Tras el atentado a la vicepresidenta, varios medios de comunicación del tercer sector hacen foco en la millonaria pauta oficial que reciben las empresas que reproducen violencia política. ¿Cómo actuar? La opinión de Natalia Vinelli de Barricada TV, la Red de Medios Digitales y Mariela Martínez de Al Margen.
El atentado contra la vida de Cristina Kirchner y la violencia política inusitada últimamente en la opinión pública volvieron a poner en agenda el rol de los medios de comunicación como soportes de esas manifestaciones. El debate podría resumirse en esta pregunta: ¿Es legítimo que grandes medios de comunicación donde circulan estos discursos sean beneficiados con mayores porcentajes de pauta oficial?
“Somos responsables de correr los límites de nuestras capacidades para construir un espectro mediático plural, profesional y comprometido con la democracia. Sin embargo, esta tarea va a ser enormemente dificultosa si el estado nacional, los estados provinciales y municipales siguen financiando la intoxicación de la población, auspiciando la producción de noticias falsas y promocionando discursos de odio a través de la pauta publicitaria oficial”, expresó días atrás la Red de Medios Digitales (RMD) que agrupa a decenas de plataformas no comerciales, entre ellas Cítrica, El Grito del Sur, ANRED, Emergentes y Al Margen, entre otras.
En el podio de canales de televisión con más pauta oficial de acuerdo a un polémico criterio de audiencia, figuran entre el 1 de septiembre de 2021 y agosto de 2022 TN, América TV, A24, La Nación +; en el de prensa gráfica, Clarín y La Nación; en el éter, Radio 10, Radio Rivadavia; en la web, Infobae, Clarín, La Nación. Mientras que Radio Berlín, propiedad de Luis Majul, recaudó un promedio mensual de un millón y medio de pesos con poco más de 10.000 seguidores en Twitter, Al Margen sólo recibió un promedio de $40.000.
El INADI fue más allá y convocó para este jueves a debatir “una legislación contra los discursos de odio que pueda ser enviada al Congreso de la Nación en el corto plazo” y el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdez también planteó la necesidad de un proyecto de esa naturaleza, lo que abrió otro debate: ¿Qué ocurriría si una ley de este tipo se vuelve contra la libertad de expresión? ¿Recuerdan el caso de Nicolás Lucero, detenido en 2018 acusado de intimidación pública por escribir un tuit con letra de cancha contra el expresidente Macri?
“El mejor antídoto contra los discursos de odio, más que la regulación de contenidos, es un cambio el sistema de medios”, dice a Al Margen Natalia Vinelli, militante del Frente Patria Grande y una de las creadoras del primer canal comunitario con licencia en TDA, Barricada TV.
“Estamos en una sociedad cuyo sistema de medios se encuentra altamente concentrado y centralizado en la ciudad de Buenos Aires. No es democrático ni plural ni diverso. Los debates que tenemos que darnos giran alrededor de la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, limitada en su funcionamiento porque depende de asignaciones específicas que rigen también al cine y al teatro y caducan en diciembre por una ley del macrismo”, dice.
Según el portal Feminacida, los medios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentran el 63% del total de la pauta oficial. Los medios no comerciales pertenecientes a cooperativas de trabajo y asociaciones civiles sólo el 1%.
“El funcionamiento de los medios populares tiene que estar garantizado; es fundamental una ley de publicidad oficial, porque los grandes medios prestan sus pantallas, páginas y diales a discursos de odio que repiten y exageran”, dice Natalia Vinelli.
“No podemos pensar de todos modos que los medios de comunicación colocan ideas adentro de la cabeza de las audiencias y éstas sencillamente las ejecutan. Hay responsabilidad de los medios como soportes de mensajes, pero sobre todo responsabilidad de la clase política que produce esos mensajes”, agrega.
En el programa “Recuperando el aire” de Radio Gráfica, el periodista Fernando Esteban y Yair Cybel de El Grito del Sur mantuvieron días atrás un intercambio interesante y compatible. Esteban planteó que los artículos vigentes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual alcanzan para aplicar sanciones económicas a medios que fomenten “discursos de odio” y Cybel, por su parte, expresó la necesidad de preservar el derecho de las audiencias a informarse libremente.
Bariloche
La distribución desigual de pauta publicitaria involucra al Estado nacional, pero también a las administraciones provinciales y municipales. Nuestra compañera, Mariela Martínez, presidenta de Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen y de AReCIA (Asociación de Revistas Culturales e Independientes de la Argentina), explicó que en Bariloche se creó por ordenanza un registro municipal de medios de comunicación cuya comisión asesora, que debiera ser convocada por el Departamento Ejecutivo para instrumentar la distribución de pauta oficial, no funciona.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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