Todo el sistema político, incluidos varios dirigentes del espacio político al que todavía pertenezco, se han apresurado a decir que las ocupaciones de tierra son delito. Algunos incluso han sostenido su posición con afirmaciones que atentan contra la dignidad de familias pobres, desesperadas, que buscan un pedacito de tierra para dejar de padecer el hacinamiento, porque no pueden pagar más el alquiler de la piecita o porque directamente están en la calle.
Otros, sin llegar a tales extremos, buscan cubrirse de los huevazos mediáticos poniendo adelante el cuerpo de algún “ocupa”. Se lavan las manos.
Puedo tolerar a los que siempre tuvieron la misma posición; me indigna hasta las tripas ver hombres y mujeres comprometidos con la justicia social ceder tan fácil en una cuestión ética crucial del pensamiento humanista y popular: nunca se debe responsabilizar a los excluidos de sus propios padecimientos. Nunca se debe criminalizar una demanda social. El peronismo enseñó que donde hay una necesidad, nace un derecho… no un delito.
Nuestra posición es clara y la decimos a cara descubierta: toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no culpables. Llamarlos delincuentes es una bajeza moral y una claudicación ideológica.
La acción de estas familias no es delito sino denuncia. Es el grito de los excluidos. Es una acusación contra los verdaderos responsables de su situación, contra un sistema de exclusión y descarte.
¿Quiénes son los responsables? Varios.
Algunos bien reputados miembros de la sociedad. Los desmontadores de bosque nativo por ejemplo. ¿Dónde piensan que van las familias que pierden su hábitat natural en la zona rural? A las villas de las ciudades. La patria sojera es uno de los grandes responsables del crecimiento de las ocupaciones desde mediados de los noventa. Hay otros muchos del sector privado entre los responsables: desarrolladores inmobiliarios que no respetan los humedales, especuladores que compran tierra para revenderla impidiendo la ampliación del parque habitacional y una larga lista de etcéteras.
Especialmente responsables son los gobernantes y funcionarios, nacionales, provinciales y municipales, de todos los signos políticos, que tienen en sus manos la posibilidad de brindar una alternativa digna a las tomas, no solo para evitarlas, sino porque es justo y necesario ¿Qué hicieron? Nada o muy poco. Siempre hay una excusa, algún argumento burocrático o una descarada indiferencia. No voy a nombrar a nadie pero ¿no deberían estos funcionarios condenar sus propias falencias e incumplimiento antes de reprender la conducta de las familias necesitadas?
La tarea que tienen por delante no es tan difícil. No es una central termonuclear. No es un satélite interestelar. Son cloacas. Son cables. Son caños. Son veredas. Es voluntad y empatía.
Urbanizar los barrios es una deuda moral, pero también una deuda legal. Existe una ley que lo exige. ¿Incumplirla no es delito? La ley de barrios populares fue impulsada por los movimientos sociales, negociada con el gobierno macrista, firmada por los líderes de Cambiemos, sancionada por unanimidad en ambas cámaras. Este año, Máximo Kirchner impulso que una parte del impuesto PAIS y del futuro impuesto a las grandes fortunas se aplique para financiar esta Ley.
Hay ley, hay fondos ¿Qué se ha ejecutado hasta ahora? Casi nada. ¿No debería la política reflexionar sobre su propia inoperancia antes de levantar el dedo acusador frente a la reacción de los desesperados?
Los 4400 barrios populares que hoy existen no salieron de un repollo. Fueron también ocupaciones; ocupaciones que se fueron consolidando y se transformaron en barrios. Ocupaciones que se produjeron con un promedio de 130 por año, unas diez por mes, durante todos los gobiernos desde que se tiene registro. La ocupación de tierras para vivir no es un fenómeno nuevo. Sin planificación ni acceso a la vivienda, es un fenómeno inevitable. Cuando la familia se agranda y el espacio se acaba, la gente en algún lugar se mete. No es ideología, es física.
¿Cómo puede ser que este país no le pueda dar un lote a cada familia? Insisto. Ni siquiera una casa. Eso ya sería Dinamarca. Pero sí un cachito de tierra para que los propios vecinos puedan edificar. Sí… que lo paguen, para que nadie se indigne con esa indignación que se enciende tan fácil frente al bien ajeno. La tierra debería estar gratuitamente al alcance de todo el que la necesite. Es un bien de la naturaleza, no debería ser una mercancía. Nadie debería pagar para tener un lugar donde dormir. Pero el mundo es como es, ¿no? Bueno, aún en este mundo horrible, aún en este sistema injusto, se puede resolver este problema.
Conozco miles de hombres y mujeres que viven en la peor pobreza: todos están dispuestos a pagar hasta el mango que no tienen para tener un terreno legalmente y construir ladrillo a ladrillo su proyecto de vida. Hay tierra, hay tierra fiscal, hay tierra que el estado puede comprar a bajísimo costo, hay gente dispuesta a trabajar para urbanizarla, hay demanda. La base está. Sin embargo, el estado y el mercado les niegan esa posibilidad a millones ¿Qué espera la política? ¿Qué espera el resto de la sociedad? Que se queden como sardinas en un gueto contaminado, abandonado y cada vez más superpoblado viendo cómo crecen pastizales o se crean basurales en la tierra que ellos podrían usar para vivir.
La lógica más elemental indica que si el Estado no garantiza un terreno para cada familia las tomas seguirán produciéndose. Es un hecho. Va a suceder.
Pero analicemos un poco las valoraciones morales y las legales que tan en boga estuvieron estos días.
Yendo a las valoraciones morales. Cuando Marcelo y Rosa (cartoneros) y dos hijitos ya no pudieron seguir cohabitando con 8 adultos y 12 niños más en una casilla de dos habitaciones en la Cava de Villa Fiorito se metieron en un terreno abandonado, un pastizal. Lo limpiaron y pusieron unas maderas. Empezaron a vivir ahí. Yo los comprendo, los justifico, los acompaño y los defiendo. Yo y toda nuestra militancia. ¿Se entiende? Los comprendemos, justificamos, acompañamos y defendemos. Nunca les vamos a dar la espalda. Personalmente, considero que Marcelo y Rosa hicieron un acto moralmente válido. Considero que quien pretende echarlos, sin darles una alternativa mejor, comete un acto moralmente inválido. Siempre voy a estar del mismo lado.
Yendo a las valoraciones legales. Ocupar no es usurpar. Le guste o no a nuestros políticos y opinólogos, existe algo llamado derecho penal. Los delitos están tipificados. Usurpar es ingresar en un inmueble con clandestinidad, violencia o abuso de confianza. Si hay un pastizal abandonado, sin alambrar, y la gente entra, les guste o no señores, no hay delito. Ningún delito. El que dice que ocupar es delito miente. Hay en todo caso un problema de derecho civil. Que algún abogado serio me refute. Pero en la Argentina cada uno usa la ley como le conviene a su sector. La república se respeta cuando le conviene a su sector. La constitución se recuerda cuando le conviene a su sector… Porque si mal no recuerdo, el derecho a la vivienda es de raigambre constitucional.
“¡Ahh pero entonces ud promueve las tomas!”, dirá algún malnacido. En la Argentina de la posverdad y el lawfare volvió el delito de opinión hace tiempo. Dos diputados cambiemitas, muy costosos para el estado por cierto, gastaron su valioso tiempo denunciándome por tener una opinión sobre este tema. Quisiera contestarles.
No señor, no señora, yo no instigo tomas, no las fogoneo, no las organizo, no las promuevo. Si lo hiciera, lo haría a cara descubierta. Le digo más, señor, señora, yo odio las tomas. En las tomas la gente pasa frio, hambre, sufre lo indecible. Es víctima de todo tipo de situaciones espantosas, se expone a la represión. Los vecinos del barrio de enfrente muchas veces los repudian y a veces se producen enfrentamientos entre pobres. Si la ocupación se consolida, ese barrio se sumará a los 4400 ya existentes, sin trama regular, sin manzanas, sin calles, sin agua, sin luz, sin cloacas.
Odio las tomas. Quisiera con todo mi corazón, igual que todos mis compañeros, que en vez de tomas hubiera acceso a la vivienda para todos. La cuestión es que no lo hay. Y odio esa exclusión más que las tomas, odio más el sufrimiento indecible de quien no tiene un techo o no puede seguir cohabitando en semejantes condiciones de hacinamiento. Por eso comprendo, los justifico, acompaño y defiendo a cualquier familia que se vea empujada a ocupar un pedazo de tierra.
Quiero referirme a otro argumento muy conveniente para demonizar las tomas y evitar el debate de fondo: las tomas están todas armadas por mafias. Es cierto es que en las tomas muchas veces intervienen transas, punteros y sobre todo policías y comisarios. También es cierto que algunos avivados se agarran dos terrenos y los revenden. Todo eso es cierto. Pero ninguno de estos actores sociales genera la ocupación. La ocupación se produce por necesidad, por desesperación, por una deuda insatisfecha que ninguna Nación que se digne de tal puede permitir. Y al final, los que quedan ahí son los pobres. Escudarse en la presencia de mafias para evadir soluciones reparadoras y justificar posturas represivas es un truco que conocemos bien. Siempre termina perjudicando a las víctimas,
A mis compañeros del FdT: nosotros no luchamos contra el macrismo para escuchar los mismos argumentos de antes, más o menos edulcorados. Tampoco para escuchar bonitas palabras pero ver nulas acciones. Nosotros luchamos para que el gobierno popular avance en políticas de tierra, techo y trabajo para los pobres de este país, la mitad de los argentinos. Queremos un plan claro sobre cómo se va a abordar la emergencia habitacional y laboral. Los funcionarios tienen que actuar ya; las obras no pueden seguir demorando. Las internillas no pueden seguir estando por delante de la gente. Y sobre todo, no puede ganarnos la ideología del descarte y la crueldad.
Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados.
Nosotros, siempre del mismo lado.
Por Juan Grabois
( Coordinador del Frente Patria Grande y Referente de MTE/UTEP)
Redacción
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
