Los bienes naturales de los centros de esquí en manos de pocos

El Frente Federal de Ciencia y Universidad emitió un documento para posicionarse por la entrega del Cerro Catedral por 30 años y sin licitación al Grupo CAPSA-Vía Bariloche, en medio de las denuncias por trata de personas en una de sus empresas. El informe completo.

La voluntad popular no fue oida por el gobierno munbicipal. Foto: Euge Neme.

La inequidad en Argentina tiene raíces históricas en el reparto desigual de la riqueza proveniente de los bienes naturales de nuestro territorio. Los procesos de concentración de tierras en pocas manos en la etapa de consolidación del Estado, con el genocidio de los pueblos originarios como fundante, tienen su continuidad en la actualidad en la concentración y usufructo de los beneficios de dichos bienes también en pocas manos. Un ejemplo lo constituye la pretensión de entregar a privados uno de los centros de esquí más importantes de Sudamérica, el Cerro Catedral.

Este nuevo intento de despojo de los bienes naturales de todxs tuvo un avance casi definitivo con un fallo de la Justicia que da vía libre al intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, para firmar la renovación del contrato con la actual concesionaria del centro de esquí del Cerro Catedral, la empresa CAPSA (Catedral Alta Patagonia SA; de la familia Trappa, dueña también de Vía Bariloche). El problema es que esta renovación de contrato se pretende hacer en forma directa, sin licitación pública, por 30 años, con un canon anual irrisorio (equivalente a la recaudación de un día de temporada alta), violando resoluciones de la Carta Orgánica Municipal, leyes provinciales y nacionales. De más está decir que este centro es el principal atractivo turístico invernal de la provincia de Río Negro, y uno de los más importantes de Sudamérica. El fallo judicial reciente no se expide sobre la cuestión de fondo, la ilegalidad de la prórroga sin licitación, sino que con un tecnicismo legal dejó vía libre a la firma del contrato (1) La maniobra legal fue facilitada por el legislador provincial Alejo Ramos Mejía, del Frente de Todxs, contrariando a sus co-denunciantes, integrantes del mismo Frente.

El contrato que se pretende firmar viene con yapa: la entrega de 70 hectáreas municipales al pie del cerro para un desarrollo urbanístico de alta categoría, con casas residenciales y servicios asociados. Son tierras declaradas como “no aptas para urbanizar” por un estudio científico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR, 2006), realizado por investigadores de Argentina y Alemania. Asimismo, la Carta Orgánica Municipal declara esas tierras como “inalienables”, lo que significa que no pueden ser cedidas ni vendidas legalmente. Pero esto que sucede en Catedral no es un hecho aislado, se repite en casi todos los centros de esquí de Patagonia. El Cerro Perito Moreno en El Bolsón, con la empresa Laderas del magnate Joe Lewis (2), y el Chapelco en San Martín de los Andes, en tierras de comunidades mapuches (3), son otros ejemplos. Estas empresas concesionarias, bajo la excusa de que no alcanzan los rindes económicos, justifican el desarrollo de urbanizaciones de lujo acopladas a los centros de esquí que realmente son lo más interesante y jugoso.

La urbanización afectaría la cantidad y la calidad de agua que escurrirán desde allí (ya hay registros de contaminación en el arroyo Cascada; 4). Asimismo, en el centro del Catedral ya existen antecedentes de aludes en 2005 y 2015, que dejaron daños materiales y ambientales.  Sin embargo, todavía no se realizó ningún tipo de Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto sólo incluye una línea de base inicial. Cabe destacar que la custodia ambiental del área Catedral es responsabilidad de la Administración de Parques Nacionales, desde la sanción de la Ley Nápoli (n° 23.251). Recientemente el bloque del Frente de Todxs de Bariloche presentó en el Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza para la creación del área protegida, “Altas Cuencas de Bariloche”, que no solo daría protección al área Catedral, sino que también propone derogar la cuestionada Ordenanza de renovación del contrato con CAPSA (5). Actualmente, el proyecto está en tratamiento en el Concejo, donde el oficialismo, Juntos somos Bariloche, cuenta con mayoría. Los impactos sobre el ambiente afectan también a derechos colectivos difusos, como el derecho a un ambiente sano y la biodiversidad como patrimonio nacional y mundial, incluyendo a ciudadanos no directamente vinculados al territorio donde se generan esos impactos. El derecho a un ambiente sano es un derecho humano, como así lo declaro la Corte Internacional de Derechos Humanos en un fallo inédito (6).

El Intendente Gustavo Gennuso cerrará el acuerdo con CAPSA cuando el fallo este firme, expreso. Foto: Euge Neme.

Vale destacar que es una obscenidad instalar todo tipo de servicios a este emprendimiento inmobiliario de alta categoría, mientras la mitad de Bariloche no tiene acceso a servicios esenciales, como energía (gas de red), urbanización de barrios, entre otros. La ya existente brecha entre el turismo de lujo y las mayorías populares de la ciudad, muestra que el grueso de los ingresos que generan dichas instalaciones turísticas no se destinan luego a inversiones en la ciudad, para mejorar la calidad de vida de la población o generar trabajos dignos. De hecho, el grupo empresarial al cual se le pretende entregar el Cerro Catedral está siendo investigado por las condiciones ilegales e inhumanas en que explotaba a peones rurales en una de sus estancias (7). Esto desmiente la “teoría del derrame”, según la cual la supuesta generación de oportunidades laborales para los sectores populares por parte de estos empresarios, compensaría todos los efectos negativos sobre el ambiente, los derechos colectivos y las arcas del Estado enumerados más arriba. Estas ganancias se sacan de Bariloche, o en el mejor de los casos se reinvierten en los mismos centros turísticos de lujo.

Estamos ante una situación de malversación de nuestros bienes naturales y públicos, que será entregado a una empresa privada en forma anticipada, irregular, desoyendo la voz de lxs vecinxs (más de 6400 vecinxs firmaron a favor de que se convoque a un referéndum y la participación en la audiencia pública fue masivamente en contra del proyecto; 8) y trasgrediendo normativas vigentes de protección ambiental que también afectan a la principal fuente de desarrollo económico de la zona que es el turismo. La situación de pandemia que azota al mundo nos obliga más que nunca a proteger nuestros bienes naturales y luchar para que su aprovechamiento redunde en mayor justicia social.

Por eso, desde el Frente Federal Ciencia y Universidad, queremos poner en conocimiento, alertar sobre esta situación y solicitar a nuestros representantes, en especial los del Frente de Todxs, que sienten posición pública sobre este conflicto en favor de los intereses del Pueblo. La imposibilidad de movilización para mostrar desacuerdos en este contexto de aislamiento deja de alguna manera acallados los reclamos populares. Por eso solicitamos a las autoridades nacionales que tomen de manera urgente las medidas necesarias que estén a su alcance para que se cumplan las normativas vigentes, en pos de evitar la enajenación de bienes naturales estratégicos tan importantes para la actividad turística y el desarrollo económico-social local, regional y nacional.

fb: Frente Federal de Ciencia y Universidad (@4toencuentronacional)

Referencias:

Redacción

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen