Lafken Winkul Mapu que resonó con el grito de victoria “Marichi Wew” en todo el parque de la ex Cerámica de la capital de San Luis.
El amplio repudio de las mujeres convocadas en el encuentro y las voces de las organizaciones sociales y referentes políticos se impusieron como una barrera frente a la vulneración ostensible de los derechos humanos. El pasado martes, las mujeres de la comunidad Lafken Winkul Mapu fueron detenidas, incomunicadas y cuatro de ellas trasladadas a 1500 kilómetros de distancia por la fuerza federal al penal de Ezeiza.
La salida de la ministra de seguridad Sabina Frederic luego de la derrota de las PASO en septiembre 2021, el pedido de renuncia a Magdalena Odarda -presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas- y el alejamiento de Elizabeth Gómez Alcorta del Ministerio de las Mujeres, géneros y diversidad son parte de una secuencia que corre a las mujeres de los lugares de poder y a los pueblos originarios de su territorio. Durante la función de la ministra de seguridad no hubo desalojos y la ex presidenta del INAI llevó a cabo una política de diálogo frente a los conflictos territoriales en el sur. La ex ministra de las mujeres esperó en vano otra respuesta por parte del ejecutivo nacional en relación a las mujeres mapuche y tuvo que hacerse a un lado.
La noche del sábado las cuatro mujeres volvieron a la unidad V de la PSA (Policía Seguridad Aeroportuaria) de Bariloche. Las madres y la machi -autoridad espiritual- están en prisión domiciliaria mientras que una de ellas permanece internada en el hospital a punto de tener a su bebé. Las detenidas siguen en huelga de hambre exigiendo su libertad. Este despliegue de las fuerzas de seguridad se puso en marcha a partir de un ataque contra el puesto de gendarmería en Villa Mascardi. Según el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales): “Este hecho se investiga en la Justicia Federal bajo la carátula “incendio, atentado y resistencia a la autoridad”. La causa, a cargo de la jueza Federal subrogante Silvina Domínguez se encuentra en secreto de sumario, por lo que no es posible saber si existen pruebas contra integrantes de la comunidad”.
Es evidente que las mujeres no presentan riesgo de fuga ni obstaculizan el desarrollo de la investigación judicial. Privarlas de su libertad es parte de la “cacería mapuche” como lo formulan los referentes del Codeci y de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, que exigieron la renuncia del ministro de seguridad Aníbal Fernández en una carta al presidente. “Somos presas políticas mapuche –dice Andrea Cañuqueo– y sentimos en carne propia lo que vivieron nuestros ancestros: nos maltrataron, nos trasladaron encadenadas sin que nos dijeran una palabra a dónde nos llevaban”.
Por Verónica Battaglia
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
Seguí leyendo Al Margen:
