A partir de este viernes el estacionamiento medido en Bariloche pasará a costar $80 la primera hora y llegará progresivamente a los $650 por media estadía. El aumento fue aprobado en el Concejo Deliberante, y todo esto no arrastraría ningún debate si no fuese por el argumento que dio un concejal para votar en contra.
El estacionamiento callejero en el centro de Bariloche se llama Sistema de Estacionamiento Medido y Solidario (SEMS), cumple 10 años y es modelo replicado en otras ciudades del país. El 26% de la recaudación es destinado a la municipalidad, que no tiene costo mayor porque los 160 trabajadores del SEMS están organizados en cinco cooperativas; el 4% a la Universidad de La Plata, desarrolladora de la aplicación para celulares; y el 70% restante al bolsillo de los cooperativistas. El Estado nacional, a través del Potenciar Trabajo -que es el programa de empleo que aporta el 50% de un salario mínimo y algunos denominan “plan social”- ayuda a los cooperativistas alcanzar una canasta básica alimentaria para 5 personas o a acercarse a una canasta básica total para una persona por seis horas de trabajo.
Volvamos al concejal que se opuso al aumento de tarifa. “Quiero que pensemos en una nueva alternativa de funcionamiento de acuerdo a las tecnologías que hoy están disponibles y que ya son usadas en muchas ciudades importantes como la nuestra”, posteó en redes. También dijo que son innecesarias 160 personas que podrían estar empleadas en empresas con supuestos mejores salarios. La paradoja es que el SEMS nació justamente como oportunidad ante un mercado laboral que ofrece cada vez menos vacaciones, aguinaldo, estabilidad y derechos.
En una entrevista realizada en “33 de mano” por Radio Nacional, Alejandro Palmas, dirigente social del MTE Bariloche y referente político del Frente Patria Grande, contaba que son muchos los trabajos sostenidos por cooperativas, organizaciones de la economía popular y social en Bariloche: talleres textiles, servicios socio comunitarios que no producen mercancía pero son vitales como los comedores barriales, servicios de prevención de los derechos de niños y jóvenes de barrios vulnerados, panaderías, carpinterías, herrerías, producción de alimentos, recicladores de residuos, cooperativas de asistencia para la producción, cooperativas de instalación de conexiones domiciliarias, etcétera. En su gran mayoría, están orientados a mejorar la infraestructura barrial.
Alejandro Palmas había sido invitado al programa radial para reflexionar sobre las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández cuando hizo referencia a que los planes sociales no son trabajo y cubrió con un manto de sospecha las iniciativas de cooperativas y organizaciones sociales. Posiblemente Cristina Fernández haya hecho referencia al trabajo tal como lo conoció su generación: remunerado, en blanco y con derechos, un modelo en crisis que tiende a reducirse.
Circula en Diputados un proyecto de ley que busca sancionar un salario básico universal. Esto es una asignación igual a una canasta alimentaria individual, hoy en $14.401 destinada a 7,5 millones de personas de entre 18 y 64 años: el grueso de la población en la informalidad laboral que debió recurrir en pandemia al IFE. Por aquellos días, el concepto del salario básico universal había comenzado a divulgarse en boca de Claudio Lozano, director del Banco Nación. En una entrevista, contaba que el concepto de salario o renta universal nació como respuesta al cambio tecnológico en el capitalismo. El menor empleo de mano de obra, uno de los efectos más importantes, trae aparejado una tendencia a la baja en el nivel de empleo, rotación, precarización, deterioro de ingresos, caída de la demanda, concentración de riqueza. El capitalismo meritocrático no ofrece el mismo acceso a la formación que exigen las nuevas tecnologías. Tampoco busca incorporar a los excluidos, reduciendo la jornada laboral y manteniendo el nivel de empleo. El problema, para el sistema, es individual.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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