La antropóloga Samanta Guiñazú coordinó en Rio Negro el área social de relevamiento de comunidades de la ley 26.160. En esta nota explica por qué la ley no se aplica desde 2012 y derriba los mitos que circulan en algunos medios de comunicación.
Esta semana el Senado dio media sanción a la prórroga hasta fines de 2025 de la ley 26.160, que suspende el desalojo de las comunidades indígenas de las tierras que tradicionalmente ocupan y dispone su relevamiento.
La prórroga fue aprobada con 46 votos a favor, seis abstenciones y dos en contra. Hubo un dato muy curioso: ni la senadora Silvina García Larraburu ni el senador Alberto Weretilneck de Rio Negro estuvieron presentes al momento de la votación.
Reveló el Diario de Rio Negro en diálogo con el entorno de Weretilneck, que el senador pedía acortar la prórroga a tres años y limitar el surgimiento de comunidades a partir de la sanción de la ley, en 2006.
“La idea de que las nuevas comunidades no son auténticas sino truchas manifiesta un desconocimiento de las dinámicas de las comunidades”, dice Samanta Guiñazú, doctora en Antropología, becaria pos doctoral del Conicet, docente de la UNR y directora del Grupo de investigación sobre políticas públicas participativas interculturales e interseccionales.
Guiñazú fue coordinadora del área social del relevamiento de la ley 26.160 en Rio Negro, mientras funcionó entre 2009 y 2012. Eran sólo doce personas que censaron a 50 comunidades de las 126 inscriptas entonces. Hoy son casi 120 las que esperan su relevamiento.
“Los conflictos vienen de mucho tiempo, pero desde 2009 cuando empezó a ejecutarse la ley en la provincia entró en agenda esta idea del peligro de reconocerle a las comunidades su territorio, con todo lo que eso significa para los sentidos hegemónicos”, dice Guiñazú. “Hay que desentrañar el sentido de que el indígena es un peligro para el Estado y la propiedad privada”.
– ¿Es posible establecer un “punto final” al surgimiento de comunidades?
-La idea de que las nuevas comunidades no son auténticas sino truchas, manifiesta un desconocimiento de las dinámicas de las comunidades. Hay algunas que no se reconocen en esos términos, porque su cotidianidad pasa por otro lado; no pasa por ponerle un rótulo a su forma de vida. Ocurre que, al conocer la normativa, al tomar conocimiento de que otras comunidades vecinas atraviesan un proceso de relevamiento, manifiestan querer ejercer ese derecho y conformarse como comunidad. Esto no le resta autenticidad a la recuperación.
– ¿Qué necesita una comunidad para tener personería jurídica y luego ser relevada?
-Demostrar pertenencia a un pueblo originario, contar la historia de la comunidad, cómo ocupó ese territorio, quiénes son, cuántos son, qué edades tienen y qué roles hay dentro de la comunidad, lo que implica cierta traducción, como quién hace de tesorero. Algunas comunidades se adecuan a la normativa, aunque en paralelo mantengan su propia organización.
– ¿Y si las comunidades no quieren inscribirse y no quieren ser relevadas?
-Es complejo, porque distintas comunidades tomaron distintas estrategias. Algunas aceptan el requisito de ser reconocidas por el Estado con mayor o menor resistencia, porque les permite acceder a políticas públicas. Y otras no lo aceptan. Durante el relevamiento en Rio Negro, la organización política indígena logró acceder al relevamiento de comunidades no inscriptas con personería jurídica o algunas con el trámite recién iniciado.
-El Estado reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, pero asimismo los obliga a tener personería. ¿Es una contradicción?
-Comparto que si el único criterio válido es la autoadscripción (reconocerse parte de un pueblo indígena), hay una contradicción.
-Rompamos un mito instalado: la ley 26.160 no entrega tierras.
-No, no es objetivo de la ley. Si se pensó que los resultados de su aplicación puedan ser la antesala de una ley de propiedad comunitaria. Hay que desentrañar el sentido de que el indígena es un peligro para el Estado y para la propiedad privada. No es fácil, porque no siempre hay escucha abierta. La ley 26.160 es un instrumento para conocer a las comunidades.
– ¿Por qué desde 2012 no se continuó relevando comunidades en Río Negro?
-Se terminaron carpetas abiertas, pero no al ritmo con el que se venía trabajando. De hecho, hubo un ETO (Equipo Técnico Operativo) armado, pero sin fondos para hacer relevamientos.
– ¿Es un tema de fondos?
-No solamente. El equipo técnico de 2009 había sido seleccionado por el CoDeCI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas) y supervisado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). Después de un tiempo, el gobierno de la Provincia propuso incorporar técnicos suyos a trabajar en cada una de las áreas (administrativa, social y de georeferenciamiento). También se incorporó al programa con una subcoordinación para evaluar y ver los resultados de cada área. Eso trabó las cosas, porque los intereses del gobierno de la Provincia no eran los mismos que los del equipo técnico y el INAI. Con el cambio de gobierno en 2011, los técnicos de la Provincia dejaron de estar y entonces el problema fue presupuestario. El INAI prometía bajar fondos cada seis meses, a cambio de cuatro carpetas técnicas terminadas por mes. Pero no es fácil relevar cuatro comunidades por meses. Relevar no sólo es tomar nombres, sino también conocer cómo perdieron su territorio y georreferenciar extensiones enormes. Eso terminó con la disolución del relevamiento en 2012.
– ¿Qué intereses contrapuestos había entre la Provincia y el equipo técnico?
-No casualmente se incorporaron más técnicos de la Provincia al área social del relevamiento, que era la que indagaba, la que reconstruía los conflictos y trabajaba con documentos. La subcoordinación a cargo de la Provincia hacía foco en los informes históricos antropológicos y hacía evaluaciones de su pertinencia.
-¿Qué rol cumplieron las leyes provinciales que abordan la cuestión indígena?
– El problema no es la falta de normativa, sino su aplicación, su presupuesto y el conocimiento que tengan de ella los técnicos estatales o los funcionarios. Como el caso de la 26.160: está vigente, pero no se ejecuta por falta presupuesto en algunos casos, y por falta de voluntad política de la Provincia de adscribir en otros.
– ¿Por qué la Provincia no querría adscribir?
-Tiene que ver –creo a título personal- con el miedo a tocar intereses. Porque las tierras están en conflicto con el Estado, con terceros, con empresas. Frenar la 26.160 podría ser la manera de impedir en el futuro la entrega de títulos comunitarios.
– ¿Cómo podría resolverse el conflicto con privados que compraron desconociendo estos reclamos o antes que éstos surgieran?
-Hay que investigar qué compras fueron realizadas de buena fe y cuáles no. Laura Kropff coordinó junto a Pilar Pérez, Lorena Cañaqueo y Julieta Wallace la Comisión de Investigación de Transferencia de Tierras junto a la Legislatura provincial en 2015. Hay que ir ahí.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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