Alejandro Palmas, referente del MTE y del Movimiento por los Derechos de la Infancia, opinó en diálogo con FM Bariloche acerca del fallo del máximo tribunal que dio lugar a un habeas corpus preventivo presentado a fines del 2015 por la Defensora de Menores Patricia Arias.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió días atrás dar lugar a un recurso presentado en 2015 para frenar la oleada de detenciones arbitrarias de adolescentes en Rio Negro. El fallo contradice la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia provincial que no dio lugar a ese recurso, y contradice también la doctrina del Ejecutivo por entonces al mando de Alberto Weretilneck, que caracterizó a esas detenciones como “preventivas”.
“Ocurre que la presunción de delito no es para toda la sociedad. La presunción de delito es mayormente para los varones adolescentes de sectores populares. Es una presunción de delito por condición social”, dice Alejandro Palmas, autor de la nota que dio cuenta del fallo en Al Margen, integrante del movimiento de infancia que acompañó el habeas corpus junto a la Defensora de Menores de Viedma, Patricia Arias.
“El Gobierno debería haber bajado instrucciones de inmediato a las cúpulas policiales para eliminar de los protocolos los artículos que permiten las detenciones arbitrarias”, agregó.
“El poder político debe saber que, si la Policía comete este tipo de irregularidades, va a tener un costo político. Los movimientos sociales y organismos de derechos humanos no vamos a quedarnos de brazos cruzados”.
– ¿En qué contexto surgió esa oleada de detenciones?
-Tuvo que ver con la llegada al gobierno nacional del macrismo y de una mirada más punitiva hacia los sectores populares, sobre todo los adolescentes. En ese contexto, la Provincia de Río Negro retomó alguna de las posiciones que venía adoptando desde 2013 en relación a menores en conflicto con la ley penal, e intentó frenar ese habeas corpus colectivo presentado por Patricia Arias.
-En la nota que escribiste en Al Margen citás un comunicado de la Provincia muy curioso, que habla de “detenciones preventivas”. ¿Son legales las detenciones preventivas?
-No, la única forma que tienen las fuerzas de seguridad para detener, o demorar en el caso de adolescentes, es encontrar una situación de flagrancia. O sea, una situación concreta de comisión de delito. Por eso decimos que la Provincia sofisticó sus argumentos rozando la perversidad, porque argumentó que las detenciones arbitrarias son necesarias en pos de la prevención de los adolescentes en situación de vulnerabilidad. Una aberración impresionante.
– ¿Qué argumento dio el STJ cuando revocó la decisión de la Cámara Criminal de Viedma de dar lugar al habeas corpus?
-El STJ responde al poder político, a Juntos Somos Rio Negro, que se encargó de ubicar en el tribunal a cada uno de sus miembros de manera arbitraria. Solo una jueza (Adriana Zaratiegui, NDR) votó a favor del recurso de la defensora, el resto lo rechazó. Los argumentos fueron políticos, en un contexto simbólico donde el Ejecutivo había lanzado el mapa del delito, buscaba impacto comunicacional y relacionar a la adolescencia con la suba de delitos.
-Ahora la Corte Suprema da lugar al recurso presentado por ustedes en 2015. ¿Qué implicaría concretamente siete años después?
-La Corte le dice a la Provincia que tiene que estar conforme a derecho, y eso es restituir el paradigma de la protección integral de niños niñas y adolescentes que dice que ninguno de ellos puede ser detenido de forma arbitraria por ningún motivo.
-En la nota dejás entrever que el fallo de la Corte pareciera ser una especie de “carpetazo” dirigido al senador Weretilneck por su proyecto para ampliar los miembros del máximo tribunal.
-Porque es muy llamativo. La Corte falló recién cuatro años después de que el Procurador General de la Nación manifestara que la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro había sido incorrecta. Todo esto en medio del empoderamiento de Rosatti y 72 horas después de un movimiento de Weretilneck para ampliar la Corte.
– ¿Ahora hay más o menos casos de abuso institucional hacia adolescentes?
-Venimos de dos años de pandemia en los que bajaron los indicadores de detenciones arbitrarias. Creo también, que mucho tuvo que ver haber visibilizado el tema y haber constituido el Comité contra la Tortura en Bariloche. No hay desbordes, y tal vez la llegada de Betiana Minor al Ministerio de Seguridad y Justicia haya incidido. Minor entiende perfectamente la violencia institucional, tiene una caminada en este tema.
Por Pablo Bassi
Foto portada: Mateo Silva Rey
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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