En las últimas horas emergió en la agenda mediática la creación de una sociedad anónima dirigida por el Estado para la producción de alimentos. La idea, lanzada hace tiempo por diversos actores, busca ponerle un freno a los precios afiebrados de un mercado en el que 28 de 14.500 empresas concentran el 80% de los productos en góndola.
A principios de la pandemia, el senador Martín Doñate dio a conocer “Río Negro Alimenta”: un plan productivo y alimentario que proponía la creación de una empresa provincial del Estado productora de alimentos. Ahora, Doñate se encargó de difundir una nota de Ámbito Financiero que lo vincula a un proyecto de ley de la Secretaría de Comercio para crear “Alimentos Argentinos”: una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado, como YPF.
La nota cuenta que el proyecto contiene 17 artículos y la posible acta de constitución de la sociedad, cuyo paquete accionario restante se distribuiría en un 2% para cada una de las 23 provincias, la inversión inicial sería de $900 millones y tendría administraciones regionales en la zona pampeana, NEA, Patagonia, NOA y Cuyo.
La compañía “tendrá por objeto realizar por cuenta propia o a través de la asociación estratégica con terceros, la producción, fabricación, fraccionamiento, distribución, comercialización e industrialización de productos alimenticios en la República Argentina”, dice el proyecto, según Ámbito Financiero.
Esta novedad trasciende horas después de la evolución de precios de enero difundida por el INDEC, donde el IPC en alimentos registró un alza del 4,9%, más que el promedio de otros productos, bienes y servicios. Una indómita escalada que el Gobierno no está logrando amansar en el rubro predominante de consumo entre los sectores populares.
“Hay que escapar de la actual lógica de comercialización y producción”, dice Leandro Celestre, médico veterinario que trabaja con actores de la agricultura familiar, campesina indígena de la Patagonia.
“Ocurre que los pequeños productores e industrias de baja escala terminan siendo devoradas por las grandes empresas. Me contaban integrantes de la UTT de El Hoyo, que el día que ellos decidieron vender harina de buena calidad a precio justo, los supermercados decidieron bajar el precio para subirlo al otro día”, dice Celestre.
Un documento que hizo circular la Corriente Nacional por la Producción y el Trabajo que integran organizaciones sindicales, asegura que de las más de 14.500 empresas alimenticias en la Argentina sólo 28 concentran el 80% de los productos en góndolas: 26 multinacionales, Arcor y Molinos. Y que el 80% de las compras de alimentos se realizan en Cencosud (Vea, Jumbo y Disco), Carrefour y Coto.
El Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción que reunió en 2020 y 2021 a organizaciones de la UTEP, la CTA Autónoma, Corriente Federal de Trabajadores y empresas PyME, presentó al presidente Alberto Fernández un programa que también incluía “reemplazar al capital concentrado extranjero preponderante en los supermercados, por capital público que garantice el abastecimiento justo”.
“En el mercado de exportación de alimentos es necesario declarar de interés y utilidad pública aquellos sectores económicos que resultan centrales para enfrentar la crisis alimentaria. En este aspecto se impone la necesidad de una empresa estatal con capacidad reguladora de los precios internos”, decía el documento dado a conocer el 1 de mayo de 2020.
También Argentina Contra el Hambre, ese encuentro de políticos y artistas de la primavera fernandista en el epílogo de 2019 (antes de la pandemia), deslizó una pretensión: la de promover marcas colectivas de productos nacionales alimenticios.
Por Pablo Bassi
Fotos: Verónica Moyano
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
