Para el FdT, Gennuso no debiera avanzar en la firma del contrato con CAPSA

Los concejales del Frente de Todos manifestaron en una nota su preocupación al intendente Gustavo Gennuso por el “empeño” en seguir adelante con la prórroga de la concesión del Cerro Catedral por 30 años y sin licitación. Para el bloque, el contrato tal y como fue aprobado en 2018 no tiene licencia social ni seguridad jurídica, y podría perjudicar a las arcas municipales.

Concejales del FdT se posicionaron respecto a la concesión del Cero Catedral. Foto: Euge Neme.

El contrato aprobado tiene plazos y condiciones de imposible cumplimiento en 2020 relacionados al Plan de Modernización, que está completamente desfasado y debiera ser reformulado. No hay certeza en los plazos de ejecución y esto implicaría una posible postergación de la nueva tarifa del canon afectando al erario público, al dejar de percibirse millones de pesos por el corrimiento de plazos. También habría falta de previsión en los ingresos para la proyección de los presupuestos anuales municipales. 

Además, deberían actualizarse los montos destinados por CAPSA para la finalización de los gimnasios municipales 4 y 5, que ajustados por inflación en 2020 ascenderían a 11 y 18 millones de pesos, cuando originalmente estaban previstos en 5 y 8 millones en 2018, respectivamente.

“Nos preguntamos cuál será entonces el plazo real de cumplimiento de las obligaciones que, de firmarse el contrato tal cómo fue aprobado por Ordenanza 2929-CM-18, recae sobre la concesionaria”, dice la nota.

Los concejales recordaron que la Justicia impuso una medida cautelar sobre la ordenanza de 2018 por entender que no cumplía con los recaudos legales del régimen de contratación del Estado municipal y los estándares mínimos de protección ambiental, como el principio precautorio.  

“El simple hecho que uno de los actores del proceso judicial haya desistido de la acción y del derecho, no implica que los cuestionamientos legales no persistan”, advirtieron.

En consecuencia, el bloque propuso discutir su propuesta de ordenanza que deja sin efecto la aprobada en 2018 y crea un área natural protegida, por entender que se encuentra en juego un interés público superior como es el cuidado del ambiente, sus recursos naturales, ecosistemas y bienes culturales. 

En última instancia, los concejales advirtieron que “de persistir el empeño del intendente en firmar el contrato a pesar de las incongruencias jurídicas y económicas, está obligado a enviar un nuevo contrato al Concejo municipal”.

Redacción

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen