Buscan reconocer a las “Ramonas” con un bono de $5000

El servicio esencial de los centros comunitarios creció con la pandemia. Un proyecto de ley intenta visibilizar ese cuidado no remunerado. Varias personas trabajan en al menos 40 comedores y merenderos barilochenses

Ramona Medina, militante de la Poderosa en villa 31, inspiró lel proyecto del diputado Leonardo Grosso.

Un proyecto de ley busca reconocer, con una asignación individual de $5000 por mes, el trabajo de más de 40 mil personas al frente de comedores y merenderos en barrios populares. Impulsada por el diputado nacional Leonardo Grosso, la medida cuenta con el aval del Gobierno mientras persista la emergencia sanitaria. Su debate en el Congreso, visibilizará algunas de las tareas no remuneradas en el mercado de empleo: la de cuidados y servicios comunitarios.

“Esta propuesta lleva como estandarte a Ramona Medina, militante y vocera de La Garganta Poderosa, vecina de la Villa 31”, dijo Grosso durante la presentación del proyecto, días atrás en la sede de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular).

Ramona Medina no fue la única militante social víctima de coronavirus en barrios populares. También murieron Víctor Giracoy, Agustín Navarro y Carmen Canaviri, de Buenos Aires. Y posiblemente, en otras ciudades del país, otros referentes murieron desapercibidos por los medios de comunicación.

Es impreciso el alcance que la ley podría tener en Bariloche. Hasta agosto pasado, la Fundación Si había relevado la existencia de 31 merenderos, comedores y “ollas ambulantes” donde asisten casi 3000 personas. Pero Nataxa Afamughat Martínez, integrante de la ONG, aseguró a Al Margen que durante la pandemia se abrieron al menos 11 nuevos lugares. Si bien la Subsecretaria de Políticas Sociales no tiene un registro acabado de ellos, el municipio dice haber cuatriplicado la asistencia alimentaria.

Voces heroínas

Según la UTEP, en la Argentina hay alrededor de 7000 comedores y merenderos cuyo servicio es considerado, por decreto, esencial. Los responsables de mantenerlos abiertos perciben un salario social de sólo $8500. Y a diferencia de los trabajadores de la salud y la seguridad, no recibieron un incentivo económico.

“El reconocimiento de los vecinos me alcanza”, dice con altruismo Beatriz, del comedor Alun Ruka. Y cuenta que desde el inicio de la pandemia pasaron de recibir 80 personas a 200, que ofrecen cena cuatro veces por semana, que reciben donaciones de vecinos, que son unas diez personas al frente de una tarea a la que dedican cinco horas diarias de sus vidas.

“Si, si, todos tenemos nuestros trabajos”, dice Beatriz. “Yo soy empleada doméstica”.

Maru reconoce que recién vio tan de cerca la pobreza desde que está al frente del merendero Móvil, en el barrio Eva Perón, donde 18 personas sirven leche o mate cocido con torta fritas unas tres veces a la semana.  

El aislamiento social cambió la dinámica de los centros comunitarios: si antes los vecinos compartían la mesa allí dentro, ahora retiran el alimento con un taper. O lo reciben en su casa.

En el merendero Alihuen, del barrio Barda Este, sucede algo parecido. Y en Fortaleza infantil de barrio Vivero, también. Sólo por citar algunos, entre los tantos refugios abiertos por los movimientos sociales, grupos scouts, iglesias, juntas vecinales, autoconvocados y organizaciones solidarias, generadoras, como combustión, de más solidaridad. 

Por Pablo Bassi

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen

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