El periodista Sebastián Premici sigue muy de cerca la política energética y su impacto en la Patagonia. En esta entrevista, explica las visiones que conviven en el Gobierno y las ganancias desorbitantes de las empresas durante la gestión de Cambiemos.
La tarifa de servicios públicos dividió opiniones dentro del Gobierno de la Nación. Los medios opositores se encargaron de dimensionar el debate como una crisis política sin retorno dentro del Frente de Todos, pero lejos estuvieron de orillar el nudo central del asunto: ¿De cuánto tiene que ser el incremento? ¿Tiene que haber incremento?
Sebastián Premici, periodista que residió por años en Río Gallegos, autor de “La Patagonia ajustada”, libro donde relata el impacto de la economía macrista en el sur, sigue muy de cerca la política energética en El Cohete a la Luna, Letra P, La Opinión Austral y Radio Nacional, donde colabora.
Consultado por Al Margen, Premici aporta información para entender el contexto en el que se desenvuelven las diferentes visiones en el partido de gobierno: la del ministro Martín Guzmán (proclive a un aumento segmentado y de techo más alto) y la del subsecretario de Energía, Federico Basualdo (inclinado a un incremento morigerado).
-En diciembre, Cristina Fernández dijo en público que inflación y salarios debían estar alineados…
-Fue una declaración política en un contexto de crisis producto de la pandemia macrista, la pandemia de coronavirus que profundizó aún más la crisis y un salario real de les trabajadores que siguen perdiendo poder adquisitivo. En este escenario, empresas distribuidoras de energía realizaron un pedido de ajuste tarifario promedio del 30% -en AMBA llegaba hasta el 150%-. Un tema que va atado a la negociación con el FMI, porque si aumentás tarifas, bajan los subsidios, entonces hay más capacidad de pago. Todo esto, en una coyuntura política, económica y social con 42% de pobreza, creo que hace inviable un incremento del 30% ni dos subas del 9% (una ya fue establecida).
-Quienes sostienen la necesidad de ampliar los aumentos de manera segmentada plantean que, de no hacerlo, se repetirían los errores de la última parte de la gestión de Cristina Fernández: una política de subsidios insostenible.
-No es que ese sector, encabezado por Basualdo, no quiera segmentar. Entiendo que para ellos es un debate secundario, porque si segmentaras, lo que ahorrás en subsidios es muy poco en relación a la crisis estructural del sistema.
La pregunta que yo vengo haciendo en notas es esta: ¿Es viable tener distribuidoras deficitarias, subsidiadas por el Estado para que al menos funcionen, ni siquiera para que inviertan más, y que además se endeudan con Cammesa, la empresa que regula la distribución de energía?
– ¿Por qué las empresas distribuidoras son deficitarias?
-Por el mismo esquema de privatizaciones. Antes de los ‘90, el Estado planificaba cuánta energía se iba a utilizar en el año, en función de la actividad económica. Entonces YPF producía lo necesario. Ahora, en cambio, la energía es una materia prima transable como un grano de soja. En la lógica comercial, es un negocio en sí mismo, no está puesta al servicio del país.
– ¿Cómo se llegó a acordar un aumento del 7 al 9 por ciento?
-Es un incremento que te permite salir del congelamiento tarifario y marcar una pauta de lo que se puede aumentar en este contexto político y económico.
– ¿Cómo repercutirá en la Patagonia?
-Las distribuidoras tienen relaciones particulares con cada una de las jurisdicciones. Buenos Aires hizo su aumento, Santa Fe el suyo y es posible que las provincias de la Patagonia hagan el propio.
– ¿O sea que en el sur podría ser mayor al 9%?
Sí, podría ser. Si querés te cuento las ganancias de estas empresas, que entre 2006 y 2015 recibieron más por subsidio que por actualización tarifaria.
-A ver…
-Estamos hablando de empresas integradas verticalmente, es decir, que generan la energía, la transportan y distribuyen. Si pierden por un lado, ganan por otro. Camuzzi en un solo año obtuvo vía tarifazo un 126% de ganancia. Transportadora de Gas del Sur, un 100% en un año.
El otro día, Alberto Fernández preguntaba: ¿Qué aportan las empresas? ¿Por qué es necesario que el Estado financie su inversión? No tengo respuestas, no digo que haya que expropiar, son preguntas sin respuestas en contextos que deben ser explicados.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
