Empresarios y centrales sindicales establecieron un piso de ingresos de $47.850 para diciembre de 2022, con revisión en agosto. Más de 1.400.000 trabajadores de la economía popular ganan apenas la mitad del salario mínimo. La canasta básica total del INDEC en febrero pasado se ubicó en $78.624.
Ayer el Concejo del Salario se reunió en la ciudad de Buenos Aires y estableció un incremento del 45% del salario mínimo en cuatro cuotas (18% en abril, 10% en junio, 10% en agosto y 7% en diciembre), que lo llevará de $33.000 a $47.850.
El acuerdo, que será revisado en agosto, conformó a las entidades patronales y a las centrales obreras a excepción de la CTA Autónoma, que se abstuvo de votar.
“Es insuficiente porque no alcanza a cubrir la pérdida del poder adquisitivo durante el macrismo que fue del 23,5% ni durante la gestión de Alberto Fernández que fue del 15,5%. Para nosotros, el aumento debió haber estado entre el 45% y 55%”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Autónoma Rio Negro.
En su cuenta de Twitter, el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma demostró que el salario mínimo perdió un poder de compra del 7,7% a febrero de 2020, del 27,9% a febrero de 2018, del 35,4% a febrero de 2015 y del 40,2% a febrero de 2012.
“Difícil que la de hoy sea la única actualización del salario mínimo en el año, pero en ese caso, si tomamos la inflación del REM (estimación que realiza el mercado), en diciembre de 2022 va a estar un 11,6% por debajo de diciembre de 2019”, dijo Campos.
Si bien los sectores asalariados formales arrancan con índices superiores al establecido, el salario mínimo fija los haberes de un grueso número de trabajadores informales, entre ellos personal público provinciales y municipales, de casas particulares, empleados rurales y de cuidados comunitarios, entre otros.
Cerca de 1.400.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo perciben el 50% del salario mínimo por 20 horas de trabajo semanales.
Dina Sánchez, secretaria adjunta de los trabajadores de la economía popular (UTEP), que no tienen voto, pero sin voz en el Consejo del Salario, afirmó: “Vivimos por debajo de la indigencia. Parece mentira que bajo un gobierno popular falte alimento en los comedores de varias provincias. Hay que dar respuestas ahora”.
De acuerdo a los números publicados por el INDEC esta semana, la canasta básica de febrero, que estipula el índice de pobreza para una familia de cuatro integrantes, se ubicó en $78.624, y la canasta alimentaria que fija el índice de indigencia en $34.334.
“Si el salario mínimo algo nos demuestra, es que hemos venido perdiendo conciencia del valor de la fuerza de trabajo. Con la complacencia de cierto sector sindical, estamos siendo explotados por menos de lo que la Constitución Nacional fija como una retribución justa”, dijo Aguiar.
Redacción
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